La esclavitud moderna se manifiesta de diversas maneras, siendo el trabajo infantil una de las más extendidas en México y en el mundo. Cerca de 3.7 millones de menores de entre cinco y 17 años se ven obligados a trabajar en condiciones precarias, con jornadas extenuantes que limitan sus derechos fundamentales.
El 1 de febrero de 2024, las autoridades mexicanas llevaron a cabo un operativo de rescate en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán, donde se liberaron a 18 menores que eran explotados laboralmente en una plantación de arándanos.
Cada 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para concienciar sobre la necesidad urgente de erradicar esta problemática, que afecta de manera negativa a la infancia y adolescencia en las comunidades más vulnerables.
A pesar de los esfuerzos y compromisos internacionales para reducir y eliminar el trabajo infantil, México sigue enfrentando desafíos significativos en este ámbito, especialmente en zonas rurales, entre la población migrante y en el sector agrícola.
Las estadísticas sobre el trabajo infantil en México son alarmantes. Aproximadamente 400,000 niños tienen entre cinco y nueve años, 1.5 millones tienen entre 10 y 14 años, y 1.8 millones son adolescentes de 15 a 17 años, según datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del Inegi.
El trabajo infantil tiene consecuencias devastadoras para la salud física y mental de los menores, así como para su educación. En México, tres de cada diez niños en esta situación no asisten a la escuela, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y exclusión.
El concepto de trabajo infantil abarca cualquier actividad que ponga en riesgo la salud, seguridad o moralidad de los niños, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta problemática está estrechamente relacionada con la pobreza, la desigualdad y la falta de protección social.
A nivel mundial, se observa una correlación entre el desarrollo humano y la incidencia del trabajo infantil. En los países de ingresos bajos, la proporción de menores que trabajan es hasta diez veces mayor que en los países de ingresos altos, lo que refleja la urgente necesidad de políticas públicas inclusivas.
Las transferencias directas del gobierno hacia las familias y la protección social universal son clave para prevenir y eliminar el trabajo infantil. Garantizar una vida digna para la niñez, libre de violencia y con acceso a la educación y la salud, es fundamental para construir un futuro más justo y equitativo.
