Siete agentes de la Policía Municipal de Tapachula fueron aprehendidos por los delitos de extorsión y abuso de autoridad en contra de sexoservidoras —la mayoría centroamericanas—, entre las que había menores de edad.
En la averiguación previa 44/FEDCI/CJT2/13 —que integra la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos contra Inmigrantes— obran 11 imputaciones directas en contra de los indiciados.
Según la indagatoria, los detenidos organizaron una red de prostitución y obligaban a las mujeres a entregarles una cuota diaria, aseguró la PGJE.
Las denunciantes revelaron que debían entregar cantidades que iban de los 100 a los 300 pesos diarios. Si no lo hacían eran levantadas en patrullas de la corporación y llevadas a casas particulares, donde permanecían encerradas como medida de presión.
Además, les exigían que se prostituyeran todos los días, con la finalidad de aumentar la cuota recuperada.
Una de ellas, dijo: “Si no les entregábamos el dinero nos obligaban a tener relaciones sexuales con ellos”.
Tras la denuncia presentada por diversas prostitutas en Tapachula, la Fiscalía abrió una averiguación previa. Ahí, recopiló testimonios y consignó las diligencias periciales que confirmaban la forma de operar de los policías investigados.
Ante estos hechos, elementos del grupo interinstitucional —integrado por la PGJE, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública municipal— buscaron aprehender a los presuntos extorsionadores proxenetas.
Los detenidos son Alfredo Segundo Verdugo Villagrán, Venancio Solís de la Cruz, Lázaro Morales Pereyra, Osmar Gamaliel Guzmán Gómez, Osmar Ramón Nájera López, Antonio Guillén Tambrez Fernández y Julio César Orozco Fernández.
Luego de su detención, fueron puestos a disposición del juez de la causa e ingresados al Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14 “El Amate”, por los delitos de extorsión y abuso de autoridad.
Estos hechos ilícitos se encuentran previstos y sancionados por los artículos 300 y 301 fracción II y IV; y 420 fracciones II y XII del Código Penal en Chiapas. De ser hallados culpables pueden tener una pena de hasta 14 años de prisión.
