El peor momento para la vida de las mujeres mexicanas es el presente.
Entre 1990 y 2011, período utilizado para el estudio que aquí se expone, la tasa de asesinatos por cada 100 mil mujeres muestra que es 2011 el que muestra el dato más elevado en el país.
Las cifras utilizadas se componen a partir de las bases de datos de mortandad la Secretaría de Salud federal, conjuntos estadísticos integrados mediante las actas de defunción redactadas por los médicos que certifican cada muerte ocurrida en el país.
¿Por qué no utilizar las cifras proporcionadas por las procuradurías de justicia de los estados? Porque en México el índice delictivo es una composición propagandística hecha a la mediada de un proyecto político, invariablemente interesado en mostrar un escenario halagüeño a favor del jefe de los procuradores estatales y del federal: los gobernadores y el Presidente de la República.
El Ministerio Público del Estado de México mintió con respecto a la dimensión de los feminicidios en la entidad cuando fue gobernada por Enrique Peña Nieto. La Procuraduría de Justicia del Estado de México presentó datos falsos en su argumentación contra la declaratoria de alerta de género en la entidad.
La reciente tipificación del delito de feminicidio en los diferentes estados del país, incluido el Estado de México, se redactó con la suficiente ambigüedad para que los ministerios públicos resolvieran atender algún caso de asesinato con evidente odio hacia la víctima sólo por ser mujer como un homicidio doloso, homicidio culposo –sin intencionalidad– o hasta suicidio –sin pena para nadie, excepto para la muerta y su familia.
“Que nadie diga que en el Gobierno del jefe se asesinan a las mujeres”, parece ser la consigna entre los jueces y fiscales mexicanos.
Pero los datos acumulados por las Secretarías de Salud federal y de los estados a partir de lo que los registros civiles muestran que las cosas son bastante diferentes a las presumidas en los discursos políticos.
Si bien nada garantiza la ausencia de manipulación política, lo cierto es que por cada muerto conocido existe un acta de defunción que aporta varios detalles de las causas del deceso, incluida la causa y, en teoría, algunas circunstancias del fallecimiento.
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Muerta por muerta y ataúd por ataúd, en el Estado de México mueren más mujeres que en el resto del país.
Lo gobernadores del Estado de México y sus procuradores han argumentado siempre que la elevada cantidad de niñas, adolescentes, adultas y ancianas victimadas en su territorio se debe a que es la entidad, y con mucho, más poblada del país. Esto es cierto, pero sólo lo último: los municipios mexiquenses conurbados a la Ciudad de México y en el Valle de Toluca están sobrepoblados gracias a su nula planeación urbana.
Pero, respecto de las asesinadas, la simple aritmética muestra otra cosa.
En el periodo de referencia se levantaron 32 mil 172 actas de defunción por muertes de mujeres ocasionadas por agresiones. Sólo en el Estado de México se elaboraron 7 mil 749 de esas causas.
Dicho de otra manera: mientras el Estado de México posee actualmente el 13.5 por ciento de la población del país –a la vez, máxima participación histórica en el volumen poblacional–, ahí se cometieron la cuarta parte de los asesinatos de las mujeres.
Durante poco más de una década, Ciudad Juárez, Chihuahua, mantuvo la atención nacional e internacional debido a los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas.
La brutalidad con que los asesinos actuaban sólo era comparable a la ineficacia con que las autoridades de ese estado fronterizo reaccionaban. Entre 1993 y 2005, el gobierno de ese estado admitió el asesinato de 379 mujeres, dato controvertido por el Colegio de la Frontera Norte y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación que documentaron la ocurrencia de 422 feminicidios.
La cantidad de asesinatos de mujeres resultaba inexcusable. Entre 2000 y 2006, distintos organismos internacionales emitieron 140 recomendaciones a México por la violación de los derechos de las mujeres de los cuales, 63 se dirigieron a la atención específica de los feminicidios en Juárez.
De 1993 a 2005 se pronunciaron los y las titulares de la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU; la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Magistrados, también de Naciones Unidas; la Relatoría sobre Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Las actrices Jane Fonda y Salma Hayek aprovecharon su coincidencia en la Ciudad de México, en 2006, para participar en una de las presentaciones de la obra teatral Los Monólogos de la Vagina y pronunciarse contra el horror vivido por las mujeres de Juárez.
En esos mismos años, en el Estado de México murieron con violencia una cantidad diez veces más de mujeres: 4 mil 379.
