El Radar
Por Jesús Aguilar
Un estado rico en naturaleza y que es el corazón de un pais en su diversidad y que además es el único gobernado por un partido que se llama “Verde Ecologista de México” debe cuidar elementalmente la remoción de vegetación, destrucción de ecosistemas y violaciones a procedimientos legales básicos.
Este martes 27 de enero la PROFEPA realizó una inspección por presuntos daños ambientales en el Ejido El Peyote, dentro del trazo de la autopista Entronque 75-D–Matehuala, y confirmó evidencias de remoción de plantas y cambio de uso de suelo sin la autorización correspondiente. Esa falta de autorización proviene del trámite suspendido de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sin el cual no se puede legalmente ejecutar la obra.
Es decir, años después de que comenzaron los movimientos en el terreno, de que se han documentado maniobras de desmonte sin permisos y de que ejidatarios han alertado sobre afectaciones a flora protegida, hoy la autoridad federal tiene suficientes motivos para revisar si se cometieron omisiones graves, que la PROFEPA ha comenzado a verificar.
Este caso no es nuevo ni aislado: desde hace meses, la propia SEMARNAT suspendió el trámite de la MIA por falta de información adicional y por irregularidades en la documentación, mientras vecinos, comunidades y organizaciones civiles han pedido que ese proceso sea sometido a una consulta pública y que se consideren los efectos ambientales, hídricos y sociales del proyecto antes de cualquier avance de obra.
El trazo de la autopista corre en zonas de altísimo valor ecológico, donde especies de cactáceas, maguey y otras plantas de la región —muchas de ellas integradas a programas de reforestación o ubicadas en áreas de alta biodiversidad— están en riesgo. Denuncias ciudadanas, registros fotográficos y la propia intervención de la PROFEPA dan cuenta de la tensión entre un proyecto de infraestructura y la integridad del entorno natural.
¿Qué nos dice este episodio sobre el cuidado del ambiente?
La regla es simple: sin autorización ambiental no puede haber obra. Para eso existe la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA): para evaluar proyectos grandes con información completa, transparencia y participación social. No es un trámite decorativo, es una condición legal.
Por eso, cuando una obra se presume como “avanzando con paso firme” en redes sociales antes de contar con esa autorización, el mensaje es preocupante. Si ya hay movimiento de tierra sin MIA aprobada ni consulta pública, el problema no es burocrático: es una falta de compromiso real con la preservación ambiental.
Un problema que ya había sido advertido
Esto no tomó a nadie por sorpresa. Desde el año pasado, organizaciones civiles y ejidatarios habían alertado sobre posibles daños irreversibles, falta de claridad en la tenencia de la tierra y riesgos serios para la biodiversidad del Altiplano potosino.
La experiencia también es clara: cuando obras de infraestructura avanzan sin permisos ambientales, no solo dejan daño ecológico, sino que suelen terminar en conflictos legales, frenos judiciales y pérdida de confianza de las comunidades en las instituciones.
Lo que debería ser prioridad hoy
Preservar los espacios naturales no puede ser solo discurso.
San Luis Potosí tiene zonas de alto valor ecológico que no pueden tratarse como escenario para anuncios de “avance”. El cuidado ambiental no se mide en publicaciones o videos, sino en la protección del agua, la biodiversidad y la calidad de vida.
La coherencia importa.
Si el estado se presenta como “verde”, ese mensaje debe reflejarse en hechos: procesos claros, legales y transparentes. No en obras promovidas como si la ley ambiental fuera un trámite secundario.
La legalidad ambiental es una garantía, no un obstáculo.
La MIA existe para que comunidades, especialistas y autoridades evalúen a tiempo los impactos, antes de que el daño sea irreversible.
Una salida posible: abrir la discusión
La suspensión del trámite ambiental puede ser una oportunidad. Organismos como el Consejo Hídrico Estatal han propuesto abrir consultas públicas reales, con acceso al proyecto completo y participación de expertos y ciudadanía.
No se trata solo de escuchar opiniones, sino de dar legitimidad a decisiones que afectan bienes comunes, especialmente cuando hablamos de infraestructura de gran escala y de territorios que no se pueden recuperar una vez dañados.
OJO
No es exagerado decir que lo ocurrido con la autopista a Matehuala es un espejo de nuestras contradicciones actuales: un estado que quiere presentarse de verde en todos los sentidos, pero que tropieza cuando las prioridades ambientales se traducen en acciones y cumplimiento normativo efectivo. Este no es un debate entre infraestructura y naturaleza, sino sobre cómo, cuándo y bajo qué reglas construimos la primera sin sacrificar los valores elementales de la segunda.
La inspección de la PROFEPA debería ser un llamado de atención —no solo para los promotores del proyecto— sino para todos quienes creemos que la preservación del entorno natural no puede ser subordinada a la prisa, a la propaganda ni a la conveniencia política
