El Radar
Por Jesús Aguilar
En el panorama político actual, la prensa libre enfrenta desafíos significativos que amenazan su función esencial en una democracia: informar y fiscalizar al poder.
Diversos actores políticos han implementado estrategias que van desde campañas de desprestigio hasta la intimidación legal, buscando silenciar voces críticas y moldear la narrativa pública a su favor.
Expertos y académicos han analizado esta problemática, destacando la diversificación de los mecanismos de presión y control hacia los medios de comunicación. José Arellano Sánchez, académico del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señala que el periodismo de investigación se ha convertido en una profesión de alto riesgo, especialmente en contextos donde la violencia y la inseguridad son prevalentes. Arellano enfatiza que el periodismo, idealmente, denuncia abusos de poder y visibiliza las voces de los más vulnerables, pero también puede ser instrumentalizado por poderes políticos y económicos.
María Grisel Salazar Rebolledo, investigadora de la Universidad Iberoamericana, identifica diversas estrategias utilizadas por las autoridades para influir en los contenidos mediáticos. Estas incluyen pactos clientelares mediante la compra de espacios publicitarios, sobornos encubiertos y la intimidación legal a través de multas, sentencias de cárcel y prohibiciones de contenido. Estas tácticas buscan amedrentar a los comunicadores y limitar la libertad de expresión.
Luis Raúl González Pérez, titular del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, advierte que las agresiones a periodistas socavan los pilares de la democracia. Subraya la obligación del Estado de garantizar condiciones para el ejercicio libre y seguro del periodismo, sin intimidaciones ni represalias. González Pérez enfatiza que la impunidad en estos casos envía un mensaje peligroso que puede incentivar más agresiones.
En contextos locales, estas tácticas se manifiestan de manera más directa. Un ejemplo es el proyecto Distrito Santa Fe en San Luis Potosí, donde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) arrendó un terreno para la construcción de un centro comercial y deportivo. Medios como Astrolabio y Antena San Luis hemos señalado posibles irregularidades en este acuerdo, cuestionando la transparencia y los beneficios para la comunidad universitaria.
La labor de nuestros medios es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en proyectos que involucran recursos públicos y afectan a la sociedad.
También la defensa de los personajes bien intencionados involucrados y la exhibición de los mañosos y extrañamente omisos en el asunto como el secretario general de la Universidad y su ex abogado general Joel González de Anda quien fue exhibido recientemente justo por sus manejos excesivos en la gestión de recursos malgastados en su ex puesto.
Un caso particularmente preocupante es el papel del exdiputado local Fabián Espinosa Díaz de León, apoderado legal del proyecto Santa Fe, quien ha intentado intimidar a medios y periodistas que hemos cuestionado la viabilidad y legalidad del proyecto.
Sus acciones buscan desacreditar el trabajo periodístico y generar un clima de hostilidad hacia la prensa, lo que sienta un precedente negativo para la libertad de expresión en San Luis Potosí.
Nuevos amagos de establecer recursos leguleyos como bastón punzante solo son la confirmación de su desesperación en un tema que lo ha hundido en el pantano de las más oscuras frustraciones.
Es crucial que el Estado brinde respaldo a los periodistas y medios de comunicación libres en lugar de convertirse en un aliado silencioso de quienes buscan acallarlos.
Ha sucedido y lo sabemos, las silenciosas negaciones son tan escandalosas como el caso mismo.
No basta con declaraciones de compromiso con la libertad de prensa; es necesario que las instituciones actúen con firmeza para proteger a los comunicadores, garantizar su seguridad y evitar que intereses privados utilicen el aparato legal como un mecanismo de intimidación.
La prensa crítica es un pilar esencial de la democracia y su defensa debe ser una prioridad para cualquier gobierno que valore la transparencia y la rendición de cuentas.
