La eutanasia ha sido un tema de debate ancestral en México y en el mundo; sin embargo hay algunos países que lo consideran un derecho humano y por tanto este procedimiento es legal. Este no es el caso de México, pero por años se ha buscado que exista una regulación que garantice una muerte digna a quienes así lo desean. Por eso, diputados de varias bancadas presentaron este martes una iniciativa para reconocer en México la aplicación de la eutanasia.
Con el objetivo de garantizar a los pacientes en condiciones críticas el derecho de una muerte digna y sin dolor es que se buscará crear una iniciativa que incentive esto. Fueron los legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PVEM y PRD quienes presentaron una propuesta para modificar la Ley General de Salud para incluir una regulación que permita a las personas cuándo morir.
Esta iniciativa propone eliminar el artículo 166 Bis 21 en el que se estable lo siguiente: “Queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables”.
Al buscar una iniciativa que reconozca esta práctica, se busca que dicho apartado sea eliminado al considerar que la muerte digna es un derecho para los seres humanos en condiciones de sufrimiento.
Los casos en los que podría aplicarse la eutanasia son: al sufrir una enfermedad terminal, al sufrir una condición médica irreversible, al sufrir agonía con pronóstico de vida de dos a tres días. Aunque estas condiciones tendrán que ser evaluadas y consideradas con otros factores, como que el paciente sea mayor de edad, que esté en pleno uso de sus facultades mentales, así como que esté libre de cualquier influencia o presión.
Países que reconocen la eutanasia como un derecho humano
De acuerdo con la Gaceta de la UNAM, solamente en siete países del mundo es legal: Bélgica, Luxemburgo, Colombia. Canadá, Nueva Zelanda, España y Países Bajos, la cual fue la primera nación en aprobar este procedimiento en abril del 2002.
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