Por Jesús Aguilar
Una familia abre la llave.
No sale nada.
A unos kilómetros de distancia, un jardín sigue verde. Una alberca continúa llena. Un nuevo desarrollo inmobiliario anuncia áreas recreativas, lagos artificiales y plusvalía garantizada.
La escena no es excepcional.
Es la fotografía más honesta de cómo se distribuye el agua en buena parte de México.
Y también en San Luis Potosí.
Porque detrás de cada crisis hídrica suele esconderse una verdad incómoda: la escasez no siempre es resultado de que falte agua. Muchas veces es consecuencia de cómo se decide repartirla.
La investigación publicada por Astrolabio vuelve a poner el dedo en una herida que lleva años abierta: la desigual distribución de los derechos de agua y la enorme distancia entre el discurso del derecho humano al agua y la realidad cotidiana de miles de ciudadanos.
https://www.astrolabio.com.mx/la-desigual-distribucion-de-los-derechos-de-agua/
La pregunta es brutal.
¿Quién decide quién tiene agua y quién espera?
Porque cuando una colonia recibe tandeos, otra recibe pipas y una tercera mantiene suministro relativamente estable, el problema deja de ser hidráulico para convertirse en político.
En México el acceso al agua está reconocido como un derecho humano. Sin embargo, numerosos estudios han documentado que la distribución efectiva del recurso sigue marcada por profundas desigualdades territoriales, económicas y sociales.
San Luis Potosí no es la excepción.
La capital continúa dependiendo de un acuífero sobreexplotado del que proviene la inmensa mayoría del agua que consume la ciudad. Diversos análisis advierten que sin cambios profundos en la gestión, el crecimiento urbano y la protección de las zonas de recarga, la crisis seguirá agravándose.
Y mientras tanto seguimos atrapados en una dependencia que ya parece enfermedad institucional.
El Realito.
El proyecto que nació para garantizar el futuro hídrico terminó convirtiéndose en símbolo de vulnerabilidad.
Apenas en 2026 volvió a registrar nuevas rupturas y suspensiones de suministro. Las fallas se han vuelto tan frecuentes que ya dejaron de sorprender. Lo extraordinario sería que funcionara un año completo sin incidentes.
Cada nueva fuga activa el mismo protocolo.
Pozos de respaldo.
Pipas.
Comunicados.
Promesas.
Y después otra fuga.
Y luego otra.
Y otra más.
La verdadera pregunta es por qué una ciudad de más de un millón de habitantes sigue dependiendo de un sistema que ha demostrado reiteradamente su fragilidad.
Aquí aparece otro tema que nadie parece querer discutir de frente.
Los organismos operadores.
Durante años la conversación pública se ha limitado a rescatarlos, refinanciarlos o reestructurarlos.
Pero casi nadie se atreve a plantear la pregunta esencial:
¿Sirven realmente para garantizar el derecho humano al agua?
Porque preservar una institución no es lo mismo que resolver un problema.
Defender estructuras burocráticas sin evaluar resultados es una forma elegante de administrar el fracaso.
Si después de décadas seguimos hablando de fugas, tandeos, sobreexplotación de acuíferos, redes obsoletas, morosidad, falta de medición efectiva y dependencia de sistemas externos, quizá la discusión no debería centrarse en cómo salvar a los organismos operadores.
Tal vez debería centrarse en cómo salvar a los ciudadanos.
Y justo cuando el problema alcanza niveles críticos, aparece el calendario electoral.
Diputados que buscan alcaldías.
Legisladores que buscan reelecciones.
Otros que ya sueñan con candidaturas mayores.
Todos listos para pedir un nuevo voto.
Pero su saldo negativo deja preguntas inevitables.
¿Qué solución estructural dejaron?
¿Qué nueva fuente de abastecimiento impulsaron?
¿Qué reforma de fondo promovieron?
¿Qué hicieron para reducir la dependencia de El Realito?
¿Qué hicieron para proteger los acuíferos?
¿Qué hicieron para impedir que la expansión urbana siguiera creciendo por delante de la planeación hídrica?
Porque inaugurar obras es sencillo.
Gestionar el agua del próximo cuarto de siglo es otra cosa.
Prometer abasto al “dejar” Interapas.
Y el tiempo se está agotando.
La política potosina parece discutir quién ocupará los próximos cargos.
La ciudadanía debería exigir algo mucho más importante.
Saber quién se hará responsable cuando la próxima vez abramos la llave.
Y no salga nada.
