Al concluir el plazo legal respectivo, hoy quedará sin validez y, por tanto, será desechado el dictamen de la nueva ley general de aguas, el cual pretendía privatizar la extracción, distribución y cobro por el suministro del líquido.
La mesa directiva explicó que el 18 de mayo se devolvió el dictamen a las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y de Agua Potable, y conforme al reglamento de la cámara, éstas tenían un mes para realizar adecuaciones al texto y devolverlo al pleno.
Sin embargo, las comisiones ya no realizaron la convocatoria para reunirse y quien negoció el dictamen, Gerardo Gaudiano Rovirosa, ex presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, resultó electo alcalde de Centro, Tabasco, y no regresará a San Lázaro. Su sucesora, Angélica Melchor (PRD), no convocó a reunión, y tanto PRI como PVEM, impulsores del proyecto, tampoco insistieron.
Asimismo, ayer la mesa directiva informó que declaró precluidas 207 iniciativas de diputados de todos los partidos, por lo que en total mil 113 propuestas de reforma o de nuevas leyes, al no ser discutidas en comisiones, fueron enviadas a la basura.
El aviso, que fue publicado por ese órgano legislativo en la Gaceta Parlamentaria, da cuenta de que se desecharon 46 iniciativas del PRI, 44 del PAN, 33 del PRD, 13 del PVEM, 22 de Movimiento Ciudadano, 8 del PT, 24 de Nueva Alianza y seis de la entonces agrupación política Movimiento Regeneración Nacional.
Otras 11 fueron presentadas por diputados de varios grupos parlamentarios, así como de PRI-PAN, de la Comisión Especial de Programas Sociales, de senadores del PAN y de los congresos de Sonora, Nuevo León y Puebla.
En solo un mes, debido al nulo trabajo en comisiones –que no sesionan desde abril, aunque su obligación es reunirse cada mes–, la cámara desechó, además de las mil 113 iniciativas, 253 puntos de acuerdo.
Para evitar que en los registros parlamentarios quedaran huellas de rezago parlamentario, el 30 de abril el pleno de la Cámara de Diputados autorizó a la mesa directiva declarar desechados los temas que, pasado el término reglamentario de 45 días, no sean discutidos en comisiones.
Fuente: Jornada
