Esta semana en San Luis Potosí y en México hemos sido testigos de problemáticas que han impactado significativamente nuestras vidas y han afectado severamente el entorno que nos rodea.
Mientras nos encontrábamos en las celebraciones y liturgias correspondientes a la Semana Santa, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó al secretario general, António Guterres, remitir la crisis de desapariciones en México a la Asamblea General. Esta medida inédita busca apoyo internacional ante la magnitud del problema, señalando posibles crímenes de lesa humanidad en un país con más de 132,000 personas desaparecidas.
Las madres y familiares buscadores en México enfrentan un contexto profundamente adverso, marcado por la violencia estructural y el abandono institucional. En primer lugar, viven bajo constantes amenazas e incluso asesinatos, pues al menos 43 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas desde 2010; muchas de ellas, mujeres, en ataques vinculados al crimen organizado y, en algunos casos, a contextos de permisividad o complicidad de autoridades, como lo evidencian casos emblemáticos y el patrón sistemático de agresiones documentado por organizaciones de derechos humanos. A esta violencia directa se suma una grave negligencia institucional, ya que la mayoría de las familias reporta revictimización, falta de investigaciones efectivas y ausencia de acompañamiento seguro, en un país donde incluso organismos internacionales han señalado fallas estructurales, impunidad persistente y deficiencias en fiscalías y sistemas forenses. Este entorno impacta directamente en la salud de las buscadoras, quienes desarrollan enfermedades físicas y mentales derivadas del estrés crónico, el duelo prolongado y las condiciones extremas de búsqueda, fenómeno documentado por colectivos que reportan altos niveles de afectaciones como trastornos gastrointestinales, enfermedades crónicas y estrés postraumático. Además, la búsqueda implica un fuerte empobrecimiento, ya que muchas deben abandonar empleos, asumir costos de traslados, herramientas y excavaciones, y convertirse en investigadoras de sus propios casos ante la inacción estatal. Finalmente, estas labores se realizan frecuentemente en condiciones de total inseguridad, pues las búsquedas se llevan a cabo en zonas controladas por el crimen organizado, sin protección adecuada del Estado, lo que expone a las familias a riesgos extremos y refleja una crisis humanitaria donde, para miles de personas, buscar a sus desaparecidos no solo es una carga emocional y económica, sino también una actividad que puede costarles la vida.
A todo esto se suman casos de gran indignación pública, como el del Rancho Izaguirre. Aunque el debate ha intentado politizarse, incluso buscando deslindar responsabilidades y trasladarlas a otras administraciones, lo cierto es que esta problemática no es nueva ni responde a colores partidistas, sino a un sistema que lleva mucho tiempo deteriorado y que solo ha sido maquillado.
El otro tema que nos atañe es la situación climática y las afectaciones socioambientales en San Luis Potosí. El pasado miércoles 8 de abril, en el Eje 124 y la avenida Comisión Federal de Electricidad número 290, tuvo lugar un incidente lamentable: un fuerte incendio en la empresa Polímeros Nacionales, ubicada en la Zona Industrial de esta capital.
El debate reciente se ha centrado en los semáforos de calidad del aire que establece la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental; sin embargo, el fondo del problema en materia de contaminación e impacto ambiental requiere una mirada más profunda. La contaminación del aire en la zona metropolitana de San Luis Potosí constituye un problema complejo que responde a múltiples fuentes y a deficiencias en la gestión ambiental. Diversos análisis coinciden en que las emisiones contaminantes provienen principalmente del transporte vehicular, de la actividad industrial y de microindustrias urbanas, cuya suma tiene un impacto significativo en la calidad del aire.
Aunque las empresas formales están sujetas a regulaciones, persisten cuestionamientos sobre el cumplimiento efectivo de las normas y la capacidad de supervisión de las autoridades, lo que evidencia fallas estructurales en la gestión ambiental. A ello se suma el crecimiento urbano desordenado, que ha acercado zonas habitacionales a áreas industriales, incrementando la exposición de la población a contaminantes atmosféricos.
Entre los principales contaminantes presentes se encuentran las partículas finas, especialmente PM2.5, así como diversos compuestos químicos y metales pesados que pueden penetrar en el sistema respiratorio y generar efectos adversos en la salud. La exposición prolongada a estos contaminantes se asocia con enfermedades respiratorias crónicas, problemas cardiovasculares e incluso riesgos de cáncer, afectando con mayor intensidad a niñas, niños, personas adultas mayores y comunidades ubicadas cerca de focos de emisión.
En este sentido, la contaminación del aire no solo representa un problema ambiental, sino también un desafío de salud pública que requiere atención integral y coordinada entre distintos niveles de gobierno y sectores sociales.
Dentro de este panorama, la problemática de las ladrilleras adquiere especial relevancia, ya que constituye una fuente importante de emisiones contaminantes que, aunque a menor escala que la industria formal, tiene efectos directos y concentrados en zonas habitadas. En muchas de estas unidades productivas se emplean materiales de combustión altamente tóxicos, como llantas, plásticos y residuos diversos, lo que genera la liberación de humo con altas concentraciones de sustancias nocivas, incluyendo metales pesados.
Esta situación impacta directamente la calidad del aire en las colonias cercanas y expone a sus habitantes a riesgos significativos para la salud. Sin embargo, también es importante reconocer que las ladrilleras representan una fuente de ingreso para sectores vulnerables, lo que complejiza su regulación y exige soluciones que integren tanto la dimensión ambiental como la social. En consecuencia, abordar la contaminación del aire en San Luis Potosí implica no solo fortalecer la supervisión de las empresas y mejorar las políticas de control de emisiones, sino también atender de manera prioritaria la situación de las ladrilleras, promoviendo alternativas productivas más limpias que permitan reducir su impacto sin afectar los medios de vida de quienes dependen de esta actividad, con el objetivo final de proteger la salud y el bienestar de las y los potosinos.
No podemos quedarnos únicamente con el ruido y la narrativa que se construye alrededor de estas problemáticas; es necesario profundizar y, como ciudadanía, mantenernos informados y atentos a todo lo que sucede en nuestro estado.
