Por Jesús Aguilar
La reforma al Poder Judicial federal y la reforma de la justicia son dos cosas distintas. En México, es innegable que existe desigualdad ante la ley y ante el Estado, una deuda fundamental con nuestra democracia. Un hueco mortal en la vida del ciudadano promedio que no denuncia por miedo o desconfianza, luchas interminables para dignificar casos que nunca terminan bien y presiones que obligan a los responsables de la procuración y administración de justicia a caer en excesos que también inundan penales de inocentes o chivos expiatorios inconfesables.
La forma en que nos trata la policía, el Ministerio Público, los juzgados, los tribunales, la Suprema Corte y las cárceles define nuestra experiencia y casi a todos nos ha ido muy mal. Todos estos aspectos de discriminación operan en favor de una injusticia sistemática, lo cual ha generado un amplio consenso para implementar cambios.
El problema es tan serio que no puede ser resuelto con una solución única. Las respuestas simples a problemas complejos suelen ser las menos efectivas para tratar este problema endémico.
La propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero ha logrado iniciar una discusión urgente, pero se enfoca exclusivamente en el Poder Judicial federal, descuidando el ámbito más amplio de la justicia.
Aunque el 80% de los casos judiciales en México se resuelven a nivel local, el debate se centra principalmente en la Corte y en los órganos federales, como quedó claro en la primera sesión de parlamento abierto.
Este enfoque desequilibrado es solo un ejemplo de los problemas que guían el debate, pero no es el único. La iniciativa presidencial ignora completamente la necesaria reforma de las fiscalías.
Las encuestas indican que el Ministerio Público recibe una peor valoración que los jueces, pero esta institución no fue tocada por la propuesta. Lo mismo ocurre con las funciones de investigación y peritaje, que son cruciales para garantizar la racionalidad en los juicios.
Las omisiones son numerosas, ya que la reforma parece estar más centrada en despedir a 1,600 jueces federales para reemplazarlos con otros elegidos por voto popular, en lugar de abordar integralmente el sistema de justicia.
El Poder Judicial federal es solo una parte del sistema judicial, aunque importante, y sería ingenuo creer que su renovación total resolverá todos los problemas de manera instantánea.
La reforma se viene, pero ¿qué va a pasar con nuestro propio poder judicial?, el estatal, ¿cómo vamos a ver la réplica o fenómeno espejo entre nuestros impartidores de justicia?
¿Será el Congreso local que viene coadyuvante responsable en aprovechar la condición y la búsqueda de soluciones de fondo? Se ve dificil, francamente imposible.
Por lo pronto la despolitización del tema parece muy, muy lejana, ayer mismo ya los ministros de la corte cuatroteísta y los legisladores afines se le fueron a la yugular a Norma Piña, por un lado el defenestrado Monreal desde el Senado le atizó y culpó como responsable de la relación tirante entre poderes y la sobreviviente Yasmín Esquivel, ejemplo de que las capacidades no importan para ejercer el poder siempre y cuando cabalguen con la cobija morenista pidió la renuncia de la presidenta de la Suprema Corte en el mismo sentido.
