Estela Ambriz Delgado
Debido la inacción y deficiente labor del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en relación al tema de la personalidad de los integrantes del comisariado ejidal de La Pila y sus anexos, se presentó una excitativa de justicia en la Ciudad de México en contra del mismo, además de que se han promovido amparos ante los juzgados de distrito para que sea esta instancia la que resuelva la controversia con el comisariado electo y el que pretende ostentarse sin apego a la ley.
La abogada Lindsay Saldaña Candelaria, quien representa a Pedro Adrián Martínez, J. Guadalupe Segura Sustaita y Mariano Portales, presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal que resultaron electos en la asamblea del pasado 27 de marzo, consideró como irregular la forma en que ha actuado el TUA y la negativa a reconocerles la personalidad, cuando cuentan con el visto bueno de la Procuraduría Agraria, realizaron una primera y segunda convocatorias, y su acta se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
En este sentido, manifestó que era fácil determinar que los ejidatarios electos son quienes integran el comisariado, pues Armando Zárate Arvizu, José Francisco Araujo Torres y José Juan López Rivera, quienes se ostentan en el mismo cargo de presidente, secretario y tesorero, simularon la realización de una asamblea el mismo 27 de marzo, en el salón ejidal del que el primero se apropió de manera irregular.
“Es muy irregular que estas personas comparezcan junto con Pedro y los demás integrantes del comisariado, y que el tribunal diga que son terceros con interés que comparecen a un juicio. Yo le he insistido al secretario en que tiene un tema de personalidad y nos dice que promovamos un juicio de nulidad respecto del acta de Armando, lo que implicaría reconocer que existe el acto o documento, aunque no tiene las formalidades que la ley exige (…) ¿cómo voy a pedir su nulidad?”.
Ante la falta de acción del tribunal, que es la primera instancia que debería haber resuelto el tema de la personalidad, y fue algo que se solicitó desde mediados de abril, se presentó una exitativa de justicia en la Ciudad de México en su contra.
Además, el pasado lunes 26 de mayo más de 120 personas del ejido se manifestaron en la entrada del TUA e impidieron la entrada al secretario de Acuerdos, Uziel Eglé Arriaga Badillo, durante alrededor de dos horas, para reclamarle reclamaron su deficiente trabajo y que aún así se postule como candidato a magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
“La gente le dijo: ¿no puede resolver una situación tan simple siendo secretario de acuerdos, y quiere que votemos por usted el domingo para ser magistrado? ¿Con qué confianza?”, indicó la abogada.
Saldaña Candelaria subrayó la gravedad del asunto y la urgencia de que se resuelva, dado que existen múltiples juicios en los que el ejido La Pila es demandado de forma directa o bien son actores, y con esta situación no es posible darle trámite a un juicio si un elemento base es que quien promueve o a quien se demanda acredite la personalidad.
Añadió que los juzgadores están obligados a llevar a cabo sus actuaciones por ser materia social, sobre todo en cuestión agraria, aún más allá de lo que las partes agreguen o pidan, e inclusive, aunque no les hubieran pedido atender el conflicto de la personalidad, el TUA tiene la obligación de resolver el tema, porque no puede dejar al ejido en una inestabilidad, en estado de indefensión.
“El secretario de acuerdos es el que está llevando el timón del tribunal de una forma muy mala, porque no es el único ejido (…). Actualmente el TUA tiene un criterio muy desapegado de la ley y desinteresado de los problemas agrarios del estado, porque no resuelve (…); hemos tenido que promover un sinfín de recursos. No sé si sea porque el señor tiene otros intereses, porque anda más ocupado en su candidatura que en el puesto que ocupa”.
Finalmente, consideró que el tema se resolverá a través de los juzgados de distrito, con los amparos que promoverá al más reciente acuerdo emitido por el tribunal en el que, en lugar de promover un incidente, únicamente se determina se tomarían en cuenta las manifestaciones de la abogada cuando se dicte sentencia en el juicio.
Indicó que dicho acuerdo es lo mismo que nada, pero por lo menos genera un acto inconstitucional y violatorio de Derechos Humanos que podrán reclamar en los juzgados de distrito y resolver la personalidad, además de que ya han promovido otros amparos, derivado de los cuales los juzgados de distrito han girado oficios a la PA, y al RAN, así como a las dependencias si suspendieron todo hasta no tener claro quién es el comisariado.
