Con la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, su próximo nombramiento como embajador en Alemania, la llegada de Ernestina Godoy y los rumores de cambios en diversas Secretarías —sumado a la inminente destitución de Julio Berdegué Sacristán de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural—, así como la planificación de las elecciones intermedias de 2027 para renovar el Congreso y la mayoría de las gubernaturas, se pone en marcha un efecto dominó en el que todos buscarán salir beneficiados. Y eso terminará afectando a nuestro Estado.

¿Estado Fallido?

Las disputas internas de Morena y la división de bloques, que han dado lugar a una guerra mediática, muestran al bloque de Claudia Sheinbaum como el más fuerte hasta el momento

—especialmente por la fuerza y habilidad mostrada por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pero esto más que tranquilizarnos, genera incertidumbre sobre cuánto control real tiene la Presidencia, pues vemos que la Cámara de Diputados y de Senadores han velado por sus propios intereses, al grado de omitir iniciativas de la Presidenta, como la reforma contra el nepotismo en candidatos. Esto, sin mencionar los grandes escándalos protagonizados por figuras relevantes del partido (como señalan diversos medios en referencia a liderazgos controvertidos dentro de Morena).

El problema no se reduce a “grillas internas”: la percepción de inseguridad en el país ha vuelto a crecer. Según la Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el tercer trimestre de 2025, el 63 % de la población adulta en zonas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad. Esa cifra representa un aumento respecto al 58.6 % del mismo periodo en 2024.

Este contexto se agrava con hechos graves como asesinatos —por ejemplo el de Carlos Manzo— tomas de carreteras por transportistas y agricultores, protestas sociales derivadas de la inseguridad, así como la falta de confianza en las instituciones encargadas de protegernos. También se suman otros desafíos estructurales: presiones económicas (inflación, alza en los precios de la canasta básica), renegociaciones comerciales internacionales (como la próxima renegociación del T-MEC), y preparativos de nuevos eventos de gran escala (como el mundial que México podría albergar). En este escenario, ante tanta incertidumbre, la pregunta es inevitable: ¿podrá nuestra Presidenta sacar esto adelante?

Como ciudadanos —más allá de nuestras inclinaciones políticas— queremos creer que sí. Si las cosas se hacen bien, los beneficiados seremos nosotras y nosotros. Pero también sabemos que muchas de estas cargas son herencia de malos gobiernos y malas decisiones anteriores. Entonces, la pregunta late: ¿quién pagará los platos rotos?

¿Morena a la vista?

Tras la reunión entre Rita Ozalia Rodríguez y el gobernador Ricardo Gallardo, y lo que se ha denominado el “Cónclave Morenista” del fin de semana, los rumores sobre el regreso a San Luis —de “potosinos de exportación” que ocuparon roles federales, encabezados por Juan Ramiro Robledo— han aumentado. Esto intensifica la presión y dispara el interés por resolver si el Partido Verde Ecologista de México y Morena irán juntos en San Luis Potosí en 2027.

Lo que sí parece claro es que ambos frentes están cerrando filas y preparándose para lo que será una de las negociaciones más complejas e importantes para el Estado. El resultado de esa pugna, o de ese acuerdo, marcará en buena parte el rumbo político local para los próximos años.

¿Y la Facultad de Derecho?

Hoy cerramos con uno de los temas que más polémica ha generado dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP): la dirección de la Facultad de Derecho. Desde la renuncia del maestro Pedroza Gaitán, la facultad pareciera dividida entre “profesores vs. alumnos”. Por un lado, varios docentes apoyan perfiles políticamente y socialmente afines —como los de Delgado Sam, Lucy Lastras o Geo González—; por otro, el alumnado respalda con fuerza a académicas y figuras del cuerpo docente como las doctoras Suhey Tristán, Violeta Méndezcarlo, Edith Argüelles, Xóchitl Rangel, entre otras.

Los posicionamientos han sido claros. Y una de las principales banderas que nuestra Alma Mater defiende es la autonomía. En este contexto, algunos candidatos parecen “bluffear” apoyos partidistas, afiliarse a corrientes políticas, interesarse más en ambiciones personales que en el desarrollo académico de estudiantes y en el fortalecimiento real de la facultad.

Resulta contradictorio aspirar a un cargo académico empleando métodos propios de comicios políticos, siendo juez y parte del proceso interno, o minimizando las voces que consideran que la Universidad necesita un nuevo rumbo.

La Facultad necesita pluralidad de ideas —pero sobre todo necesita transparencia en sus procesos. Es una realidad que en muchos casos vive de sus viejas glorias: con estudiantes que a veces no salen preparados, docentes que no cumplen con su labor y aulas vacías.

¿Cómo esperan un cambio real haciendo lo mismo de siempre? Debe abrirse paso a nuevas generaciones, a la innovación y a la preparación, no a “grillos anquilosados” que quieren usar a la facultad —y a la universidad— como un bastión político.

Desde mi condición de egresado, solo espero que mi Facultad se una y se fortalezca, que nuestros programas formen juristas y profesionistas de calidad, con convicciones sólidas al servicio de la sociedad. Ese es el camino. El debate político sobra en un espacio académico

—y ya hemos visto alas de todos los colores, con sus playeras y lemas. Pero lo que

realmente deberíamos portar con valentía y orgullo es la camiseta de nuestro país… y la de

nuestra Universidad.

Siempre Autónoma, por mi Patria Educaré.

— Alan Imanol García Méndez