La Fiscalía General de la República (FGR) ha apuntalado los grandes casos de la presente administración en aspectos, detalles y pruebas que han demostrado no tener el sustento necesario para poder trascender a las investigaciones que lleva a cabo esta dependencia, lo cual ha contribuido, por una parte, a la impunidad, y en otra a que aún no se hayan podido esclarecer estas tramas de presunta corrupción.
Las diligencias, por ejemplo, del caso Odebrecht están fundamentadas en las declaraciones que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha aportado como testigo colaborador, una figura que ha sido cuestionada a la luz de las recientes imágenes que ha protagonizado el exfuncionario peñista en un restaurante de lujo de las Lomas y sobre todo porque por esta investigación —a diferencia de lo ocurrido en otros países— sólo ha llevado a una detención, pese a ser 70 los funcionarios señalados.
No obstante, está lejos de ser el único pendiente del organismo que encabeza Alejandro Gertz Manero. La efectividad de la Fiscalía también ha sido puesta en duda en el proceso que se sigue contra Rosario Robles Berlanga, extitular de la Sedesol y Sedatu, quien se encuentra en prisión preventiva no por su participación en la trama de la Estafa Maestra, sino por una licencia de conducir —que las autoridades de la Ciudad de México han confirmado que es falsa— que la FGR presentó ante un juez para pedir que la exfuncionaria fuera detenida por un riesgo latente de fuga debido a que tenía una dirección diferente a su domicilio en Coyoacán.
Robles ha ganado en los últimos días recursos legales contra su privación de la libertad.
“Los ciudadanos nos despedimos de la Procuraduría, esa institución que tanto se acusó de ser ineficiente y no llevar a ningún puerto seguro los casos que investigaba. Y nos vendieron un dulce llamado la Fiscalía General por la que se cambiaron nuevas leyes para traer justicia. Pero no hemos visto resultados en grandes casos de interés público”, dijo en entrevista con SinEmbargo la abogada Adriana Greaves Muñoz, de la organización TOJIL. “El desconocimiento del ciudadano hace muy fácil para la Fiscalía desviar la atención y simular la justicia”.
Greaves Muñoz aseguró que a pesar de que Alejandro Gertz Manero es el primer Fiscal autónomo con dientes y capacidad para investigar independientemente de intereses políticos, con el manejo de casos públicos como el de Odebrecht y la Estafa Maestra se observa que la Fiscalía está dando “un trato diferenciado” y, al alegar la presencia de “filtraciones”, evidencia su “modus operandi de simulación” y aprovecha que la ciudadanía desconoce sobre los procesos penales.
En ese mismo sentido, la Fiscalía General ha fracasado en sus intentos por llevar ante un juez a Luis Videgaray Caso, excanciller y exsecretario de Hacienda, quien aún no cuenta con una orden de arresto a causa de los intentos fallidos de la FGR de judicializar este caso.
La misma conducción ha tenido esta dependencia con el caso de los 31 científicos a quienes ha buscado, también sin éxito, procesar por supuesta “delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades”, acusación que ha desestimado la justicia por falta de pruebas que demuestren la comisión de estos ilícitos.
La incapacidad de la FGR de poder llevar a buen puerto estos casos es una situación que también se extiende al emblemático caso Ayotzinapa, en la cual el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. En días pasados, Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, dijo al periodista Álvaro Delgado cómo pese a que ha sido destacada la labor del Fiscal especial del caso, Omar Gómez, hay 40 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado desde el mes de enero de este año.
La abogada penalista Lizbeth Padilla Sanabria cuestionó que, aunque cuenta con cooperación internacional, geolocalización, intervención de comunicaciones y seguimiento de cuentas bancarias, las investigaciones de la Fiscalía General en estos casos emblemáticos no apuestan a los delitos con altas penas como delincuencia organizada y lavado de dinero para recuperar activos, sino para “perseguir” y “alinear” a los “enemigos políticos” con la intensidad que quiera determinar.
“Si sólo se va por el delito de corrupción, aunque logre una judicialización de las carpetas y que un juez de control libre una orden de aprehensión, las penas son muy bajas (mínima de dos años y máxima de 14 años por corrupción)”, planteó.
Padilla incluso rechazó que las filtraciones impliquen un obstáculo para combatir la corrupción. “Cuando un Fiscal quiere detener a alguien –sobre todo la Fiscalía– tiene absoluta discreción con sus investigaciones”, afirmó la penalista con veinte años de experiencia. “Lo cierto es que no ha realizado el trabajo que debe”.
