Por Jesús Aguilar
Cuando se habla de corrupción en México, muchos imaginan maletines de dinero, transas monumentales o gobernadores prófugos. Pero en San Luis Potosí, la podredumbre institucional se disfraza de eventos, flores, box lunch y trenes navideños.
Se trata de una maquinaria bien aceitada donde la familia, el compadrazgo y la opacidad se convierten en la moneda de cambio, y donde el nombre de Armando Acosta Díaz de León vuelve a figurar como la pieza fundamental de ese engranaje perverso entre poder político, medios y negocios.
La reciente publicación del medio Entre Líneas desnudó con claridad la red de intereses que orbitan en torno al llamado Centro de Negocios “Potosí” (antes Centro de Convenciones), una dependencia estatal que debería servir al desarrollo de eventos, pero que en realidad parece funcionar como caja chica de una familia incrustada en la administración pública. No se trata de una metáfora: la directora del recinto es Yathziryy Arahí Vitales Medina, esposa de Armando Acosta y, según evidencia fotográfica y documental, la red de beneficiarios de contratos incluye a Eduardo Medina Acosta, presunto familiar directo de ambos.
Este último ha sido particularmente versátil: inició con servicios de jardinería y limpieza, y pronto se convirtió en proveedor de catering, decoración, mobiliario, y organización de eventos para entidades de gobierno, sin que medie concurso o licitación pública visible. En total, ha facturado más de 5.2 millones de pesos entre 2021 y 2025. Es el proveedor todólogo ideal: lo mismo adorna altares que sirve sándwiches a congresistas, o coloca nacimientos en Palacio de Gobierno. Acompaña a la administración estatal como sombra decorativa y funcional… todo, desde luego, facturado al erario.
¿Coincidencia? Para nada. El apellido Acosta no es ajeno al entramado de poder en San Luis Potosí. Armando Acosta Díaz de León fue durante años el director del diario San Luis Hoy, parte del Grupo Mival, donde fungió como operador político-mediático que tejió puentes entre el poder gubernamental, los negocios y el control de la narrativa informativa. Su cercanía con los grupos gobernantes de distintas administraciones le permitió mantener esa posición de influencia. Hoy, que ha salido del rotativo, no abandona el poder: simplemente lo ha reconfigurado. Sin embargo, no tiene una bitácora sanguinolenta que lo protega. La triple moralidad de su condición terminó revelando una triste despedida, pero sus aires de suficiencia incluso hacen especular que ha recurrido a autoridades estatales con las que tiene un abierto contubernio para demandar a sus antiguos patrones en temas laborales.
El caso del Centro de Negocios “Potosí” revela una fórmula ya conocida: se captura una institución pública y se convierte en un negocio familiar. Se normaliza la corrupción bajo el disfraz de “prestación de servicios”. Se invisibiliza el conflicto de interés porque los apellidos están divididos entre segundos nombres, uniones conyugales o amistades de redes sociales. Pero el dinero público termina fluyendo siempre hacia los mismos bolsillos.
Ya se ha puntualizado con absoluta puntualidad como la propia Vitales es proveedora de la institución que dirige. Una falta abierta que implica un cinismo solo concebible en la consciencia de la protección de su marido.
Lo más alarmante es que esta red no está sola. Otros proveedores como José Carlos Reyes Hernández (8.6 millones de pesos facturados) y Villa Danieli (más de 15 millones) también han cobrado cifras millonarias. Pero sólo Medina Acosta comparte nexos familiares y personales con quien dirige el recinto. En cualquier país con instituciones funcionales, eso bastaría para iniciar una investigación por conflicto de interés, peculado o al menos inhabilitación administrativa. Pero aquí, es apenas una anécdota más en el historial de una familia que ha hecho del poder una empresa.
Armando Acosta no solo fue un actor clave de los medios tradicionales. También ha sido pieza útil para gobiernos de todos los colores. Hoy, lejos del reflector editorial, opera desde las sombras de un recinto público, cuyo principal cometido parece ser engordar la cuenta corriente de sus allegados.
¿Hasta cuándo permitiremos que el erario sirva como herencia familiar? ¿Cuántos trenes navideños, altares decorados y box lunch más tendrán que facturarse antes de que la Auditoría Superior del Estado actúe? ¿O también es pariente de Lecourtois?
En una democracia de papel, estos escándalos no son suficientes para generar consecuencias. Pero en una ciudadanía informada y crítica, debería ser motivo de indignación activa.
Porque la historia de los Acosta-Vitales no es una excepción. Es el síntoma de un sistema que permite —y a veces aplaude— que los negocios familiares se escondan tras las cortinas del poder público.
¿Y los proveedores del sector salud…? ¿O a poco ya se les olvidaron?
