Claudia Almaguer
A finales del año pasado se produjo una evaluación externa e independiente sobre los posgrados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a ello fuimos invitados a participar hombres y mujeres egresados, es decir personas que ya atravesamos un programa de estudios completo, elaboramos una investigación y la defendimos en examen oral, obteniendo finalmente el título y la cédula correspondiente.
La universidad es grande, cuenta con 105 posgrados, establecer metodologías de evaluación seguramente representó un reto complejo, es probable que allí fuesen integradas variables que ya tienen los propios programas, reglas de calidad, porcentajes de egreso, apego normativo etcétera, pero el otro elemento, la perspectiva final que tiene el alumnado del aprendizaje y las herramientas que obtuvo para mejorar su desempeño profesional o profundizar su aporte académico, también es esencial.
En cuanto a la enseñanza del Derecho, ahora que recién se han pronunciado por ejecutar una reforma curricular a fondo, aprovecho el ímpetu para contarle que el Estatuto Orgánico de la Universidad reconoce la igualdad sustantiva de oportunidades y la no violencia como derechos, por lo tanto, en todo lo que se tenga que cambiar, intervenir o crear se debe tomar en cuenta a las mujeres y vaya que en este ámbito de las ciencias jurídicas la violencia y la invisibilidad han sido la regla.
Y hoy le voy a poner un ejemplo de esta deuda no sin antes explicarle que, a diferencia de otras áreas, el aprendizaje del Derecho suele producirse en espacios politizados y profundamente machistas, que son los principales obstáculos para el desarrollo profesional y académico de las mujeres, lo cual se devela en nuestra experiencia desde que somos estudiantes y así mismo se traspasa a la vida laboral en tanto continúe existiendo un vínculo con el ejercicio y la aplicación de las normas. Me explico, las mujeres que decidimos estudiar leyes somos como las hijas de un paterfamilias que reniega de nosotras porque sólo quería tener hombres.
Yo estudié la licenciatura en la Facultad de Derecho de la universidad, a pesar de que mi primera experiencia como estudiante no fue la ideal, habida cuenta del acoso sexual que aún se vive en esas aulas, fue mayor el respaldo en esa etapa juvenil de parte de mis maestros y maestras. Aun cuando para entonces no había regulaciones con perspectiva de género, cuando fui madre, por ejemplo, no tuve ninguna dificultad para obtener un plazo de tiempo que me permitiera estar con mi hija y tampoco recibí ninguna observación por llevarla en ocasiones a clase, lo que desde luego no aminoró el grado de exigencia que se demandó de mí, ni el apoyo que recibí hasta el día de mi examen profesional.
Digo también que para el tiempo en que inicié trámites para entrar a la Maestría en Política Criminal de su Unidad de Posgrado, se trataba de una aspiración bastante seria, ni más ni menos el legado del profesor Juan Manuel Ramírez Delgado quien en su momento consiguió posicionarla en el panorama académico nacional integrando un cuerpo docente muy reconocido, es probable que la meta fuera entrar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo cual habría significado un fomento directo en la investigación de temas importantes como los fenómenos criminales que padece México, la eficacia de las penas, las políticas dedicadas a prevenir el crimen, la respuesta del Estado a la inseguridad y la violencia, entre otros.
Precisamente se establecía en el perfil de egreso un amplio conocimiento de las ciencias penales mediante la Política Criminal, una búsqueda de transformación en el ámbito de la justicia penal, una comprensión política que incide en el actuar del Estado de manera eficaz para proveer de seguridad pública, así como la capacidad de ejercer la docencia y la investigación tanto en el ámbito académico como en la administración pública.
Muy probablemente la gran mayoría de los trabajos que hice en ese posgrado tuvieron relación con el análisis de la eficacia de la norma penal, incluida la tesis sobre feminicidio que presenté a finales de 2015. Esa experiencia significaba para mí el fin de un camino largo y sumamente exigente de cinco años en donde además de trabajar y criar a mi hija, fui a la escuela e investigué la legislación de todo el país entre lo que fueron más de doscientas fuentes de bibliografía. No fue una tesis perfecta, pero sí un trabajo bien hecho y documentado.