Si se comparan las tasas de defunciones por agresiones a mujeres por cada 100 mil mujeres, se observa que el Estado de México ha mantenido un copioso desfile de féretros de mujeres, aunque con un discreto descenso coincidente con la explosión de asesinatos de hombres y mujeres en todo el país a partir de 2008, al cuando resultaban evidentes los estragos ocasionados por la política antidrogas instaurada por el entonces Presidente Felipe Calderón.
Para colocar el análisis en coincidencia con el mandato estatal de Enrique Peña Nieto, quien gobernó su estado entre 2005 y 2011, durante esos años los médicos del país certificaron 12 mil 23 asesinatos intencionales de mujeres de los cuales, 1 mil 997, es decir, el 16 por ciento de las registradas en esos años a nivel nacional.
Peña Nieto gobernó el Estado de México entre el 15 de septiembre de 2005 y el 15 de septiembre de 2011. Las estadísticas obtenidas no desglosan la cantidad de eventos mensuales.
Imposible saber cuántos miles de huérfanos, viudos, madres y padres quedaron en el desconsuelo y sin justicia, dejados a merced de agentes del Ministerio Público y policías judiciales sólo interesados en parasitar durante algún tiempo a las familias de las muertas antes de enviar sus casos al archivo muerto.
El peor año de esa serie fue 2005 y el segundo año más enlutado fue 2011. Estos dos datos permiten una conclusión: Peña Nieto recibió un enorme problema que no resolvió y así lo transmitió a su sucesor, Eruviel Ávila Villegas, a quien además toca lidiar con el crecimiento de la violencia del crimen organizado en el estado.
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Los años comprendidos entre 1990 y 2011 muestran la vocación del Estado de México de ser el lugar en el que más mujeres se asesinan en México.
En esos 21 años, la entidad ocupó en 11 ocasiones el primer lugar en tasa de mortandad por agresiones a mujeres.
Durante las pasadas dos décadas en ningún otro lugar de México la vida de las mujeres ha corrido más peligro que en el estado del que es originario el presidente de la República.
Esta posición fue ocupada de manera ininterrumpida entre 1990 y 1997. En ese período, la entidad tuvo tres gobernadores: Pichardo Pagaza, hoy consultor privado de asuntos públicos; Emilio Chuayffet, en el presente secretario de Educación Pública, y César Camacho Quiroz, hoy presidente nacional de PRI.
El mayor registro de feminicidios recayó nuevamente durante 2000, 2001 y 2003, durante el gobierno de Arturo Montiel Rojas, tío y predecesor de Peña Nieto, quien recibió el gobierno en 2005, año en que el peor lugar para ser mujer en el país fue, nuevamente, el Estado de México.
A los procuradores de Justicia mexiquenses tampoco les ha venido dejar su estado bañado en sangre de mujer. Alfonso Navarrete fue fiscal estatal entre 2001 y 2006: fue nombrado por Arturo Montiel y ratificado por Peña Nieto es actualmente secretario federal del Trabajo. Alberto Bazbaz, a quien tocó administrar el caso de la niña Paulette, que si no fuera trágico resultaría meramente ridículo, le toca ser hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o, dicho de otra manera, luego de no encontrar a una pequeña niña muerta en su propia cama le encargaron rastrear el dinero del crimen organizado en todo el mundo.
La serie estadística muestra cómo la posición del Estado de México se desplaza hacia abajo en concordancia con el incremento de homicidios producidos durante la estrategia contra el narcotráfico.
En 2006, la entidad de Enrique Peña del país se situó en la segunda posición nacional con una tasa de 3.7 muertes de mujeres por agresiones por cada 100 mil mujeres en el estado. En 2010, año de la mayor mortandad relacionada con las reyertas del crimen organizado y las autoridades durante el pasado sexenio, colocó al Edomex en el lugar 13 del listado con la misma tasa de 3.7.
Y en 2011, último año de gobierno de Peña Nieto, quien concluyó su gestión el 15 de septiembre de ese año, la situación empeoró. La tasa creció a 4.3 y la entidad se colocó como el undécimo lugar con más homicidios de mujeres.
¿Debajo de qué estados se posicionó el Edomex?
De Chihuahua –que es en esos años que vivió la peor masacre femenina y no durante la década antepasada en que Ciudad Juárez se significó como un pueblo asesino de sus mujeres–, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Colima, Baja California, Morelos y Tamaulipas: todos estados en que los narcotraficantes viven y mueren en guerra permanente.
Este aún no es el caso del Estado de México, aunque esa entidad asciende aceleradamente en el número de ejecuciones propias del crimen organizado.
La siguiente tabla muestra las fluctuaciones porcentuales en los asesinatos de mujeres en el Estado de México entre 1990 y 2011. El comportamiento es evidentemente errático.
