El caso de Diego Santoy Riveroll sigue siendo uno de los más mediáticos y polémicos en la historia criminal reciente de México. Fue señalado en 2006 como el responsable del brutal asesinato de los hermanos Peña Coss, de 7 y 3 años, en Monterrey, Nuevo León, hecho que conmocionó a la nación.
La versión oficial indica que Diego ingresó a la casa de su expareja, Erika Peña Coss, durante la madrugada, donde asesinó a los menores, dejando a la madre de Erika herida y a la trabajadora doméstica secuestrada. Erika sobrevivió y, con graves lesiones, señaló a Diego como el autor del crimen.
Sin embargo, las irregularidades en el proceso judicial han mantenido a este caso en la palestra pública. Desde su detención, Santoy alegó que fue víctima de torturas y presiones para admitir su culpabilidad, lo que pone en duda la validez de su confesión. Además, aseguró que Erika Peña Coss también estuvo involucrada y que él actuó bajo su manipulación, pero nunca fue procesada, lo que aumenta las sospechas sobre la imparcialidad del sistema judicial.
Durante el juicio, las anomalías fueron evidentes. Se reportaron múltiples violaciones al debido proceso, como la eliminación de testimonios clave y la falta de una defensa adecuada en las primeras comparecencias de Santoy. Estas fallas fueron fundamentales en la posterior controversia sobre el caso.
En 2010, a pesar de las irregularidades, se le impuso una condena de 138 años por homicidio calificado, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad y robo de vehículo. No obstante, la figura de Santoy fue construida mediáticamente como la de un asesino despiadado, alimentando una narrativa que muchos consideran parcial, lo que genera dudas sobre la ética de los medios en este tipo de casos.
En 2022, se ordenó la reposición parcial de su proceso, tras descubrirse nuevas irregularidades en la recolección de pruebas y en su declaración inicial. A pesar de esto, algunos testigos claves no se presentaron, lo que dificultó alcanzar una resolución definitiva. Santoy sigue cumpliendo su condena en prisión mientras espera nuevas audiencias que podrían modificar su sentencia.
Este caso continúa siendo fuente de debate, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por las dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial y la responsabilidad real de los involucrados.