LA “EFECTIVIDAD” DEL CASO ODEBRECHT
Pese a que el caso Odebrecht es emblemático de la alta corrupción transexenal que involucra a prominentes figuras de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), ha sido hasta ahora un fiasco de la Fiscalía con el principal implicado, Emilio Lozoya Austin, en libertad y sólo uno de 70 acusados en la cárcel: El exsenador panista Jorge Luis Lavalle Mauri.
Tan lento ha sido el proceso de investigación en el caso Odebrecht y tan pobre en sus resultados, que luego de 14 meses de que Lozoya fue extraditado a México y obtuvo beneficios procesales para delatar a sus presuntos cómplices de corrupción, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le ha hecho cuatro reclamos públicos al fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien impulsó para llegar a ese cargo autónomo.
Desde entonces, la FGR sólo ha procedido penalmente por los presuntos sobornos contra Lavalle Mauri, quien desde abril está encarcelado, y contra Carlos Treviño Medina, el exdirector de Pemex con Enrique Peña Nieto, quien aseguró que la FGR pretende que involucre a Felipe Calderón.
Treviño Medina no se presentó a la audiencia, porque alegó que sería encarcelado, y exactamente lo mismo hizo el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, acusado de recibir 6.8 millones de pesos en sobornos, quien ha hecho una defensa mediática con la acusación de que López Obrador quiere meterlo en la cárcel “a la mala”.
El trabajo de la FGR ha servido a Anaya para hacer responsable de la investigación al presidente López Obrador y de acusarlo de proteger a Lozoya.
Ahora Lozoya, quien llegó extraditado el 17 de julio de 2020 a México, acusado de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora para la campaña de Peña Nieto, quien ordenó que parte de esos recursos se destinaron a sobornar a panistas y priistas, ha acaparado la atención con su reaparición pública en un restaurante exclusivo de la Ciudad de México, dando pie a una serie de cuestionamientos sobre la labor de la Fiscalía.
En ese sentido, Greaves Muñoz cuestionó los privilegios de los que ha gozado a partir del “acuerdo de impunidad” de convertirse en testigo colaborador, a pesar de que la mayoría de los delitos declarados ya prescribieron o son menores al soborno millonario del que se le acusa y, además, la Fiscalía no ha aclarado si ya verificó los datos señalados contra diversos personajes políticos.
“Los mexicanos nos merecemos una Fiscalía que esclarezca los hechos y dé resultados, no que otorgue una justicia diferenciada hacia los amigos”, aseveró. “Los arreglos a los que se están llegando lejos de acercarse a la justicia se están alejando de ella”.
EL REVÉS EN EL CASO ROBLES
Paralelo al caso de Emilio Lozoya ha naufragado el de Rosario Robles Berlanga, quien fuera titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a quien se le acusa de uso indebido del servicio público en la trama conocida como la Estafa Maestra a través de la cual se emplearon a universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos. Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace dos años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
Robles Berlanga se declaró inocente de las acusaciones que se le imputan por el fraude de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos relacionado con la Estafa Maestra, mientras que la FGR busca imponerle una pena de al menos 21 años en prisión.
Robles ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitó negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado. No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.
No obstante, la exfuncionaria ganó un amparo que anula la prisión preventiva que se le dictó hace más de dos años, por lo cual un Juez tendrá que considerar una medida cautelar distinta en el proceso que enfrenta.
Aunque la Fiscalía General todavía tiene una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, el motivo por el que la mantiene en prisión podría revertirse luego de que el Tribunal que ratificó el amparo que un juez le había concedido a Robles bajo los argumentos de que la licencia falsa para justificar la existencia de diversos domicilios es falsa; que no existen recursos económicos ni de la inculpada ni de sus familiares, para que ésta pudiera evadir la acción de la justicia, y que está comprobado el asiento de Rosario Robles en la Ciudad de México.
La abogada Adriana Greaves Muñoz, de la organización TOJIL, consideró que el caso de Robles es una “simulación de justicia” al no imputarle los supuestos desvíos de recursos. “No se investigó la totalidad y se redujo a una investigación bastante sencilla de una consecuencia jurídica no relevante”, planteó.
LA FGR VS. VIDEGARAY
Desde su posición de testigo colaborador, Emilio Lozoya denunció en agosto pasado ante la FGR al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de organizar los sobornos que fueron utilizados para para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de reformas estructurales.
Luis Videgaray se deslindó de los señalamientos hechos por Lozoya. No obstante, la FGR ha intentado llevarlo ante un Juez sin éxito aún. El pasado 3 noviembre, la Fiscalía confirmó que solicitó una orden de aprehensión en contra del excanciller. Aunque dos días después, la institución dio a conocer que desistió de la demanda para presentar una nueva, en la cual serían incluidos nuevos elementos para perfeccionar la acusación y así volver a requerir una orden de captura contra el también excanciller que es señalado de cohecho, asociación delictuosa, traición a la patria y delitos electorales.
