Nos encontramos a punto de cumplir 21 años desde que San Luis Potosí cuenta con normas específicas que sancionan diversas formas de violencia, vamos a marcar ese momento como un punto de partida para el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia, un gesto de voluntad política de la Quincuagésima Quinta Legislatura materializada en las reformas legales del 31 de octubre de 1998.
Otro suceso importante ocurrió el 7 de agosto de 2007 cuando se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado con la Quincuagésima Octava Legislatura, un instrumento que en virtud de armonizar la política con perspectiva de género creada por la Ley General de Acceso y según su exposición de motivos tuvo la intención de: “reconocer que en el mundo, en nuestro país y en nuestra Entidad, la violencia contra las mujeres constituye un .grave problema social y de salud pública, que requiere un tratamiento específico y atención especial por parte del estado.”
De acuerdo a ese decreto en aquellos años el 87 % de las víctimas que denunciaron violencia y delitos sexuales en San Luis Potosí eran mujeres, de las cuales un 10 % habían sido sometidas a diversas agresiones de tipo sexual y un 90 % a violencia familiar, en similar situación el Instituto de las Mujeres durante 2006 atendió a 994 mujeres de las cuales 920 fueron víctimas de violencia.
Actualmente el número de denuncias por estos crímenes continúa teniendo un perfil victimal conformado por mujeres pero es mucho mayor a lo que era entonces, al respecto en esta columna se ha escrito reiteradamente, a lo largo de ocho años hemos señalado que la violencia contra las mujeres es un gravísimo problema de salud pública, una violación a los derechos humanos de las mujeres y el más grande obstáculo para la igualdad de género.
Indiscutiblemente, las circunstancias actuales son la consecuencia de que hasta el momento el problema se haya considerado irrelevante, un tema cansino para las administraciones que se fueron conformando con acciones simbólicas de poca profundidad, de ahí que nos encontremos ante una responsabilidad de la que ninguno de los tres poderes puede sustraerse ni siquiera con las muchas declaraciones de los días recientes en que por todas partes se intenta embarrar la culpa en el terreno ajeno.
Por el contrario, las acciones más genuinas que se han producido son las iniciativas ciudadanas para proteger a las mujeres y la marcha feminista de la ayer por la tarde. Si todavía no cree que la protesta de esas jóvenes feministas tiene causa legítima cabría tomar en cuenta que no solamente están exigiendo la evitación de los feminicidios, porque estos no se reproducen de manera ajena al resto de las violencias, la situación es mucho más amplia, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que de poco más de un millón de mujeres de 15 años y más que hay en la entidad el 56.7% (cerca de 587 mil) han enfrentado algún incidente de violencia alguna vez en su vida,
De estas 394 399 mujeres en la entidad (38.1%), señalaron que al menos una de estas agresiones les ocurrió en los 12 meses anteriores a la entrevista, es decir entre octubre de 2015 y octubre de 2016.
195 mil mujeres en San Luis Potosí fueron sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual, que van desde señalamientos obscenos; que las hayan seguido en la calle para intimidarlas sexualmente; que les hayan hecho propuestas de tipo sexual; o bien que directamente las hayan manoseado sin su consentimiento o hasta que las hayan violado.
De las 374 mil mujeres que han enfrentado violencia por parte de esposo o novio, a lo largo de su relación de pareja, en el 67.2% de los casos se trata de violencia severa y muy severa.
De ahí que se insista que una respuesta desde el Estado contra la violencia machista tiene que considerar esas dimensiones porque no se puede partir de las atenciones que se dan en la capital, ni desde los feminicidios ya que para ese momento ya se perdió la vida de la mujer y no hay manera de resarcir el daño.
Del mismo modo es urgente considerar que la perspectiva de género que tiene que encontrarse en la actuación cotidiana de las autoridades es una obligación legal precisamente desde la publicación de la primera Ley de Acceso, no es un favor, no es una dádiva, es un deber de las personas responsables de prevenir e investigar los delitos que sancionan sus prácticas, de quienes se dedican a la impartición de justicia y de quienes legislan.
Ya va siendo hora de demostrar voluntad política probable más allá de los discursos, para construir el derecho a vivir sin violencia de manera eficaz y coherente. Aquí no existen las medias tintas: o están a favor de la igualdad o estas a favor de la violencia. A más ver.
Por: Claudia Almaguer
