Con 476 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que endurecen las sanciones y facilitan el uso de armas para la defensa personal en el país. La reforma, que fue aprobada por unanimidad, incluye penas de hasta 30 años de cárcel para quienes trafiquen o introduzcan armamento ilegal al territorio nacional.
La nueva legislación tiene como objetivo fortalecer el control sobre la posesión de armas y permitir que los ciudadanos puedan defenderse de la violencia que azota el país. Entre las medidas más destacadas, se facilita la obtención de permisos para tener armas en los domicilios, específicamente con el fin de proteger bienes y personas ante el crimen organizado.
Además, la reforma permite el uso de armas en áreas estratégicas y de seguridad pública como empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos, incluyendo entidades como Pemex, CFE, Banxico, Casa de Moneda y el SAT, para que sus empleados puedan portar armas de fuego como parte de sus funciones de seguridad.
La iniciativa también establece sanciones severas para aquellos que participen en el tráfico de armas, con penas que van de 7 a 30 años de prisión y multas que pueden llegar hasta 2 mil veces el valor de la UMA. Además, se refuerzan los derechos de las comunidades ejidales y comunales a la posesión responsable de armas, siempre para fines lícitos.
A pesar de algunas abstenciones, la reforma fue respaldada por todos los partidos políticos. Se espera que el Senado discuta y vote sobre el dictamen en los próximos días.
