El Radar
Por Jesús Aguilar
Durante décadas fue una figura intocable en San Luis Potosí: apoderado legal de la Arquidiócesis, nexo directo con gobiernos estatales, consejero en organismos de Derechos Humanos y transparencia, y sacerdote influyente entre la élite local y nacional.
Sin embargo, en 2014 su nombre saltó de las portadas por denuncias de abuso sexual contra menores y desde entonces su rastro se perdió.
Eduardo Córdova Bautista, pederasta con múltiples víctimas que tuvo que huir dejando una terrible estela de impunidad.
Un encubrimiento sostenido
Las primeras acusaciones datan de 1983 cuando aún era estudiante. A pesar de múltiples denuncias —en 2004, 2008 y 2012—, fue ordenado sacerdote en 1988 por el obispo Arturo Szymanski Ramírez, quien se convirtió en su protector institucional.
Las autoridades eclesiales optaron por trasladarlo, no por sancionarlo: familiares y testigos relatan que se le ofreció tratamiento para “enfermedad”, pero sin seguimiento real.
Cuando finalmente fue suspendido e investigado públicamente en 2014, ya tenía décadas de poder consolidado, acumulando cargos y acercamientos clave con figuras políticas de PRI y PAN.
Delitos formales sin justicia real.
En mayo de 2014 se presentó una denuncia penal por abuso sexual calificado, corrupción de menores y privación ilegal de la libertad contra 19 menores. La PGJE de SLP abrió una investigación, pero no avanzó: tanto el entonces procurador Miguel Ángel García Covarrubias como su sucesor Federico Garza Herrera dilataron el proceso.
En 2016, la Interpol emitió una ficha roja internacional en su contra, pero hasta hoy sigue prófugo sin señales de captura.
¿Quién lo protegió y por qué desapareció tan rápido?
El entramado de protección no solo fue eclesiástico, sino político y social. Como abogado defensor de las víctimas, Martín Faz Mora señaló un “entorno institucional de encubrimiento” que lo untó de poder y lo hizo invulnerable durante décadas. Familias de abolengo, cuyos hijos fueron afectados, guardaron silencio por miedo a represalias sociales y religiosas.
Ante el escándalo público y presión mediática, su desaparición fue fulminante. Se especula que pudo ser trasladado a España con ayuda de redes católicas influyentes: una versión indica que salió en avión privado con respaldo de familias poderosas y contactos internacionales. Hasta la fecha, el paradero no ha sido confirmado.
Poder clerical con trastornos: un patrón global
El caso de Córdova Bautista evidencia un fenómeno sistemático: sacerdotes con trastornos sexológicos que alcanzan altos rangos jerárquicos, son protegidos por culturas clericales opacas y trasladados de un lugar a otro para ocultar el delito.
El Vaticano estableció políticas de “tolerancia cero” que ordenan la remoción inmediata del ejercicio ministerial a acusados, incluso obispos, pero su aplicación ha sido desigual frente a casos con poder local.
Historias como la de los Legionarios de Cristo o Bernard Law en Boston revelan cómo se extendía el encubrimiento hasta las más altas esferas.
La pregunta incómoda: ¿actuaron las autoridades estatales y nacionales para protegerlo?
La cercanía de Córdova con grupos de poder político no puede ser subestimada. Ofició matrimonios de élite, fue asesor en campañas presidenciales y ocupó puestos en el gobierno local. Su influencia le garantizó fuero social y legal
¿Cómo es posible que la fiscalía estatal no persiguiera su paradero con mayor determinación? ¿Se impidió su captura por conexiones con élites políticas y eclesiásticas?
La condena moral ya fue impuesta, queda la justicia civil
Córdova Bautista perdió su estatus sacerdotal por órdenes del Vaticano en 2014; el responsable fue la Congregación para la Doctrina de la Fe, que le retiró facultades para confesar, predicar y administrar sacramentos.
Aunque esa sanción simbolizó un quiebre, la Iglesia local nunca compartió expedientes con la justicia, remitiéndolos a Roma, lo que generó incredulidad entre víctimas y activistas
Sigue la exigencia.
El caso de Eduardo Córdova Bautista no es solo la historia de un depredador sexual: es el relato de cómo una estructura clerical, política y social puede protegerlo durante décadas. Es un recordatorio de que sin justicia efectiva, sin transparencia institucional, y sin independencia judicial, el poder se convierte en impunidad. Es imperativo que las autoridades civiles —estatales y federales— rindan cuentas: ubiquen al fugitivo, procesen a los encubridores y restituyan a las víctimas la reparación que les fue negada. Solo así se empezará a revertir un sistema de poder clerical que durante mucho tiempo operó a sombra de la ley.