A la fecha, no se han dado a conocer públicamente más avances sobre el caso de Luis Videgaray, aunque a inicios de septiembre pasado el diario Reforma dio a conocer que la Fiscalía ha señalado un monto preciso por la llamada Reforma Energética, con el que Enrique Peña y Luis Videgaray serían acusados.
“Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de constructora Odebrecht, sobornos por más de seis millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso”, reportó el medio que tuvo acceso a la imputación de la FGR, luego de que se diera a conocer en un amparo promovido por el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, quien se encuentra en prisión.
A la par de este proceso, el Gobierno federal buscó inhabilitar por 10 años a Videgaray a causa de inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales como funcionario público de los últimos tres años. No obstante, el exsecretario de Hacienda logró detener la inhabilitación a través de una suspensión que obtuvo en agosto pasado, reportó el diario Milenio.
EL CASO CONTRA LOS CIENTÍFICOS
Uno de los casos que ha puesto a la FGR en el centro de la polémica ocurrió en días pasados, cuando presentó, en dos ocasiones, una acusación contra 31 investigadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) por supuesta “delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades”, a partir de una denuncia de hechos presentada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Fue el 22 de septiembre cuando un Juez federal del Penal Federal de Almoloya, en el Estado de México, negó definitivamente y por segunda vez a la Fiscalía emitir las órdenes de aprehensión con la cual buscaba que los académicos fueran trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano al referir que no se presentaron los elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura.
Una semana después, al no apelar la decisión del juez de Control federal quedó firme el revés jurídico que sufrió la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero.
José Rodrigo Roque, uno de los 31 investigadores imputados, explicó a El Financiero que con ello la dependencia quedó prácticamente imposibilitada de imputar a los 31 investigadores los mismos delitos y con las mismas pruebas.
“La resolución del juez, que entró al fondo del asunto y que dijo aquí ‘no hay delito’, debió haberla impugnado la FGR y no lo hizo; es decir, la FGR no nos podría investigar por los hechos que no impugnó”, dijo en entrevista con este medio.
…Y HASTA EN EL CASO AYOTZINAPA
En entrevista con Los Periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas del caso Ayotzinapa explicó que pese al compromiso del Presidente López Obrador de no dejar impunes los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el Fiscal Alejandro Gertz Manero no avanza porque está rodeado de personajes de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
“Estamos hablando por lo menos de cuatro personas. No voy a dar los nombres ahora, porque es un tema relacionado con la investigación, pero estamos hablando de una Subprocuraduría y de una persona muy cercana al Fiscal general, de un coordinador de asesores del fiscal, y alguien de SEIDO, del máximo nivel de SEIDO”, dijo Vidulfo al señalar la intromisión de funcionarios que vienen del peñismo.
Estos funcionarios que proceden de la PGR de Peña Nieto y que ahora son cercanos a Gertz Manero son, reportó el periodista Álvaro Delgado, en primer lugar, Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, quien ocupó la subprocuraduría desde 2016, con Raúl Cervantes, quien sustituyó como Procurador a Jesús Murillo Karam.
Luego el coordinador de asesores del Fiscal Gertz Manero, Óscar Langlet González, fue director jurídico de la PGR en el Gobierno de Peña y coordinador de asesores de Alberto Elías Beltrán, el encargado de despacho a la renuncia de Cervantes.
Y también el titular de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal, a quien Gertz nombró en ese cargo en julio de 2019 y quien fue titular de la Unidad Especial para la Investigación del Caso Iguala en el gobierno de Peña Nieto.
Vidulfo Rosales incluso contrastó la labor del Fiscal especial del caso, Omar Gómez, con lo que realiza el resto de los funcionarios de la FGR y que tiene que ver con los obstáculos que imponen los funcionarios que vienen de la PGR de Peña Nieto.
“Nosotros tenemos una Fiscalía especial muy echada para adelante, muy dispuesta, haciendo muchos actos de investigación, librando órdenes de aprensión, pero tenemos el caso concreto hoy en día que nos preocupa: Hay 40 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado desde el mes de enero de este año y nosotros le decimos a Omar: ‘¿qué está pasando con esas órdenes?’ y dice: ‘eso a mí no me corresponde, eso le corresponde a otra área, a la agencia la Agencia de Investigación Criminal’”.
Sin Embargo