Como se observa, entre 1990 y 2004 ocurrió una reducción constante de las muertes por agresiones mujeres. Con respecto al período gobernado por Peña Nieto, el descenso parece retomar su tendencia natural hasta 2008, cuando, al igual que en otros estados, la tasa de mortandad por asesinatos retoma el incremento.
No existe ninguna otra explicación para esta situación que las consecuencias visibles de la estrategia de combate al narcotráfico emprendida por Felipe Calderón. Y se debe subrayar que Enrique Peña Nieto continúa con la misma política, acaso diferenciada en las pautas de información de la situación siendo el gobierno priista aún más opaco que el panista.
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El Estado de México es complejo en todos los sentidos. Una de sus peculiaridades es la diversidad de sus regiones. Es difícil pensar en una entidad más heterogénea en términos económicos y sociales. Por eso es tan llamativo el comportamiento del feminicidio y la conclusión es que la muerte violenta de las mujeres en el estado del Presidente es un problema generalizado.
Para efectos comparativos y de análisis, se utilizaron las series estadísticas de defunciones entre 1990 y 2011 en 17 estados de todas las regiones del país, incluido el Edomex.
El Estado de México sólo ha estado dos años debajo de la media nacional, 2010 y 2011, en coincidencia con la mayor alza de las narcoejecuciones en México. De manera congruente con lo anterior, las tasas feminicidas en los sitios más asolados por las disputas entre los cárteles se observan disparadas hacia arriba en esos años.
Hasta 2006, el Estado de México fue un sitio con mayor índice de asesinatos de mujeres que Chihuahua. Nunca antes de la actual crisis de seguridad, ni durante los años en que el mundo entendió a Juárez como el peor lugar para ser mujer, la proporción de mujeres asesinadas en el estado fronterizo superó al registro porcentual mexiquense. En 1993, cuando comenzó la matanza en el desierto juarense, en ese municipio la tasa cerró en 1.9; en el Edomex fue más de cuatro veces superior.
Ahora, sin minimizar la tragedia de las mujeres chihuahuenses durante las décadas antepasada y pasada, el presente en Chihuahua en verdaderamente grave. Las condiciones que llevan a la muerte violenta de mujeres en esa frontera reclaman un nuevo y exhaustivo análisis aparte.
El Distrito Federal, considerado durante décadas como el peor lugar del país en términos de seguridad, jamás ha superado al Estado de México en muertes violentas de mujeres. Lo mismo ocurre con Michoacán, ni siquiera en el presente y a pesar que este último estado parece al borde del colapso.
El Estado de México posee grandes zonas industriales, al igual que Nuevo León, estado con una clara mejor calidad de vida y que rebasó la tasa feminicida mexiquense hasta 2011. Coahuila, también con un crimen organizado altamente confrontado, sólo en 2010 ha vivido más asesinatos de mujeres que el Edomex.
Chiapas es sumamente más pobre que el Estado de México y sitio de tránsito de mujeres migrantes centroamericanas, altamente vulnerables, pero sus tasas feminicidas están lejos de cualquier comparación con las mexiquenses. Lo mismo ocurre con Quintana Roo que, como el Edomex, tiene municipios con población indígena sumidos en la pobreza.
O Jalisco, enlistado junto con el Estado de México como uno de los más poblados del país: las mexiquenses deben temer más que las jaliscienses.
DE NORTE A SUR, DE ESTE A OESTE
Durante el sexenio de Peña Nieto, sólo en nueve de los 125 municipios de la entidad la tasa de asesinatos a mujeres cerró en cero.
En Chihuahua, el estado con más asesinatos de mujeres en ese período, 19 de 67 municipios no registraron casos. Los números cuentan una y otra vez que en ese estado de la frontera norte, la muerte violenta de mujeres se desbocó a la par de la explosión de asesinatos relacionados con el conflicto social iniciado por el ex Presidente Felipe Calderón.
En Jalisco, asiento histórico de los capos sinaloenses, escenario de guerra de cuatro cárteles del narcotráfico antagónicos –Beltrán Leyva, Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación– la tasa estatal en 2011, la más alta desde 1990, se ubicó en 3 cerrado. Quizá visto de manera aislada sería preocupante, pero en ese estado sólo en 34 de sus 125 municipios se registraron asesinatos de mujeres.
¿Qué ocurre en el extremo sur de México? Para efectos de comparación se eligió Chiapas, uno de los tres estados más pobres del país, tomado por asalto por el cártel de Los Zetas y lugar de paso anual de miles de migrantes mujeres y niñas centroamericanas. Ahí, en 2011, la tasa feminicida cerró en 1.1. En esa entidad, se registraron asesinatos de mujeres en 23 de sus 119 demarcaciones.
