El Radar
Por Jesús Aguilar
@jesusaguilarslp
El nuevo modelo de elección popular de jueces y magistrados aterrizado en la imposición y mayoriteo (compra del voto del Senador Miguel Ángel Yunes Linares a cambio de la exoneración de la grave lista de pecados de su padre y de él) empieza a tener sus efectos colaterales. Ya en San Luis Potosí, (como sucederá en toda la república) promovido por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona representa un cambio trascendental en el sistema judicial del estado, pero también trae consigo serios riesgos que amenazan la imparcialidad, independencia y profesionalismo del Poder Judicial.
Eso no es nuevo, sin embargo no podemos dejar de señalarlo.
Aunque la medida se justifica bajo la premisa de democratizar el acceso a la justicia y fomentar la participación ciudadana, sus implicaciones podrían ser profundamente perjudiciales para el estado de derecho.
Aquí alertamos cómo a nivel local el tema puede detonar en un verdadero desastre.
- Riesgo a la politización de la justicia
La elección popular de jueces y magistrados podría convertir a los operadores de justicia en figuras políticas sujetas a las mismas dinámicas de campañas electorales que se observan en los procesos legislativos y ejecutivos. Esto los haría vulnerables a presiones externas de partidos políticos, grupos de interés e, incluso, crimen organizado, dado que su permanencia en el cargo dependerá de la popularidad y no necesariamente de su competencia o integridad. El principio fundamental de independencia judicial se ve severamente comprometido cuando las decisiones de los jueces y magistrados están sujetas al escrutinio público en términos electorales. - Campañas y falta de recursos
Aunque se establece que las campañas judiciales no contarán con financiamiento público ni privado y que deberán limitarse al uso de redes sociales, esto no elimina las desigualdades inherentes. Los candidatos con mayores recursos personales o con apoyo implícito de actores políticos podrían tener ventajas significativas. Además, esta medida podría abrir la puerta a que se utilicen recursos ilícitos o no declarados, generando un sistema opaco y más propenso a la corrupción. - Pérdida de profesionalismo y mérito
Actualmente, el acceso a los cargos judiciales está regulado por concursos de mérito y evaluaciones profesionales que buscan garantizar que las personas juzgadoras tengan las competencias necesarias para administrar justicia de manera eficiente y equitativa. La transición hacia un modelo electoral podría diluir este enfoque, privilegiando atributos como la capacidad de comunicación o la afinidad política sobre la experiencia jurídica y los antecedentes profesionales. - Impacto en la imparcialidad judicial
El carácter electivo de los jueces y magistrados podría generar un sesgo inherente en sus decisiones, particularmente en asuntos que involucren a sectores sociales que influyen directamente en su elección. El temor a descontentar a ciertos grupos podría inducir a decisiones judiciales populistas o complacientes, dejando de lado los principios legales y constitucionales. - Destrucción institucional
La disolución del Consejo de la Judicatura, contemplada en la reforma, también representa un retroceso institucional. Este organismo ha sido clave para supervisar y garantizar el correcto funcionamiento del Poder Judicial. Su desaparición podría significar la falta de un árbitro imparcial encargado de vigilar la conducta de los jueces y magistrados. - Falta de madurez democrática para un modelo judicial electivo
En contextos como el de San Luis Potosí, donde el control del poder está fuertemente centralizado en figuras políticas como Ricardo Gallardo y sus alianzas con partidos como MORENA y el Partido Verde, la transición a un modelo de justicia electiva podría consolidar cúpulas de poder en lugar de democratizar el sistema. Esto pone en riesgo la equidad de los procesos y la credibilidad del sistema judicial.
Si bien es irremediable la participación ciudadana es un componente esencial en una democracia, aplicar un modelo electoral al sistema judicial sin salvaguardas adecuadas podría tener consecuencias catastróficas para el estado de derecho en San Luis Potosí. La justicia debe estar libre de presiones externas y fundamentada en criterios de profesionalismo, imparcialidad y mérito. El Congreso estatal tiene la responsabilidad de analizar esta propuesta con seriedad y considerar los riesgos a largo plazo que podría generar. La democracia no solo consiste en la elección directa, sino también en garantizar que las instituciones funcionen con integridad y bajo los principios del estado de derecho.
Ya el marco de influencia del poder omnímodo del Morenato está en agudo estallido, ¿le dejarán replicar el tema al oficialismo potosino?
