Claudia Almaguer
@Almagzur
En la última semana de enero fueron publicadas algunas notas acerca de la existencia de grupos en aplicaciones de mensajería creados por estudiantes de varias universidades en Yucatán y Veracruz en donde se comparten, venden e intercambian fotografías íntimas e información personal de buen número de mujeres. Esto nos devuelve a lo escrito en la semana anterior a propósito del acoso sexual, ¿Qué respuestas jurídicas y políticas existen para proteger a las víctimas y en qué contexto se debe investigar o sancionar?
Es decir, en estos momentos se está dando a conocer que en espacios de educación superior hay mujeres que están siendo víctimas de violencia, ¿Qué pueden hacer? ¿Con quién hay que acudir? Porque si los agresores son alumnos las escuelas deben hacerse cargo, investigar, expulsar y remitir sus expedientes al Ministerio Público en caso de que haya la voluntad de presentar una denuncia. Para todo esto también son los protocolos y los espacios exprofeso construidos para prevenir, atender y sancionar a ese nivel todas las prácticas de violencia machista. ¿Los hay?
Dado que lo más probable es que estas conductas se den a conocer en otras regiones del país es necesario observar su evolución, aquí tenemos varios elementos: una forma de violencia sexual que puede incentivar otras más graves como el abuso sexual y la violación, un medio como es el internet para difundir imágenes de manera ilícita, un ámbito, el escolar, conformado por las instituciones educativas a donde pertenecen agresores y víctimas, un territorio como los son las entidades federativas mencionadas y así también cada una de sus normas penales.
Hagamos una nota aclaratoria importante: el hecho de que en el código penal federal exista un delito que sanciona estas conductas no incide a nivel local ni obliga a los estados a tipificar exactamente igual o a imponer las mismas penas. Por eso dependiendo de cada lugar se pueden encontrar delitos con distinto nombre o planteados de otras maneras o que de plano no se hallen previstos, en este caso como en muchos otros, la calidad legislativa sí importa, en tanto impide o provee para acceder a la justicia.
Pero supongamos que sí hay delito, como sucede en Veracruz que tiene la pena más alta de 4 a 8 años de prisión o en Ciudad de México de 4 a 6 años, en Yucatán de 1 a 5 años o aquí mismo en San Luis Potosí con una sanción de 3 a 6 años, entonces ¿De qué manera se llega a encajar lo que allí dice con lo que la víctima denuncia? Lógicamente se requiere de una investigación policial especializada y de un análisis jurídico que tome en cuenta no sólo el contexto “cibernético” sino las raíces misóginas que yacen detrás de estas conductas.
Para no perderse: un Estado tiene la obligación de contar con una política preventiva enfocada en los agresores y una política criminal con perspectiva de género traducida en un delito bien hecho y vigente, una policía preparada, así como ministerios públicos, asesores, peritos y jueces que sepan de que va esto de que las mujeres tengamos derechos humanos e integridades que deben ser respetadas.
Menciono un par de aspectos más: es necesario contar las denuncias y estudiar su dinámica para poder crear políticas de prevención. Si hoy día se busca una cifra de cuántas carpetas de investigación se inician en México por la difusión ilícita no se van a hallar, probablemente estén en esa categoría de los trebejos que tiene la incidencia delictiva nacional denominada “Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual” y es que el Acuerdo de 2017 para visibilizar la violencia contra las mujeres que hizo el Secretariado Ejecutivo ya no es suficiente para dimensionar el problema.
Finalmente, hasta ahora sólo el movimiento feminista se ha hecho cargo de exigir respuestas coherentes desde el Estado, habida cuenta de que en los últimos años se han quedado mudas las instituciones creadas para la política con perspectiva de género. Más que aleccionar a las jóvenes es urgente estar atentas a este riesgo permanente al que fueron expuestas, insisto, esto recién empieza.
Apuntes.
El pasado 31 de enero falleció Rosa María Cabrera Lofte. Mujer Feminista e Internacionalista. Política de izquierda, Fundadora del Partido de la Revolución Democrática, Diputada Federal en la LVI legislatura, sujeta esencial para la creación de la política de la igualdad, compañera de marchas y de luchas de una generación consciente de que los derechos de las mujeres no se consiguen obedeciendo sino todo lo contrario. Lamentamos profundamente su partida.
En San Luis Potosí la discusión sobre como adecuar legalmente el tema del aborto no se está produciendo en el nivel que merecen los derechos de las mujeres.
