El Radar por Jesús Aguilar
Marcelo de los Santos Anaya quiere ser alcalde de San Luis Potosí.
No llega solo.
Detrás de su registro caminan el apellido de un exgobernador, un despacho familiar con décadas de relaciones públicas y privadas, negocios inmobiliarios, inversiones internacionales poco transparentadas, contratos gubernamentales y el respaldo oportuno de organismos empresariales que ahora lo presentan como la renovación ciudadana que necesita la capital.
Tiene derecho a competir.
Lo que no tiene derecho es a pedir confianza sin rendir cuentas.
El hijo de Marcelo de los Santos Fraga no es un improvisado. Tampoco es un ciudadano ajeno a las estructuras de poder. Su trayectoria profesional fue construida dentro de la firma que lleva el nombre de su padre; su presencia empresarial alcanza auditorías, asesoría financiera, proyectos inmobiliarios y sociedades relacionadas con uno de los desarrollos industriales más importantes de San Luis Potosí.
Su principal fortaleza es la misma que genera sus principales dudas: pertenece a una familia que ya gobernó el estado, hizo negocios durante y después de aquel sexenio, conservó influencia dentro del PAN y nunca se retiró realmente de la conversación política.
El respaldo que ahora recibe del Consejo Empresarial Potosino y de la Alianza Empresarial intenta colocar tres palabras: empresario, ciudadano y tecnócrata.
Pero ninguna de esas palabras borra otros tres agudos conceptos: herencia, intereses y ambición de poder.
El negocio después del gobierno
El capítulo más delicado es el de los terrenos vinculados con Logistik y con la instalación de BMW.
Durante el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga se tomaron decisiones que facilitaron la creación y expansión de una reserva industrial en Villa de Reyes. Años después, sus hijos participaron en operaciones relacionadas con terrenos, fideicomisos y sociedades que terminaron involucrados en la integración territorial del proyecto automotriz.
No está probado que el exgobernador haya diseñado aquellas decisiones para beneficiar a sus hijos. Pero terminó sucediendo.
Tampoco está probado que Marcelito haya cometido un delito por participar después en esos negocios.
Pero la secuencia existe y no puede esconderse detrás de tecnicismos.
El padre gobernó.
El estado impulsó el desarrollo industrial.
Los hijos entraron posteriormente al negocio inmobiliario.
Los terrenos incrementaron su valor.
El grupo familiar participó en estructuras empresariales relacionadas con el proyecto BMW.
Eso puede ser legal y, al mismo tiempo, requiere una explicación política.
Marcelo de los Santos Anaya debe decir cuánto invirtió, quién le vendió los derechos, qué utilidades obtuvo, qué participación conserva y qué información tenía cuando se incorporó a la operación.
No basta asegurar que todo fue entre particulares.
Cuando una fortuna privada crece alrededor de decisiones públicas tomadas por el gobierno de la propia familia, la transparencia deja de ser una cortesía.
Se convierte en obligación.
El conflicto de Logistik
Marcelo de los Santos Anaya tampoco fue un observador distante en Desarrollo Logistik.
Participó como accionista, comisario y miembro del grupo que intentó tomar el control de la empresa mediante una asamblea que posteriormente fue anulada por irregularidades en su convocatoria.
La resolución fue mercantil, no penal.
Conviene decirlo con claridad: no existe una condena por fraude en su contra derivada de ese episodio.
Pero también debe decirse lo demás: participó activamente en una disputa por bienes, terrenos, cuentas y fideicomisos de enorme valor. Las decisiones promovidas por su grupo fueron invalidadas por los tribunales.
Quien quiere administrar una ciudad debe explicar cómo administró sus conflictos empresariales.
Debe precisar cuál fue su papel en aquellas asambleas, qué intereses representaba, qué activos estaban en disputa y por qué participó en decisiones que terminaron declaradas inválidas.
No se trata de criminalizar un litigio comercial.
Se trata de evaluar criterio, transparencia y responsabilidad.
El dinero fuera del país
Los Pandora Papers documentaron que Marcelo y Carlos de los Santos Anaya tuvieron acciones en una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas durante el gobierno de su padre.
Tener una empresa offshore no es automáticamente ilegal.
Puede utilizarse para inversiones internacionales legítimas.
