El Radar
Por Jesús Aguilar
San Luis Potosí vive un momento crítico para su sistema educativo de telesecundarias. El reciente anuncio de que la Presidenta Claudia Sheinbaum dio órdenes para que la Federación pague los salarios atrasados de los maestros con plaza federal es apenas el episodio más reciente de una disputa que ya lleva años acumulando tensiones, impagos, movilizaciones y una creciente demanda de homologación salarial y de condiciones laborales dignas.
Antecedentes del reclamo
1. Adeudos que datan de varios años
Los docentes de telesecundarias han señalado que algunos adeudos se remontan hasta 12 años atrás, incluyendo pagos de bonos, estímulos, compensaciones y horas trabajadas no remuneradas. Jubilados también han protestado por la falta del pago de pensiones, de aumentos salariales retroactivos, de finiquitos, del Fondo de Ahorro para el Retiro, y del Fondo de Vivienda de telesecundarias (Fivite).
2. Homologación no realizada
A los docentes con plaza federal se les promete desde hace años que su salario, prestaciones y condiciones laborales se equiparen (“homologación”) a otros docentes federalizados. Esta demanda ha sido recurrente en las protestas
3. Movilizaciones frecuentes
Han sido reiteradas las manifestaciones: bloqueos, tomas de oficinas de la SEGE, protestas frente a dependencias estatales, marchas, amenazas de paro indefinido, presión en medios y respaldo sindical. Intervención federal y promesas recientes
En fechas recientes la administración federal se ha comprometido públicamente a saldar deudas históricas con el magisterio de telesecundarias en SLP. La presidenta Sheinbaum visitó el estado, anunció apoyo federal para saldar dichos adeudos, y el gobernador Gallardo confirmó que en el encuentro planteó el problema directamente. El reto ahora incluye cómo y cuándo se cumplirá ese
Factores estructurales que alimentan la inestabilidad
• Sistema no federalizado plenamente: Una de las causas principales del rezago es que las telesecundarias en SLP no han sido completamente asumidas por la Federación, lo que genera tensiones sobre quién debe pagar qué y con qué recursos.
• Presupuesto limitado y presiones financieras estatales: En algunos momentos, el gobierno estatal ha tenido que cubrir pagos temporales mientras la Federación concreta recursos. Hay denuncias de que estos compromisos estatales generan tensiones en otras áreas del gasto público.
• Desconfianza por incumplimientos previos: Las manifestaciones y los retrasos acumulados han generado que los docentes y jubilados desconfíen de promesas verbales o acuerdos parciales. Hay casos donde se hicieron compromisos que no se cumplieron en tiempo o forma.
¿Cómo polariza la estabilidad?
El conflicto magisterial no es sólo un problema económico o de justicia laboral: tiene implicaciones más profundas para la estabilidad social y política del estado:
• Educativa: Cuando los profesores no han sido pagados, muchas telesecundarias funcionan bajo protesta, con ausencia de clases, lo cual afecta directamente el derecho de los estudiantes a una educación continua.
• Social: La falta de pagos a jubilados es una carga moral y material para personas que han dedicado toda su vida a la enseñanza. Su vulnerabilidad económica genera indignación social, especialmente en comunidades más pobres del estado.
• Política: El gobierno estatal se ve presionado a actuar, ante la posibilidad de que las protestas escalen (huelgas, bloqueos, acciones legales). El gobierno federal, alerta de que este conflicto se sume a otros, tiene incentivos de resolverlo para evitar desgaste político.
• Relaciones federales-estatales: El conflicto remarca la tensión entre lo que la Federación debe hacerse cargo y lo que recae en el gobierno local; también pone en evidencia vacíos institucionales y de responsabilidad compartida.
• Credibilidad institucional: Todos estos incumplimientos erosionan la confianza de los docentes, pero también del público, en los sindicatos, en los responsables educativos estatales y federales. Promesas repetidas y no cumplidas erosionan la gobernabilidad.
Ya no basta con promesas: hay que exigir plazos claros, compromiso presupuestal con fechas de pago definidas, mecanismos transparentes para auditar los montos adeudados y que se entregue evidencia de los recursos enviados por la Federación.
*Homologación: si la equiparación de condiciones laborales va a concretarse, debe acompañarse de reformas administrativas y financieras que aseguren sostenibilidad; no solo como una acción temporal, sino como parte de la política pública.
*Participación y vigilancia social: los maestros, jubilados, sociedad civil deberían exigir mejores canales para que su reclamo sea rastreable, visible, y no dependa únicamente de la presión o del escándalo mediático.
*Evitar que la polarización se convierta en crisis: medidas como paros prolongados o bloqueos, aunque justificados, tienen costos altos para los estudiantes y la imagen institucional. Hay que buscar formas de diálogo real, con compromisos públicos, quizá incluso judiciales o contractuales, para que no haya espacio para el incumplimiento.