Esta es otra peculiaridad del feminicidio mexiquense: se asesinan mujeres en municipios híper poblados o en los que sólo cuentan con algunos cuantos de miles; en los que limitan con el Distrito Federal, Guerrero, Puebla o Querétaro; en los urbanos y en los rurales, y en los ricos y los pobres.
Por presentar un ejemplo, Atlacomulco, municipio de origen del Presidente, cuna del grupo político que rige al Estado de México –y ahora al país– vivió en 2010 uno de los peores años para las mujeres. La tasa de asesinatos de ellas se ubicó en 5.1; ese año, ninguna de las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México alcanzó tal nivel.
El análisis estadístico comprende el mismo período, de 1990 a 2011. El peor año en ese lapso para Juárez, Chihuahua, fue 2010, año en que esa frontera fue la ciudad más violenta del mundo. Fue entonces que 54.9 mujeres fueron asesinadas por cada 100 mil mujeres habitantes en ese sitio. En Zacazonapan, Estado de México, la tasa de 1991 ascendió a 78.9 y la de 2005, año en que Peña Nieto inició su gubernatura, el mismo municipio alcanzó el número de 56.2.
Ninguna oficina de la ONU, ninguna instancia internacional, ninguna actriz reconocida en el mundo entero ha dicho: “¡Basta a los asesinatos de mujeres en Zacazonapan!”. Ni en Zacualpan (tasa de 42.2 en 1994, año en que el promedio nacional fue de 3.1), ni en Texcalyacac (52.1 en 2003 contra 2.5 en el país), ni en San Simón de Guerrero (48.9 en 1991, 45.4 en 1994, 43.8 en 1996 y 38.4 en 2006, ya en pleno Gobierno de Enrique Peña Nieto), ni en San Martín de las Pirámides (28.6 en 2011, cuando la media mexicana fue de 4.5 y año en que Enrique Peña Nieto hizo una espectacular clausura televisada de su gobierno para luego dirigirse en sentido literal y figurado a la Presidencia).
NENAS Y ANCIANAS
Otro rasgo peculiar del feminicidio mexiquense es la variación de las edades de las víctimas.
También a partir de las estadísticas vitales, se produjeron las tasas de asesinatos de mujeres por cada 100 mil mujeres en función de los 18 grupos quinquenales de edad establecidos para los análisis demográficos. Igualmente se analizó el período comprendido entre 1990 y 2011 y, para este caso, se seleccionaron ocho entidades para mostrar el contraste.
Para esta perspectiva de análisis se obtuvieron en total 2 mil 128 y la cuarta más alta de todas, incluidas las de los estados fronterizos, está en el Estado de México.
Los sitios más conflictivos por el trasiego de drogas y delitos agregados muestran una clara tendencia en los asesinatos de sus mujeres situadas entre los 15 y los 54 años de edad, caso de Chihuahua.
En el Estado de México se observa el primer pico hacia arriba en el conjunto de niñas menores de cinco años; el último con una marcada tendencia alcista es el de mayor de edad: ancianas con 85 años o más.
Entre las 2 mil 128 casillas producidas, se observa que en 1990, para todas las edades, el Estado de México registró un promedio de 9 asesinadas por cada 100 mil mujeres habitantes. Las viejitas de 86 años o más mostraron una tasa que obligaría a una reflexión profunda de lo que ocurrió en ese lugar: 62.2. Este número sólo fue superado en la muestra estudiada por Chihuahua, que en 2010, año en que fue la entidad geográfica más violenta del mundo, para los tres grupos de mujeres comprendidos entre los 20 y los 34 años de edad.
Los siguientes cuadros muestran los grupos de edad con propensiones superiores a las promediadas en sus respectivos estados y años. Se ajustó el período a los años comprendidos entre 2005 y 2011 para mostrarlos en coincidencia con el sexenio de gobierno mexiquense de Enrique Peña.
ESTRANGULADAS
Las feministas consultadas sobre las causas del feminicidio en el Estado de México coincidieron en acusar la “extrema violencia” con que las mujeres son asesinadas en ese sitio.
Las actas de defunción proporcionan un acercamiento numérico a los últimos momentos de las asesinadas. En consecuencia, los bancos de información de la Secretaría de Salud son una galería de los horrores.
