El Radar
Por Jesús Aguilar
La reciente evaluación trimestral de Congreso Calificado sobre la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí ha arrojado un veredicto tan alarmante como predecible: de los 27 diputados locales, solo dos lograron una calificación aprobatoria, mientras que la eficacia legislativa global apenas alcanza un 39.5%. Este resultado no es un incidente aislado, sino un síntoma de problemas estructurales que han lastrado al Poder Legislativo potosino durante años. La ciudadanía merece un análisis profundo sobre lo que estas cifras revelan y lo que implican para la democracia en el estado.
Un desempeño legislativo en picada.
La evaluación de Congreso Calificado, una organización que desde hace 15 años mide el desempeño de los legisladores en San Luis Potosí, pone en evidencia un rezago crónico. De las 263 iniciativas presentadas en el periodo evaluado, solo 79 fueron aprobadas, lo que refleja una eficiencia legislativa que no alcanza ni siquiera el 40%. Este dato, por sí solo, es un indicador de la incapacidad del Congreso para traducir propuestas en leyes que respondan a las necesidades de la población. Pero el problema va más allá de los números.La metodología de Congreso Calificado considera aspectos como la transparencia, la asistencia, la vinculación ciudadana y el cumplimiento de obligaciones legislativas. En todos estos rubros, los resultados son desoladores. La opacidad sigue siendo una constante: apenas un puñado de legisladores cumple con la presentación de su declaración 3 de 3, un mecanismo básico para garantizar la rendición de cuentas. Las ausencias injustificadas en sesiones y la falta de interacción con la ciudadanía a través de redes sociales o foros públicos agravan el panorama. En palabras simples, los diputados no solo no legislan con eficacia, sino que parecen desconectados de los potosinos que los eligieron.
Excusas que no convencen.
Frente a estas críticas, algunos legisladores, como el diputado de Morena Carlos Arreola Mallol, han optado por minimizar los resultados. Arreola argumentó que las iniciativas no pueden dictaminarse de forma apresurada, ya que requieren diálogo y consultas con los actores involucrados. Si bien es cierto que la calidad legislativa no debe sacrificarse por la premura, esta justificación suena hueca cuando el rezago es tan abismal. La ciudadanía no espera que todas las iniciativas se aprueben sin análisis, pero sí que el Congreso cumpla con su función primordial: legislar para el bien común, no para perpetuar la inacción.La postura de Arreola, quien además acusó a las evaluaciones de ser un intento de desprestigio, refleja una resistencia al escrutinio que solo profundiza la desconfianza ciudadana. Si los legisladores consideran que estas métricas son injustas, deberían proponer alternativas transparentes y objetivas para medir su desempeño, en lugar de descalificar a quienes señalan sus fallas.
Por ejemplo otro diputado, Verde de origen Luis Fernando Gámez quien ha servido de vocero “destructor de opositores” está en las peores calificaciones del último corte. No trabaja en la legislatura, sino en atacar enemigos políticos. Una vergüenza.
Un problema estructural.
El bajo desempeño del Congreso no es solo responsabilidad de los 27 diputados actuales, sino que apunta a problemas estructurales en el sistema político de San Luis Potosí. La composición de la LXIV Legislatura, dominada por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (PVEM, PT y Morena), evidencia una falta de contrapesos que incentive la competencia y la rendición de cuentas. La polarización política, combinada con la falta de mecanismos efectivos para sancionar la ineficiencia, permite que los legisladores operen con un margen de impunidad que perjudica a la ciudadanía.Además, la desvinculación con los ciudadanos es un problema recurrente.
La invitación a levantar la voz contra nuestros “representantes” es indispensable para cambiar la ominosa realidad.
