El Radar por Jesús Aguilar
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La discusión dejó de ser técnica hace tiempo.
Hoy el agua en San Luis Potosí se mueve en otro terreno: el del poder.
Y cuando el agua entra a la lógica del poder, deja de ser servicio… para convertirse en instrumento.
La advertencia reciente de la autoridad federal no es menor. Desde la Comisión Nacional del Agua se ha dejado claro que la eventual salida de Soledad del organismo operador no es un trámite político, sino un proceso legal complejo: las concesiones están a nombre de Interapas y su transferencia “no es automática” y podría comprometer el suministro si se ejecuta mal.
Y si, también tiene su propia carga política, el titular de CONAGUA en San Luis es uno de los alfiles más cercanos a la dirigencia estatal de MORENA y hoy más que nunca hay una tensísima calma entre los “aliados” Verde y Guinda en San Luis.
Ese dato desmonta una narrativa simplista.
Porque Interapas no es solo un organismo desgastado: es una arquitectura metropolitana de agua que articula concesiones, infraestructura, pozos, redes y obligaciones legales. Romperlo sin rediseño previo no es solución… es riesgo.
Desde la academia, el diagnóstico es todavía más incómodo.
El investigador El Colegio de San Luis, Jonathan Quintero García, lo plantea con crudeza: lo que vive la zona metropolitana no es solo una crisis hídrica, sino una “crisis de gestión del agua”, donde decisiones institucionales, crecimiento urbano desordenado y falta de coordinación han agravado el problema.
Dicho de otra forma: el problema no es únicamente que falte agua… es que no se está gobernando bien.
Y ahí entra la política.
Soledad ha construido durante años un discurso de abandono —con datos, quejas y episodios de desabasto— mientras la capital ha tenido que sostener la operación metropolitana bajo presión financiera, técnica y social. El resultado es un terreno perfecto para la confrontación: acusaciones cruzadas, ruptura institucional y una narrativa donde cada actor intenta posicionarse como víctima o salvador.
Pero hay un punto que nadie está diciendo con claridad:
El sistema ya no aguanta otra guerra política.
Ni el actual alcalde Soledense Juan Manuel Navarro ha sido un alfil político agudo en el mapa del gallardato, no es el que confronta, y no está cómodo siendo cuestionado, por tanto tampoco ha tenido como una prioridad palpable en su sorda agenda política algún tema de agudeza controversial.
Sin embargo mientras se discute quién se queda con el control, el acuífero se sigue agotando, la red sigue envejeciendo y la ciudad sigue creciendo.
Especialistas en gestión hídrica urbana, como el ingeniero Pedro Martínez-Austria —referente nacional en políticas del agua— han advertido en distintos foros que los sistemas urbanos fracasan cuando se fragmentan institucionalmente, porque el agua no entiende de límites municipales, sino de cuencas, infraestructura y continuidad operativa.
Ese es el corazón del problema en San Luis Potosí.
La tentación de separar, dividir o capturar políticamente el sistema puede ser rentable en el corto plazo… pero estructuralmente es inviable si no viene acompañada de inversión, rediseño técnico y coordinación real.
Y ahí aparece el otro vacío:
la ausencia de una intervención fuerte, ordenadora y sostenida del gobierno federal y estatal. El gobierno estatal ha usado el tema del agua y del interapas para meter ruido y al federal no le importamos un carajo.
AMLO le quedó mal a San Luis en casi todo, y en lo más palpable peor, cuando Gallardo lo abordó en una visita a la planta de BMW y exigió ayuda para resolver el tema de la presa del Realito. El tabasqueño asintió y la ayuda nunca llegó.
México ha avanzado en control regulatorio del agua, pero en territorios como este, el verdadero reto no es normar, sino financiar, ejecutar y coordinar. Sin recursos multianuales, sin saneamiento financiero del organismo y sin un plan metropolitano serio, cualquier cambio será cosmético.
Lo que viene con el ciclo político 2026–2027 abre una oportunidad… y un riesgo.
O se utiliza para reconstruir el modelo del agua —con auditoría, inversión, combate a morosidad, medición real y gobernanza metropolitana—
o se utiliza para convertir el agua en bandera electoral.
Y entonces sí, la crisis dejaría de ser administrativa… para volverse estructural.
Porque cuando el agua se usa como arma, el sistema colapsa por dentro.
Ahora bien.
En medio de ese escenario hay un dato que no se puede ignorar —aunque incomode a unos y otros—:
la crisis mayor, la del “día cero” permanente, no ocurrió.
A pesar de fallas, desgaste, conflictos y limitaciones, la ciudad no se quedó sin agua de manera generalizada.
Y eso tiene responsables.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos y su equipo, particularmente la dirección ahora encabezada por Arturo Jaimes, han operado en condiciones adversas un sistema frágil, evitando que la presión social y la escasez escalen a un punto de quiebre.
No es una absolución.
Es un dato.
Porque en política —y más en el agua— también cuenta lo que no pasó.
Y en estos cinco años, haiga sido como haiga sido, evitar el colapso total… también es una forma de gobierno.
