Texto y fotografías de María Ruiz
El 6 de enero de 2025, Daniela Martell Orozco, conductora para la plataforma digital inDrive y reconocida artista plástica potosina, desapareció tras asistir a una reunión familiar en la colonia Tequisquiapan, San Luis Potosí.
Desde horas tempranas, familiares y amigos se alarmaron al perder contacto con ella, dando inicio a una búsqueda intensiva en la que se mezclaron la incertidumbre y el temor.
Cronología de los hechos
6 de enero de 2025. Luego de compartir momentos en familia, Daniela dejó su domicilio y a partir de ese instante no se volvió a saber de ella. Testimonios de vecinos y familiares relatan como transcurrieron las horas sin recibir ningún aviso, lo que encendió las alarmas sobre una posible desaparición forzada.
En los días posteriores, la familia presentó una denuncia por no localización ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) en donde familiares, junto con el acompañamiento de grupos de búsqueda, iniciaron trabajos en varios frentes para dar con su paradero.
Mientras el caso ganaba relevancia en diversos portales periodísticos y en las redes sociales. La ausencia de protocolos efectivos para casos de desapariciones en el sector de conductoras de plataformas digitales empezó a ser señalada por activistas y colectivos feministas.
Pese a este panorama, las primeras declaraciones se dieron por parte de la fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, quien informó que en el caso de la desaparición de Daniela Martell se seguían tres líneas de investigación: una relacionada con su exesposo, otra con su expareja y una más por supuestos vínculos a delitos de la salud considerada por la fiscal; esta última, la más sólida en ese momento.
Una declaración que para la familia y la sociedad en general fue estigmatizante, revictimizadora y poco empatica, al tratarse de un tema tan delicado como es la problemática de la violencia y la desaparición forzada, que aqueja a decenas de familias y en donde muchas de las víctimas son mujeres.
La noticia —que luego se comprobó infundada— se difundió el 10 de enero de 2025. La información fue recibida con fuerte rechazo por parte de la familia, que denunció el sensacionalismo y reclamó un tratamiento responsable de los hechos.
Luego de estas declaraciones, la familia de Daniela Martell apoyada por la Movilización Vivas Nos Queremos SLP, organizó una marcha el 14 de enero. En esta protesta simbólica, la familia acudió a la FGE para exigir avances en la carpeta de investigación, pues hasta ese día la información era ínfima y poco clara.
El 15 de enero la historia dio un giro sombrío cuando se localizó el vehículo de Daniela, un Suzuki Swift rojo, en la comunidad La Esperanza, municipio de Zaragoza. El automóvil apareció calcinado y en las inmediaciones se hallaron restos óseos que, tras rigurosos análisis forenses, fueron confirmados como pertenecientes a la desaparecida conductora.
Investigación y declaraciones controvertidas
Tras darse a conocer este hallazgo, la Fiscalía General del Estado anunció detalles de la localización del automóvil de Daniela y el comienzo de una investigación para determinar de quien eran los presuntos indicios biológicos.
A su vez se dio a conocer la detención de cinco personas en relación con el caso, entre ellas Paloma N., ex candidata a la presidencia municipal de Villa de Zaragoza.
Durante el desarrollo del operativo, la fiscal García Cázares afirmó que una de las líneas de investigación se vinculaba con el narcomenudeo, declaraciones que una vez más, ante el dolor de una familia y una sociedad que exigía justicia, fueron interpretadas por diversos sectores como estigmatizantes y carentes de la sensibilidad necesaria para tratar casos de violencia contra las mujeres.
Nueva línea de investigación – Violencia familiar
Durante la segunda rueda de prensa de la Fiscalía, realizada el 21 de enero, se dio a conocer que se abrió una línea de investigación derivada de la denuncia de violencia familiar que Daniela había interpuesto días antes de desaparecer.
Asimismo, la FGE anunció que el estado de Jalisco brindaría apoyo pericial para identificar los restos biológicos encontrados en el lugar. Según lo informado en ese momento, aquella colaboración de Jalisco sería un avance crucial en la investigación, ya que el peritaje especializado que aportaran permitiría confirmar la identidad de los restos y, en consecuencia, esclarecer el destino de Daniela Martell.
Ante esto, la familia de Daniela Martell organizó una segunda marcha al mes de su desaparición, el 6 de febrero, en su reclamo exigieron expresamente que el caso se investigara con perspectiva de género, subrayando la necesidad de abordar integralmente tanto el posible contexto de violencia doméstica como otros factores que pudieran haber incidido en su desaparición.
Para el 13 de febrero, la FGESLP confirmó que los restos óseos localizados el pasado 15 de enero correspondían a Daniela Martell Orozco, conductora de aplicación reportada como desaparecida. Por este caso suman cinco personas detenidas.
Según el dictamen presentado por la Vicefiscalía Científica, se comprobó que los restos humanos que fueron encontrados en una parcela ejidal del municipio de Zaragoza son de Daniela. Esto se corroboró mediante una comparativa de ADN con familiares de la mujer de 44 años.
El clamor del movimiento feminista y la sociedad
Sofía Rodríguez, activista y miembro destacado del colectivo Movilización Vivas Nos Queremos SLP, comentó que “este caso expone lo que vivimos cotidianamente las mujeres. Daniela salió a trabajar y no es el primer caso de desaparición de una conductora de plataformas digitales. La respuesta de las autoridades en materia de seguridad es deficiente y las plataformas han dejado de lado medidas básicas que protejan a sus trabajadores”.
Rodríguez enfatizó que la falta de coordinación entre las plataformas digitales y la Fiscalía del Estado, que debió haber reaccionado de manera inmediata, es inaceptable.
“Las demandas que se verán este 8M serán diversas, pues nos toca poner el dedo en el renglón ante la alarmante cantidad de desapariciones, el aumento de la violencia familiar y la violencia sexual. Este caso es un reflejo de una realidad que se vive día a día y de la que muchas mujeres, especialmente de sectores populares, no encuentran amparo ni protección,” agregó.
La activista también resaltó la necesidad de que tanto las plataformas digitales como las autoridades establezcan protocolos automáticos y eficientes para responder a situaciones de riesgo.
Según Rodríguez, “los derechos laborales de quienes trabajan en estas plataformas se ven gravemente vulnerados cuando no se garantiza su seguridad. La autonomía política del movimiento feminista debe mantenerse intacta para exigir acciones concretas, sin depender de partidos o funcionarios que muchas veces no cumplen con su responsabilidad.”
Repercusiones políticas y sociales
El caso de Daniela Martell se ha enmarcado en un contexto de críticas a la administración estatal. Desde la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México el año pasado, se había promovido un discurso “a tiempo de mujeres”, pero la realidad ha evidenciado una desconexión entre las promesas electorales y la acción efectiva en temas de seguridad y protección.
“La desaparición de Daniela es solo uno entre muchos que se suman a una lista de desapariciones y agresiones que, lamentablemente, continúan en impunidad”.
Detalló además que las deficiencias en el levantamiento de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en varios municipios de San Luis Potosí y la actuación meramente formal de instituciones como el Instituto de las Mujeres del Estado (actual secretaría en construcción) han provocado que la movilización social se intensifique, con demandas que van desde una revisión profunda de las políticas públicas hasta la implementación de mecanismos de protección efectivos.
“La trágica desaparición y el posterior hallazgo de los restos de Daniela Martell no solo han marcado un antes y un después en la percepción de seguridad para las mujeres que laboran en plataformas digitales, sino que han puesto de manifiesto la urgencia de actuar frente a las violencias estructurales que aquejan al país”.
En este sentido, la defensora dijo que la coordinación deficiente entre las autoridades, la falta de protocolos adecuados y declaraciones insensibles han generado un clima de indignación, donde el movimiento feminista se erige en la vanguardia de la lucha por una respuesta real y efectiva ante la violencia de género.
Este caso, lejos de ser un incidente aislado, demanda una transformación profunda en las políticas de seguridad y en la protección de los derechos laborales y humanos de quienes, como Daniela, merecen trabajar y vivir en condiciones dignas y seguras.
