Dos ex funcionarias de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra Humberto Benítez Treviño, titular de la dependencia, y otros funcionarios por presuntas intimidaciones, y hostigamiento para obligarlas a renunciar a sus cargos como delegadas en Guerrero e Hidalgo.
Las ex delegadas, Sonia Leslie del Villar Sosa y Nidia Valdez Sánchez, dijeron en conferencia de prensa que con el cambio de la administración federal les exigieron sus renuncias. Ante su negativa les advirtieron que se tendrían que atener a las consecuencias.
Al no ceder a las presiones ambas mujeres fueron cambiadas de delegaciones. A del Villar Sosa se le trasladó de Hidalgo a Baja California, y a Valdez Sánchez de Guerrero a Tamaulipas.
Posteriormente se les acusó de irregularidades por la desaparición de expedientes y daños patrimoniales en las delegaciones en donde originalmente estaban designadas.
Por ello, en la denuncia se acusa de “actos de intimidación, así como actos violatorios de derechos en materia penal como el de presunción de inocencia y el de certeza jurídica”, dice el documento que presentaron esta tarde ante los medios.
Del Villar y Valdez señalan como responsables de las intimidaciones y el hostigamiento a Humberto Benítez Treviño, Procurador Federal del Consumidor; Silvio Lagos, responsable del órgano interno de control, y a Rafael León Barrios, de Comunicación Social.
Nidia Valdez explicó que nunca existió una explicación más que los “ciclos terminan”. Agregó que cuando ella accedió al cambio de delegación fue cuando iniciaron las auditorias que terminaron por señalar las presuntas irregularidades.
“Los señalamientos que se nos hicieron fueron amenazas, como la situación de mandarnos a investigación con la PGR”, dijo a la prensa.
Por su parte, Sonia del Villar manifestó que ella no quiso dejar su puesto en Hidalgo y expresó que si fuera cambiada de circunscripción tendría que ser indemnizada como lo marca la ley.
Fue a ella a quien amenazaron con atenerse a las consecuencias.
“En enero me llega un documento donde el titular de la Procuraduría, el licenciado Humberto Benítez Treviño me dice que me cambia, que me manda a 2 mil 800 kilómetros de mi tierra, sin tener yo la certeza de saber qué iba a pasar conmigo”, explicó la ex delegada.
