La diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, con el objetivo de incluir el acoso escolar como una forma de violencia, a fin de proteger el derecho de niñas, adolescentes y mujeres a una educación segura y libre de agresiones.
La propuesta busca homologar el concepto de acoso escolar con el establecido en la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de otorgar mayor certeza jurídica y fortalecer las acciones de prevención.
¿Qué se considera acoso escolar?
El documento define la violencia escolar como toda agresión física, verbal, psicológica, patrimonial, cibernética o sexual que ocurre dentro del entorno educativo, ya sea entre estudiantes, docentes o personal administrativo.
El acoso escolar se caracteriza por conductas reiteradas como burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones, aislamiento o insultos, que generan un abuso de poder del agresor —a menudo apoyado por un grupo— sobre una víctima en situación de indefensión. Estas conductas pueden presentarse dentro o fuera de las instituciones, incluso a través de medios digitales.
Impacto y medidas institucionales
La diputada, quien preside la Comisión de Igualdad de Género, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el bullying como cualquier agresión física, psicoemocional o patrimonial contra niñas, niños o adolescentes en las escuelas.
“El acoso escolar perjudica el desarrollo educativo de la niñez y la adolescencia; por ello, el Estado debe garantizar entornos seguros y libres de violencia”, subrayó Hernández Ramírez.
Actualmente, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) cuenta con un protocolo para erradicar el acoso escolar en escuelas públicas y privadas, el cual proporciona herramientas al personal docente para detectar, atender y canalizar los casos, respetando siempre los derechos humanos de las víctimas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género, con opinión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su análisis.
