Los programas de apoyo al campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) están beneficiando sólo a grandes productores de alimentos, dejando de lado a más de 3 millones de pequeños productores rurales que abonan al país cerca de 30 mil millones de pesos anuales, señaló Jonathan Martínez, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En el foro “Del pequeño productor al consumidor: diversidad y nutrición”, organizado por la Alianza por la Salud Alimentaria, dijo que esta situación ha sido provocada por una mala dirección en las políticas gubernamentales de apoyo al campo, ya que considera que no atienden las problemáticas de la agricultura familiar de forma adecuada a la agricultura familiar y está beneficiando al 86 por ciento de grandes empresarios que cuentan con los medios para producir y comercializar, mientras que los primeros sólo pueden atender la producción.
“Se trata de un problema estructural y de distribución de los recursos, la política hacia el pequeño productor debe cambiar ya que ellos son los únicos que pueden garantizar el alimento a los mexicanos en el mediano y largo plazo”, enfatizó Martínez.
Actualmente, el 40 por ciento de los alimentos del país son producidos por pequeños campesinos, por lo que para diferentes especialistas y activistas enfocados a los derechos alimentarios, una mayor atención al campo mexicano podría ser la solución al problema de la obesidad y las enfermedades que de ella se desprenden.
Durante su ponencia, Martínez precisó que las estrategias implementadas en materia pueden no tener los mejores efectos ya que no tienen un enfoque integral; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Salud (SSa) y la Sagarpa van por caminos diferentes.
Una política adecuada debe atender los cuatro pilares de la seguridad alimentaria, dijo; “es la disponibilidad del alimento, el acceso a éstos, la utilización y la estabilidad. Estos elementos requieren también de una serie de políticas en materia de ingresos y gasto en el hogar […] la seguridad alimentaria no es sólo un tema de exportaciones e importaciones”.
El 80 por ciento de los mexicanos están expuestos a vivir dentro de algún grado de pobreza, lo que está íntimamente relacionado con los alimentos que integran la canasta básica de las personas y el salario mínimo actual, comentó Julieta Ponce, del Centro de Orientación Alimentaria (COA).
Esto se da en un escenario en el que los alimentos ultra procesados son de menor costo y en ocasiones es más fácil acceder a ellos, además de que actualmente 28 millones de personas tienen carencia alimentaria. “El primer paquete estratégico de alimentos incluye el frijol, verduras, frutas, maíz, amaranto, pescado, chía, semillas y aguacate. Tienen que ser accesibles para que estén en la mesa de los mexicanos cada 15 días y hasta ser subsidiados por el gobierno”.
Sin embargo, lo que ha sucedido es que por el descuido en el que viven los productores mexicanos y por el contrario, el crecimiento exponencial de supermercados, se han abierto brechas en la disponibilidad de estos alimentos en zonas rurales.
“México es un refugio irremplazable de la biodiversidad y origen de plantas comestibles y es uno de los ocho puntos principales de alimentación en el mundo, por lo que no puede renunciar a su vocación agroalimentaria […] (en México) se apoya lo que se vende y no lo que se come”, ahondó Ponce.
Finalmente, Carmen Osorio de la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (RedPAR), señaló que a partir de la crisis económica de 2008 los alimentos se han encarecido, por lo que se debía recuperar en las políticas de gobierno la participación de los campesinos, pero con una visión incluyente, ya que también debe considerarse que en las comunidades rurales, por los índices de migración, son las mujeres las que se están haciendo cargo de las tierras, pero se les sigue tratando sólo como consumidoras.
Fuente: Sin Embargo
