El Radar
Por Jesús Aguilar
Ya sea por miedo al ridículo, a un problema legal mayor que implique una potencial inhabilitación o por puro sentido común, las y los diputados del Congreso potosino que terminan su legislatura en poco más de mes y medio y que son convocados hoy a aprobar (sin aparentes candados) la municipalización de Pozos, deberían reflexionar sobre su actuar.
Todo parece indicar que no tienen idea de lo que van a hacer…
Contexto y Urgencia del Gobernador
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha mostrado una urgencia notable para llevar a cabo la municipalización de Villa de Pozos, sus empleados no han discutido la decisión. Nadie lo hace. Es una orden tajante hacer municipio una de las 3 delegacones de la capital potosina.
Esta prisa es evidente en sus declaraciones y acciones, como la inclusión de presupuesto para la elección de las primeras autoridades municipales en 2025, a pesar de las irregularidades y las posibles consecuencias legales que esto podría conllevar.
Hoy su objetivo se hace más urgente en la reconstrucción de la escena política local por el increíble adelanto de tiempos en los que ya se anticipa su apuesta única por apuntalar a su candidata contra quien ya podemos ubicar como el único tirador serio y potente de la oposición, el alcalde reelecto de la capital Enrique Galindo.
Irregularidades en el Proceso Municipalizador
El proceso para la municipalización ha estado plagado de irregularidades, desde la recolección de firmas hasta el plebiscito realizado el 24 de septiembre, que se llevó a cabo con solo el 35.81% del presupuesto requerido, resultando en la instalación de una tercera parte de las casillas necesarias. Además, el dictamen del 3 de octubre estableció que el nuevo municipio absorbería un porcentaje del adeudo del ayuntamiento capitalino, contradiciendo las afirmaciones del gobernador de que nacería sin deuda.
Interferencia del Poder Judicial Federal
Los diputados locales han mostrado una sumisión hacia el gobernador, incluso ignorando las resoluciones del Poder Judicial Federal. Han avanzado con la municipalización sin esperar a la resolución de fondo de los juicios de amparo en curso, lo que podría resultar en la emisión de un decreto ilegal. Este comportamiento refleja una falta de prudencia jurídica, similar a la que mostraron el 18 de diciembre de 2021 cuando inhabilitaron a funcionarios municipales sin que la Justicia Federal hubiera confirmado sus responsabilidades.
Problemas con la Recolección de Firmas
El proceso de recolección de firmas para la solicitud de municipalización también ha sido cuestionado por la autoridad electoral. De las firmas recolectadas, un 37% presentaban irregularidades, incluyendo firmas de personas fallecidas, repetidas, de personas ajenas a la delegación e incluso de otras entidades. A pesar de estas irregularidades, el dictamen que se someterá al Pleno del Congreso del Estado sigue siendo el mismo que se dictaminó el 27 de septiembre de 2023, sin modificaciones para subsanarlas.
Periodo de Vigencia del Plebiscito
Otro aspecto crítico es la vigencia del plebiscito realizado hace diez meses. No está claro por cuánto tiempo más este plebiscito tiene validez y si la lista nominal utilizada entonces sigue siendo relevante para la solicitud de municipalización. Si se considerara la lista nominal actual, la solicitud necesitaría 23,536 firmas, mientras que actualmente solo cuenta con 22,501, quedando 1,035 firmas por debajo del requerimiento.
Motivaciones Políticas
El ímpetu del gobernador Gallardo Cardona para la municipalización podría estar motivado por resultados electorales recientes en la delegación de Villa de Pozos, donde su partido, el PVEM, obtuvo una ventaja significativa. Crear un nuevo municipio gobernado por el PVEM permitiría a su grupo político consolidar su poder en una zona con alto potencial para desarrollos inmobiliarios y otros negocios lucrativos.
Las y los diputados locales de San Luis Potosí enfrentaríanproblemas legales significativos al avanzar con la municipalización de Villa de Pozos, debido a la urgencia del gobernador, las irregularidades en el proceso, la interferencia con el Poder Judicial Federal, y las posibles motivaciones políticas detrás de esta decisión. El llamado a la conciencia y al respeto a la ley lo debe hacer el propio Gobernador a sus huestes, implicar un “levantadedismo” sin razonamiento y medición de consecuencias no puede pasar desapercibido.
No se trata de estar a favor o en contra, se trata de respetar las leyes, discutir los temas de forma profunda y real y no generar abusos de poder que terminen en la tremenda exhibida que viene… en horas.
