El viernes 15 de marzo, a las once y media de la noche, muy cerca de su casa, Marduk Chimalli Hernández Castro fue detenido por la policía auxiliar luego de haber acompañado a su hermana a la parada de autobuses. Minutos antes, un sujeto asaltó a una mujer y la despojó de un celular y dos anillos, la mujer buscó ayuda y policías que pasaron por ahí avisaron a las patrullas cercanas. Una patrulla –diferente a la que había atendido a la señora- detuvo a Marduk y lo hizo esperar a que llegara la señora para corroborar si era el agresor. Cuando llegó la señora, acompañada y presionada por su esposo y los policías, dijo dudosamente que era él quien la había asaltado. Sus familiares decidieron acompañar a Marduk a la Delegación confiando en que todo se aclararía, pero todo fue en vano, en el Ministerio Público, la señora que fue asaltada señaló bajo presiones de su marido y de los policías, y con el miedo de caer en falsedad de declaración, que Marduk era el responsable del asalto. El joven de 26 años, estudiante de Comunicación en la UACM, de Diseño en la UNAM y atleta de alto rendimiento, lleva más de mes y medio encerrado en el Reclusorio Norte del Distrito Federal.
Carlos Vallejo Reyes de casi sesenta años y de Sotero Vallejo Vázquez, de 31 años, acusados y sentenciados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Carlos Vallejo junto a su esposa y sus cuatro hijos, -menores todos de 12 años- presenciaron un asesinato en la carretera en 1993. Ante el espanto, la familia se fue hacia su casa a bordo de la camioneta familiar. En casa, los esperaban sus otros hijos, entre ellos Sotero Vallejo Vázquez, en ese entonces con la edad de 21 años, perteneciente al ejército y que ese día había tenido una práctica de tiro. Unas horas después, llegaron policías preguntando por el dueño de la camioneta, sin orden de aprehensión, les pidieron al padre, Carlos Vallejo y al hijo Sotero Vallejo, que los acompañaran “para aclarar las cosas”. Carlos y Sotero accedieron a acompañarlos pensando que efectivamente todo se aclararía porque ellos no tenían nada que ver con el homicidio. Ahí en el Ministerio Público fueron vinculados a proceso y posteriormente sentenciados por homicidio y tentativa de homicidio por más de cincuenta años. Sus declaraciones fueron desestimadas y hoy llevan diez años presos, las pruebas que fueron presentadas se basaron en los dichos de los testigos, y en que la mano de Sotero, frente a la prueba del radizonato (una prueba para detectar varios elementos químicos que se desprenden en el momento de un disparo) salió positiva. Hoy también se lucha por su libertad con los pocos recursos que quedan por hacer valer en el interior del país.
La detención arbitraria tiene un nivel alto de gravedad porque minimiza o cancela completamente las posibilidades de defensa jurídica del detenido y es un catalizador para otros delitos como la tortura, la desaparición forzada, el abuso de autoridad y lesiones, la privación ilegal de la libertad o la seguridad jurídica.
Para muchas personas es conocido el sistema de medición de efectividad de las actuaciones policíacas: la cantidad de detenidos. No es un rumor. Se sabe que los criterios para entregar reconocimientos y ascensos entre los policías son la cantidad de detenidos y aseguramientos de presuntos delincuentes y que las percepciones monetarias del Ministerio Público se incrementan por el número de consignaciones.
Hay reportajes periodísticos en los cuales se demuestra que esa exigencia de las cuotas de detenidos existen y tienen consecuencias claras, tanto en las personas víctimas de los abusos de los policías como de los mismos cuerpos policíacos que se ven presionados por un sistema de recompensas y de cantidades para detener un número y asegurar su sustento. El método que responde de manera más eficiente a esa exigencia es la fabricación de delincuentes, si el aparato burocrático-político pide una cuota de detenciones para medir el alcance en el combate a la delincuencia, lo lógico es buscar culpables, buscar a los delincuentes, y si no existen, fabricarlos. En el caso de Marduk, los candados en el proceso judicial (como ese temor a declarar falsamente y mantener la “congruencia” de la declaración durante el juicio) han ocasionado que se mantenga un estado de violación de derechos humanos y que la fabricación de delincuentes opere de manera dolorosa en la alteración de la vida de una persona.
En la Recomendación O3/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se hacen evidentes varias violaciones a los derechos humanos contra los detenidos. Se demostró que de los 42 casos de detenidos y presentados ante los medios de comunicación, 21 eran inocentes. Más grave aún: de esos 21 inocentes, algunas personas eran en realidad víctimas de los delitos por los que se les acusaban. La Recomendación, entre muchas otras cosas, confirma que el principal criterio que siguen los policías y el Ministerio Público ante una detención, es la desconfianza y la presunción de culpabilidad.
No necesitamos ser las víctimas directas de las detenciones arbitrarias en el país para darnos cuenta de la gravedad y cercanía de estas violaciones y de la herida que producen en las víctimas, que la violación de un sencillo derecho de “procedimiento” puede conllevar la destrucción de la vida, la alteración gravísima de nuestros proyectos de construcción como personas, que los daños que pueden ocasionar este tipo de delitos que cometen autoridades, son tan graves que es difícil encontrar una clara reparación del daño.
http://www.animalpolitico.com/