En ese proceso es usual que uno tenga que esperar poco más de un mes a que el trabajo final pase por varios filtros, antes de mi entrega, hasta entonces apenas dos compañeros de mi generación se habían titulado, pero desde luego no atravesaron el número de peticiones, propuestas y acusaciones que yo, a lo largo de diez meses debido a la misoginia del coordinador y del comité académico.
Al inicio fueron situaciones de forma, ese ya no era el tipo de citado que querían y me pidieron cambiarlo todo a otro igual pero menos exhaustivo, cuando lo hice me indicaron que la finalidad del posgrado había cambiado y la vinculación con el Derecho Penal era menos importante que el contexto “criminógeno” que buscaba hacer modelos de previsión delincuencial a nivel estadístico.
Al cabo fui informada de que al Comité no le había parecido mi trabajo, pero al hablar con algunos de sus integrantes ni siquiera estaban enterados de mi solicitud de fecha para examen y posteriormente fueron removidos, los siguientes comenzaron a postergar sus reuniones para revisar mi “asunto”, todos tenían que irse a compromisos en España, era un viernes 10 de junio de 2016 cuando fui citada, me informaron que sesionarían el siguiente lunes 13, o hacía todos los cambios que me estaban pidiendo en dos días o me esperaba hasta la fecha siguiente.
Fue en esa misma ocasión cuando fui sometida a preguntas de lo más incómodas acerca de quién me enviaba o por qué quería titularme, si tenía algún interés subrepticio que no les estaba contando, si de verdad yo había buscado toda esa información, si no la había plagiado de otro lugar y la estaba presentando como mía, me propusieron entonces quitar a mi director de tesis y elegir a otro como condicionante para aceptar mi trabajo y finalmente dijeron que estaban investigando la supuesta pérdida de mi expediente.
Al cabo de trabajar durante 48 horas al hilo para entregar las modificaciones solicitadas se me reprochó nuevamente el apego a las ciencias penales (a pesar de haber tenido 280 horas de materias que las conforman), por haber hecho propuestas y por haber escrito “en exceso”.
En ese trayecto, se entiende que ya no estaba ante la defensa de una tesis sino ante acusaciones sobre la ética de mi actuar y mi integridad como abogada, debido a ello requerí los currículos de quienes me estaban agrediendo, allí no había formación jurídico penal ni político criminal sino estudios “latinoamericanos”, informática y ciencias políticas, encontré inclusive personajes que hacían de profesor investigador de tiempo completo, compaginándolo con labores de perito, así la tarjeta de presentación de estos señores tenía tanto el sello de la Universidad como el de la entonces Procuraduría. Es decir, en según qué ámbitos la corrupción no se toma ni la molestia de disimular.
Si se pregunta por mi examen fue público a petición mía y sólo lo presenté cuando cambiaron al coordinador, aquello se enredó de modo tan hostil que inclusive el sínodo fue modificado varias veces y no permitieron la presencia de mi director de tesis, el mensaje se sintió como si yo, mujer, tuviese que avergonzarme por ser inteligente. ¿Desde entonces cuantas mujeres se habrán titulado? ¿Y cuántas tesis se habrán hecho sobre los temas que nos conciernen? ¿Cuántas maestras dan clases allí? Y ¿Qué impulso se les da a los proyectos académicos hechos por mujeres?
Finalmente, contarles esto tiene un sentido, porque en aquel momento no había cómo defenderse y si la norma cambió no debe ser política simbólica, no más hacer cómo que no existimos ni sacar a paseo a nuestros agresores para devolverlos al mismo lugar, si ahora la igualdad de género es un eje central de la actuación institucional le tiene que servir, sobre todo a las más jóvenes para que no vivan lo que nosotras, no es un favor, no es una dádiva, las mujeres que nos dedicamos al Derecho merecemos espacios libres de violencia, no ser tomadas como enemigas, no ser sometidas a la misoginia, no ser borradas de las oportunidades de crecimiento profesional y académico. A más ver.
