Desiree Madrid
La política pública diseñada en San Luis Potosí para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante la última década (2013-2023) se ha quedado atrapada entre la simulación, la opacidad y el desorden interinstitucional, incapaz de contener el clima de violencia y riesgo que enfrentan estos sectores. Esa es la conclusión central del diagnóstico “Informar y Defender Derechos en SLP: Entre Simulación, Avances y Riesgos”, elaborado por Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) y presentado ante organizaciones civiles y el gremio periodístico.
Basado en un análisis documental exhaustivo y en trabajo de campo en las cuatro regiones del estado, el informe expone cómo los compromisos gubernamentales se han convertido en una política “decorativa”, desarticulada y sin capacidad real para garantizar seguridad ni condiciones de trabajo dignas.
La presentación estuvo a cargo de María José Puente Zavala, representante de la Red de Mujeres Periodistas, y Alejandra Balduvín Álvarez, coordinadora del proyecto en Educiac. Ambas coincidieron en un punto: aunque el Estado ha creado leyes y mecanismos, la distancia entre la norma y la realidad cotidiana de periodistas y defensores es “un abismo” que termina poniendo en riesgo sus vidas.
Además de documentar agresiones, el diagnóstico analiza formas de control institucionalizado como el uso discrecional de la publicidad oficial, que se ha convertido en un instrumento de presión económica y editorial.
El caso del fotoperiodista Édgar Daniel Esqueda Castro, desaparecido forzadamente y asesinado en 2017, se presenta como el ejemplo más crudo de esta ineficacia. A más de seis años del crimen, no hay una sola persona detenida, vinculada a proceso o sentenciada.
Balduvín recordó que, pese a la solicitud de atracción de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión y a los indicios de participación de elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado, la investigación permanece estancada en la Fiscalía General del Estado (FGE). Este bloqueo no solo revictimiza a la familia, sino que refuerza la percepción de que el sistema de justicia se detiene cuando existen posibles responsabilidades de funcionarios públicos.
El análisis cualitativo realizado en municipios de las cuatro zonas del estado, incluidos Tamazunchale y Huehuetlán en la Huasteca, confirmó una profunda desconfianza en las instituciones encargadas de recibir denuncias. Periodistas y defensores calificaron al Mecanismo Estatal de Protección como “inoperante” y meramente “de papel”.
Ante esta falta de credibilidad, la propia sociedad civil ha optado por visibilizar agresiones en redes sociales o en medios de comunicación como una forma de protección, antes que acudir a canales oficiales que consideran poco efectivos o incluso riesgosos.
El informe también señala la falta de transparencia de la Unidad Estatal de Protección (UEP), responsable de la operación del Mecanismo. Aunque el Plan Estatal de Desarrollo reportó 89 casos atendidos entre 2015 y 2021, la información sigue clasificada: no se sabe si se trató de periodistas o defensores, qué medidas de protección se otorgaron ni cuál fue el desenlace.
La Secretaría General de Gobierno mantiene reservadas incluso las actas del Pleno del Mecanismo, impidiendo evaluar la efectividad de las acciones y alimentando un ciclo de simulación y ausencia de rendición de cuentas.
Otra omisión relevante corresponde al Poder Legislativo. María José Puente Zavala subrayó que la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado se instaló en tres legislaturas consecutivas (2015-2018, 2018-2021 y 2021-2024), pero su desempeño fue “malo” y sin resultados legislativos significativos.
Aunque convocó a funcionarios estatales y municipales en diferentes coyunturas, nunca logró consolidar un marco de protección robusto ni dar seguimiento a las problemáticas estructurales. Para colmo, en la legislatura actual la Comisión ni siquiera ha sido integrada.
Uno de los hallazgos más graves del diagnóstico es el desorden y la descoordinación interinstitucional. Aunque dependencias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) forman parte del Pleno del Mecanismo, las instituciones actúan de manera aislada, sin comunicación efectiva ni estrategias conjuntas.
“Parece que no se hablan entre sí”, resumió Balduvín, al referirse a esfuerzos fragmentados que diluyen el impacto de la política pública y malgastan recursos sin resultados palpables.
Este escenario se conecta directamente con la impunidad. El informe retoma datos nacionales que indican que solo el 0.5 por ciento de las investigaciones por delitos contra la libertad de expresión llega a una acción penal. En San Luis Potosí, esto se traduce en que la mayoría de amenazas, agresiones y hostigamientos contra periodistas y defensores quedan sin castigo. El mensaje es devastador: agredirles no tiene consecuencias.
El estudio también aborda las vulnerabilidades previas a la agresión, especialmente la precariedad laboral. Señala que el periodismo sin prestaciones, sin seguridad social y dependiente de la publicidad oficial genera un entorno de riesgo permanente. Si un medio teme perder convenios gubernamentales, es menos probable que respalde a un reportero ante una amenaza o una agresión; dinámica que favorece la autocensura, inhibe la denuncia y perpetúa violencias económicas y simbólicas.
Para romper con una década de simulación, el diagnóstico propone una batería de reformas y acciones agrupadas en cuatro ejes: Prevención, Protección, Investigación y Reparación/No Repetición.
Entre las medidas urgentes están la elaboración de protocolos de cobertura segura con enfoque territorial y de género; garantizar prestaciones laborales mínimas para periodistas; profesionalizar a la UEP, FGE y CEDH en la atención de casos; y actualizar la normativa con base en diagnósticos anuales que reflejen la realidad del gremio.
Educiac concluye con un llamado directo al Estado potosino: reconocer públicamente y sin estigmatizar la labor de periodistas y personas defensoras, quienes sostienen el derecho a la verdad de la sociedad.
La política de protección debe dejar de ser un ejercicio burocrático y convertirse en una estrategia integral que enfrente la impunidad, transparente su funcionamiento y actúe con diligencia. Solo así podrá comenzar a desmontarse la estructura de riesgo que hoy vulnera a quienes informan y defienden derechos en San Luis Potosí.