Entre 2000 y 2011 se reportaron 3 mil 583 defunciones por agresiones de mujeres con residencia en el Edomex. El número más alto de homicidios, con 449 casos, se perpetró por “ahorcamiento, estrangulamiento y/o sofocación en vivienda”. En este caso, la forma de la muerte esclarece las condiciones de la vida: maltrato rutinario de un marido, amante o novio convertido en asesino con sus propias manos.
Esta forma de matar, el estrangulamiento, es y por mucho la más socorrida por los asesinos de mujeres en el Estado de México. Sin importar el sitio en que ocurrió el crimen –casa, calles, carreteras u otros sitios no especificados–, durante los 11 años antes referidos, 854 mujeres fallecieron de esta manera. Además, 116 murieron ahogadas mediante sumersión, 105 fueron arrojadas desde algún sitio elevado, 244 fallecieron atacadas con arma blanca y 41 perdieron la vida quemadas.
Es el contacto físico lo que llama la atención, porque la relación muestra que 807 asesinatos de mujeres ocuparon un arma de fuego.
VIOLACIONES
Durante la investigación de campo y la revisión hemerográfica para la realización de este trabajo periodístico, se encontró que un aspecto recurrente en el feminicidio mexiquense es la violación de las víctimas anterior a su asesinato. Las bases de datos de la Secretaría de Salud consultadas no orientan si, previo al homicidio, la mujer sufrió un ataque sexual.
Como medio de aproximación, se puede echar un vistazo a las Cifras de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se advierte que las series se elaboran desde los reportes de las Procuradurías estatales y no consideran los delitos totales, sino una fracción de estos: sólo los que fueron denunciados.
Existen distintas aproximaciones a la cifra negra del delito de violación. Algunos especialistas apuntan a que la fiscalía conoce uno de cada cuatro casos y otros extienden el margen a uno de cada diez o menos.
¿Qué explica la baja denuncia del delito? Que ocurre con frecuencia dentro de casa, que socialmente se mantiene el estigma de vergüenza sobre las víctimas, que las niñas y mujeres son revictimizadas por el Ministerio Público y a la escasa perspectiva de justicia que las víctimas en general tienen en México.
Entre el mes que Peña Nieto inició su mandato en el Estado de México y el mes en que concluyó su gubernatura, más de 17 mil 500 mujeres acudieron a la autoridad para denunciar una violación en su contra, según los datos del Secretariado.
De acuerdo con estos datos, uno de cada cinco ataques sexuales en el país ocurrió en el Estado de México entidad que, nuevamente, posee el 13 por ciento de la poblacción
La muerte de mujeres en el Estado de México también se explica en que ahí, más que en ninguna otra parte del país, ellas sufren toda clase de maltratos dentro y fuera de sus casas.
Y esto también tiene medida.
(IN) JUSTICIA MEXIQUENSE
No sólo los números de la Secretaría de Salud encienden la alarma.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio muestra que de los mil 719 casos informados por la mitad de las procuradurías estatales –la otra parte negó la entrega de la información–más de 27 por ciento ocurrieron en el Estado de México.
Otra preocupación es la impunidad.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que en 2010, desde el inicio de la administración de Peña Nieto y hasta agosto de ese año pasado, 672 mujeres fueron asesinadas con alevosía y ventaja, muchas de ellas tras ser torturadas y violadas.
Nueve de cada 10 asesinatos quedaron sin castigo.
El incremento de cuerpos encontrados en la vía pública aleja aún más la posibilidad de su resolución.
Dos terceras partes de esos crímenes son definidos como de “extrema violencia”, por María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio. Crece la tortura y la violencia sexual. Los asesinatos por asfixia han rebasado los perpetrados con arma de fuego. A pesar de los señalamientos, las autoridades mantienen el discurso de que se trata de problemas aislados de violencia familiar.
“No se investiga, ni siquiera lo hace la Fiscalía especial recién creada”. Las autoridades evaden o reducen esta violencia a situaciones domésticas, que si bien es un problema, eso no exonera a las autoridades de su responsabilidad y de garantizar la vida de las mujeres.
“El gobierno busca su exoneración al definir el problema en la cultura machista que, si bien existe, no se reduce al hogar, sino alcanza a los operadores de justicia. Los funcionarios deberían ser sancionados, porque no investigan, porque hacen mal las consignaciones. Y esto tampoco ocurre”.
Mendoza subraya la necesidad de crear, como ocurrió en Chihuahua, redes de apoyo familiar y de la sociedad civil que presionen al estado a investigar los asesinatos y dar prevención y protección efectiva a las mujeres. “De lo contrario, el feminicidio seguirá en crecimiento”.
Fuente: Sin Embargo
