El pasado 26 de abril se celebró el Día de la Visibilidad Lésbica, una fecha destinada a exigir el pleno acceso a los derechos humanos de las mujeres lesbianas, el reconocimiento de sus aportaciones y la erradicación de las prácticas de violencia en su contra.
A pesar de que en el informe Homofobia de Estado 2019 de la Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, México se encuentra entre los países que otorgan protección contra la discriminación por orientación sexual a nivel constitucional eso no significa que no tengamos delitos de odio o que haya un respeto irrestricto a sus derechos, por el contrario, nos urge reconocer que las prácticas de discriminación están profundamente vinculadas con las condiciones sociales que otorgan permisibilidad para las agresiones por consiguiente la distancia entre el discurso que niega la igualdad de derechos y las acciones violentas es en realidad muy corta.
En la Investigación sobre la atención de personas LGBT en México publicada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en diciembre de 2015 se indica que en nuestro país persiste la violencia generalizada contra las personas por su orientación sexual que en lo tocante a las mujeres lesbianas se caracteriza por misoginia, violencia sexual o intrafamiliar y “violaciones correctivas”.
Justo el 16 de marzo tuvo lugar en Ciudad de México la 7° Marcha Lésbica Feminista y en su pronunciamiento oficial el Movimiento de Mujeres Lesbianas Feministas denunció diversas formas de violencia contra su identidad, reconoció formar parte activa de otras acciones políticas como las luchas de las mujeres obreras, estudiantes, presas, migrantes e indígenas y demandó modificaciones jurídicas como el derecho al matrimonio igualitario.
Desde luego no estamos en las condiciones jurídicas de Arabia Saudí, Irán, Yemen, Sudan, Nigeria o Somalia en donde se castiga el mantener relaciones homosexuales con pena de muerte, pero desde esa región del planeta leemos historias como la de Zainab de Egipto quien relató para la organización Where Love is Illegal lo siguiente:
“Cuando cumplí 20 comprendí que algo en mi era distinto y comencé a leer al respecto, aprendí que a lo que soy se le llama ser lesbiana y que hay muchas mujeres como yo en el mundo, pero también que en Egipto es ilegal y peligroso. Cuando le pregunté a mi familia lo que pensaban de las personas homosexuales me respondieron con una mezcla de asco y odio, me explicaron que eso de ser gay es una enfermedad y que sentían pena de los padres que tuvieran que lidiar con un hijo así… no sabían que les hablaba de mi y me hicieron sentir avergonzada, me hicieron odiarme a mi misma por ser quien soy, recientemente comencé a salir con un hombre para parecer normal y odio esto pero no tengo opción. Espero que algún día pueda sentirme bien conmigo misma o incluso vivir con una mujer… ojalá sea pronto.”
Y me pregunto ¿Cuántas jóvenes lesbianas en México y en San Luis Potosí sentirán lo mismo? ¿Cuántas ocultan sus vínculos sexo afectivos de sus familias por temor al rechazo? Cuantas advierten en los discursos de sus padres y de sus madres, de sus amigos y amigas que el amor por ellas se acabaría si se mostraran como son y cuantas han tenido que cortar sus lazos de origen para vivir en pareja o para formar una familia.
Afortunadamente cada vez están más visibles las parejas de mujeres lesbianas que viven abiertamente su vínculo, que hacen una vida común en donde ambas se procuran respeto igualdad y ayuda, porque las familias que ellas conforman son parte de nuestra comunidad. No obstante es urgente que dejen de ser ciudadanas de segunda para el Estado, sus familias requieren del mismo acceso al matrimonio y a las seguridades jurídicas que esta figura otorga, negarlo como ya ha señalado la Suprema Corte es absolutamente discriminatorio y perpetúa la exclusión y la violencia.
El próximo 9 de mayo el Congreso de San Luis Potosí otra vez tiene la posibilidad de modificar el Código Familiar de San Luis Potosí para integrar el matrimonio igualitario y ojalá que su decisión considere precisamente la protección a la discriminación a nivel constitucional de la que tanto presume nuestro país, ojalá que se legisle de manera laica y para todas. A más ver.
Claudia Almaguer
Twitter: @Almagzur
