La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) identificó nueve instituciones educativas privadas en San Luis Potosí con irregularidades, de las cuales seis operan sin contar con el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), y otras tres están bajo medidas precautorias. Estas instituciones incluyen escuelas de nivel básico y media superior, según informó Juan Carlos Bárcena Ramírez, secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Entre las instituciones señaladas destacan Semillero de Aprendizaje Pizcani, Centro Educativo Octavio Paz y Jardín de Niños Aventuritas Kids, ubicadas en la capital potosina y en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Foco en las escuelas privadas
Bárcena Ramírez subrayó que las irregularidades detectadas son exclusivas de instituciones privadas, ya que las públicas cuentan con su RVOE garantizado. Señaló que la falta de este registro en las escuelas privadas puede significar que no cumplen con las condiciones necesarias para ofrecer educación de calidad y para garantizar la validez de los estudios de sus alumnos.
El representante del SNTE aclaró que los sindicatos no tienen injerencia en el funcionamiento de las escuelas particulares, dejando esta responsabilidad a la SEGE, que supervisa de manera continua para garantizar que los colegios cumplan con las normativas estatales en materia de seguridad, higiene y calidad pedagógica.
Acciones de supervisión y llamado a la denuncia
La SEGE realiza visitas regulares a los colegios privados para verificar que cuenten con los documentos y trámites necesarios al día. Cuando se detectan irregularidades, la dependencia emite un llamado a la regularización para asegurar que los estudiantes y sus familias tengan certeza jurídica sobre la validez oficial de los estudios cursados.
Ante cualquier sospecha o anomalía en los servicios educativos, la SEGE invita a la ciudadanía a denunciar estos casos en las oficinas del Departamento de Registro y Certificación. Estas acciones buscan garantizar que las instituciones educativas sean espacios seguros y que cumplan con los estándares establecidos por la Ley de Educación Estatal.
