El Radar
Por Jesús Aguilar
El lunes 1 de diciembre el IFSE dará a conocer ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado los resultados de 178 auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2024, con un monto hasta ahora preliminar de cerca de 1,400 millones de pesos en observaciones pendientes de solventar.
Ayer entrevisté a Rodrigo Lecourtois, responsable del Instituto de Fiscalización Superior del Estado y me adelantó que los 600 millones que la Universidad Autónoma ejerce, fueron observados, también que el Ayuntamiento de la Capital ha venido solventando señalamientos grandes librando ya al menos 200 millones de pesos señalados.
La transparencia debe regir a todas las entidades públicas y ahora tendrán que responder con claridad qué demonios fue que hicieron con tanto dinero.
No se trata de un error contable o de diferencias menores: hablamos de recursos de los potosinos —de impuestos, derechos, presupuesto estatal y municipal— que parecen diluirse sin explicación. Y lo más grave: en muchos casos esos recursos provienen de municipios, es decir, fondos que deberían reflejarse directamente en servicios públicos, infraestructura, programas sociales o inversión comunitaria.
Un patrón histórico: impunidad, descuido, malos manejos
Este año no es la excepción. En 2023, el IFSE ya había detectado irregularidades históricas por más de 2,397 millones de pesos en las cuentas públicas de SLP.
Es decir: el problema no es un desliz puntual, sino un patrón recurrente. Recursos públicos que sistemáticamente no se justifican; auditorías que constantemente detectan agujeros presupuestales; y dependencias que regresan parcialmente esos recursos, presentan documentos incompletos o evitan responder con claridad.
El resultado no lo percibimos luego en mejores calles, servicios, obras o servicios básicos: lo percibimos en escuelas incompletas, en calles intransitables, en servicios públicos deficientes, en promesas no cumplidas.
¿Por qué persiste? Porque la corrupción y la mala administración conviven con impunidad endémica
La existencia de normas, leyes y órganos fiscalizadores —como el IFSE, como la normativa nacional contra la corrupción— no basta. Aún en presencia de señales claras de desvío o mal uso, los castigos son mínimos o nulos.
Esto tiene raíces profundas en el modelo institucional mexicano: como señala la literatura especializada, la corrupción no es un problema aislado, sino estructural, asentado en redes de complicidades, falta de rendición de cuentas real, discrecionalidad en contratos públicos, ausencia de controles efectivos, y una justicia lenta o complaciente.
Por ejemplo, en compras públicas y contratos, investigadores han señalado que buena parte de la corrupción proviene no tanto del contenido del contrato —lo que se solicita— sino de las relaciones entre compradores (gobierno) y proveedores, lo que permite manipular adjudicaciones, inflar costos o entregar “servicios” que nunca existieron.
Cuando esos mecanismos se combinan con una débil supervisión ciudadana, burocracias opacas y un sistema judicial poco eficaz, el resultado es un festín permanente para quienes ven en lo público una oportunidad privada.
En San Luis Potosí el costo lo paga la ciudadanía
Para quienes vivimos la realidad potosina —ciudad de SLP, Soledad, municipios urbanos y rurales— el costo es tangible. Cuando el erario se diluye, no es un “aquí se fue un poco de dinero”. Es que se dejan obras a medias, se abandonan caminos, se postergan servicios esenciales, se deja sin agua, sin infraestructura, sin oportunidades a comunidades enteras.
Claro, si alguien revisa los informes —como los 178 que presentará el IFSE— tal vez algunos responsables devuelvan parte del dinero, o presenten papeles que “justifiquen” parcialmente esas erogaciones. Pero eso no borra la evidencia de un sistema quebrado: de un sistema en el que el poder público parece funcionar para beneficiar a unos cuantos, no para servir al bien común.
Expertos lo advierten: sin reformas profundas, los agujeros seguirán abiertos
Académicos y especialistas en finanzas públicas coinciden: no basta con auditorías aisladas ni con leyes fragmentadas. El problema requiere reformas estructurales que reduzcan la discrecionalidad, transparenten los contratos, fortalezcan la rendición de cuentas real, y garanticen sanciones efectivas cuando haya irregularidades.
Además, estudios recientes señalan que la corrupción en la contratación pública —a través de adjudicaciones a proveedores con vínculos turbios, empresas fantasma o relaciones de conveniencia— es uno de los principales mecanismos de desvío desde los gobiernos locales hasta la federación.
Lo que quiere decir algo claro: estos no son “errores de administración” aislados. Estamos ante una cultura de impunidad, que se reproduce generación tras generación de funcionarios.
¿Qué hace falta en San Luis Potosí? Un escrutinio ciudadano, vigilancia real, castigos ejemplares
Como periodista, ciudadano y potosino, te lo digo claro: no basta con que se publiquen los informes, con que se levanten observaciones, con que algunos regresen algo de dinero. Lo que necesitamos es:
- Transparencia real: que cada peso ejercido esté rastreable, con contratos públicos, licitaciones abiertas, proveedores conocidos.
- Rendición de cuentas efectiva: que los responsables rindan cuentas —no solo ante auditorías, sino ante la ciudadanía, medios, organizaciones civiles.
- Sanciones ejemplares: penal, administrativa, política. Que quienes usen mal el dinero de todos paguen consecuencias reales, no simbólicas.
- Vigilancia ciudadana y participación social: que medios, asociaciones, ciudadanos exijamos claridad, resultados, corresponsabilidad.
Para nosotros —los que vivimos la ciudad, los municipios, los que sentimos el abandono— esto representa más que cifras: representa desdén, injusticia, desigualdad.
Y para quienes creemos en un periodismo serio, en una ciudadanía activa, en un estado de derecho auténtico: representa una responsabilidad. No basta con denunciar: hay que empujar para que se castigue lo que debe castigarse, que se corrijan los errores, que cambie la cultura de la impunidad. Porque si no —y temo que así será— esas 1,400 millones se convertirán en 2,400, en 4,000, y seguirá usándose el dinero de todos como si fuera un botín exclusivo de quienes detentan el poder.
Hoy, más que nunca, la gente debe saber lo que cuesta la mala administración. Y exigir —con voz firme, con datos, con periodismo— que quienes roban o desperdician esos recursos respondan. Porque cada peso mal administrado es, al final, un derecho arrebatado a la sociedad.