También puede utilizarse para ocultar patrimonio, reducir impuestos o dificultar la identificación de beneficiarios.
Por eso la explicación importa.
El exgobernador dijo que sus hijos fueron invitados por clientes, que invirtieron menos de un millón de pesos y que perdieron el dinero.
Fue el padre quien salió a defender públicamente la operación.
Marcelito debe presentar su propia explicación.
Debe mostrar el origen de los recursos, las declaraciones fiscales, la integración accionaria, la liquidación de la sociedad y la documentación que demuestre que aquella inversión fue reportada correctamente ante las autoridades mexicanas.
No porque esté condenado. Porque quiere gobernar.
El caso Gómez-Mont
La relación atribuida a Marcelo de los Santos Anaya con empresas utilizadas para transferir recursos a Inés Gómez-Mont y Víctor Álvarez Puga es el señalamiento más grave y, al mismo tiempo, el menos comprobado.
No debe afirmarse como culpable lo que no ha sido probado.
Pero tampoco puede fingirse que el señalamiento no existe.
Una negativa simple puede ser insuficiente.
Debe acompañarse de documentos.
El despacho y los gobiernos
El despacho Marcelo de los Santos y Compañía ha mantenido contratos con instituciones públicas después del sexenio de De los Santos Fraga.
Eso tampoco es ilegal.
El conflicto aparece cuando el director de una empresa que audita, asesora o presta servicios al sector público busca convertirse en autoridad municipal.
La experiencia empresarial puede ser una virtud.
La opacidad empresarial es un riesgo.
El candidato “ciudadano”
Presentarlo como ciudadano externo a la política es una exageración.
Ha financiado desde las sombras proyectos con los que terminó rompiendo porque no le cumplieron o porque las cosas no resultaron para sus intereses.
Ahora el hijo aparece como posible aspirante a suceder a Galindo en la alcaldía.
No existe prueba pública de un pacto.
Pero la complementariedad es demasiado evidente para ignorarla.
Las encuestas de conocimiento con el nombre son tan irregulares en su interpretación por tener la repetición del nombre de su padre; la gente no conoce a Marcelito fuera del círculo social y empresarial real, su perfil no da para pensar que pueda ser un activo político real, ni tampoco tiene experiencia de gobierno.
Antes de pedir el voto
Marcelo de los Santos Anaya debe presentar:
- Su declaración patrimonial completa.
- Su declaración fiscal.
- Su declaración de intereses.
- La lista de sociedades en las que participa o ha participado.
- La relación de fideicomisos, inversiones, acciones y beneficiarios finales.
- Los contratos públicos obtenidos por su despacho.
- Los clientes privados con intereses frente al Ayuntamiento.
- Su participación completa en Logistik, IPIS y el fideicomiso relacionado con los terrenos industriales.
- La documentación de la sociedad offshore revelada por Pandora Papers.
- Una explicación documentada sobre las empresas mencionadas en el caso Gómez-Mont.
- El mecanismo mediante el cual se separará de sus negocios.
- El papel que tendrá su padre en su campaña.
- El origen del financiamiento de su promoción.
- La metodología de las encuestas impulsadas por organismos empresariales que lo colocan como favorito.
Y debe responder algo todavía más sencillo:
¿Qué ha hecho por la ciudad fuera de sus empresas, sus relaciones y su apellido?
No es una pregunta menor.
Administrar una firma contable no es lo mismo que gobernar una capital con crisis de agua, inseguridad, desigualdad, movilidad colapsada y servicios públicos sometidos a presiones políticas y económicas.
La ciudad no es una empresa.
Los ciudadanos no son accionistas.
El Ayuntamiento no puede convertirse en extensión de un despacho, un grupo inmobiliario o una dinastía política.
Marcelo de los Santos Anaya puede tener preparación, capacidad técnica y experiencia profesional.
Puede incluso convertirse en un buen candidato, aunque parece difícil porque es un perfil anticlimático.
Pero antes deberá demostrar que no representa únicamente la restauración de un grupo familiar que busca regresar al poder bajo la etiqueta de ciudadanía empresarial.
El apellido puede abrirle puertas.
No puede absolverlo de dar respuestas.
Porque antes de preguntar si Marcelo de los Santos Anaya está preparado para gobernar San Luis Potosí, la sociedad debe preguntar algo más elemental:
