Un grave problema de machismo estructural atraviesa las filas del Ejército Mexicano, evidenciado por el alto número de quejas, denuncias y carpetas de investigación relacionadas con delitos sexuales cometidos por militares. Este contexto refleja que, dentro de la institución, la protección de los mandos y la misma corporación se prioriza por encima del bienestar y la justicia para las mujeres víctimas de violencia.
Las jerarquías militares se amparan en doctrinas de obediencia, subordinación y disciplina para fomentar el encubrimiento entre oficiales, lo que facilita que estas agresiones queden impunes. Las mujeres, sometidas a un sistema machista y a la rígida disciplina castrense, viven con temor y suelen guardar silencio para evitar represalias. Este miedo es una de las principales razones por las que muchas no denuncian públicamente a sus agresores.
Para este reportaje se contactó a más de veinte mujeres que denunciaron haber sufrido violencia machista en el Ejército; de ellas, sólo seis aceptaron compartir sus testimonios, cuatro de manera anónima. Algunas más dejaron de responder o rechazaron entrevistas por miedo a posibles intervenciones en sus comunicaciones.
La revisión de 50 investigaciones del Órgano Interno de Control del Ejército, alrededor de 20 expedientes judiciales y denuncias enviadas a la Oficina para la Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS), evidencian una institución profundamente contaminada por una cultura que tolera y protege la violencia contra sus propias integrantes.
Uno de los casos más graves es el del general Eustorgio Villalba Cortés, acusado de abusos sexuales y violación contra varias soldados en 2018. Dora, una de las víctimas, narró cómo el general la mandó llamar a su oficina para pedirle que limpiara, y tras una caricia incómoda, la abrazó y tocó sus glúteos sin su consentimiento. Cinco días después, la violó violentamente, según consta en el juicio oral TMJO/036/2019.
El general Villalba, con 33 años en servicio, solía llamar a sus víctimas a su oficina y aprovecharse de su autoridad para agredirlas. Julia y Cecilia, otras soldados, denunciaron ataques similares: tocamientos, abusos y violaciones dentro de la misma oficina del general. Las mujeres intentaron defenderse y escapar, pero la fuerza y posición del general dificultaban su resistencia.
En junio de 2018, varias de estas víctimas presentaron denuncias formales ante el Ministerio Público Militar. Aunque la Fiscalía imputó al general Villalba por violación y abuso sexual en tres casos, otras denuncias fueron desestimadas por falta de pruebas “irrefutables”. Villalba fue detenido y enviado a prisión preventiva.
Sin embargo, en mayo de 2019, un Tribunal Militar absolvió al general por unanimidad, argumentando que las víctimas no actuaron como se esperaba en situaciones de agresión, lo que generó dudas sobre la veracidad de sus testimonios. Por ejemplo, consideraron “inverosímil” que Dora no huyera cuando alguien tocó la puerta de la oficina o que Cecilia no escapara cuando el general fue a buscar un condón.
Además, el tribunal cuestionó por qué las soldados no denunciaron de inmediato y sugirió que podrían haberse confabulado contra Villalba. No tomaron en cuenta el miedo, la vergüenza y la subordinación que les impedían actuar.
Las abogadas de las víctimas y la fiscal militar María del Carmen Olvera impugnaron la sentencia, señalando que no consideraron la relación de poder entre general y soldado, ni la cultura de obediencia militar que limita la reacción de las víctimas ante la violencia. Subrayaron que el contexto de hostigamiento sexual constante dentro del Ejército es un factor clave para entender la demora en las denuncias.
Gracias a estas apelaciones, en julio de 2019 el Tribunal Superior Militar revocó el fallo absolutorio, y en noviembre de ese mismo año se dictó una sentencia condenatoria de 18 años y ocho meses de prisión para Villalba. Sin embargo, el general utilizó recursos legales para evitar la condena y logró que el caso llegara a la Suprema Corte de Justicia, buscando que permaneciera en la jurisdicción militar y no pasara a tribunales civiles.
Finalmente, el caso fue transferido a la Fiscalía General de la República en noviembre de 2021, donde desde entonces se ha estancado en un laberinto burocrático, mientras las víctimas continúan esperando justicia.
Este caso muestra con crudeza cómo el machismo institucional y la estructura jerárquica en el Ejército impiden que las mujeres puedan denunciar con seguridad, que sus testimonios sean valorados y que se les garantice justicia. A pesar de la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, la protección a los altos mandos sigue prevaleciendo por encima de la verdad y la reparación para las víctimas.
Para esta investigación se consultó al exministro Arturo Zaldívar, quien negó haberse reunido con el general Villalba sobre este caso. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no proporcionó ninguna respuesta al respecto.
