Por Desclasificados Antena
SAN LUIS POTOSÍ.
A mediados del sexenio de Marcelo de los Santos Fraga, (2003-2009) las maquetas de cartón piedra y los espectaculares en la carretera a Rioverde vendían la fantasía de una nueva metrópoli: una urbe rutilante diseñada para albergar a más de 30 mil familias, flanqueada por un parque industrial alternativo, avenidas de alto flujo y servicios integrados.
Se llamaba Ciudad Satélite.
Se puso la primera piedra en 2006, justo a la mitad del sexenio del único panista que ha gobernado la entidad.
Veinte años después, el megaproyecto insigne de la tecnocracia panista sobrevive como un conjunto habitacional semidesierto, fracturado por el abandono social y convertido en la prueba documental de uno de los esquemas de especulación inmobiliaria más lucrativos del estado.
Detrás del desastre urbano no hubo un simple error de cálculo técnico; operó un mecanismo de triangulación financiera donde la estructura del Estado fue puesta al servicio del encarecimiento artificial de la tierra. La bisagra del negocio se colocó en el Instituto de Vivienda del Estado (Invies), encabezado por Jorge González Hernández, “El Piolín”, un operador incondicional del Ejecutivo que terminó enfrentando la cárcel.
El modus operandi quedó al descubierto en las causas penales libradas por los juzgados del ramo penal: para conformar la reserva territorial del supuesto desarrollo social, el gobierno estatal no compró directamente a los ejidatarios. Interpuso empresas privadas, destacadamente Dintel del Centro, para operar el despojo velado. Mientras a los comuneros de El Panalillo les pagaron apenas 12 pesos por metro cuadrado, el Invies adquirió esos mismos predios a la intermediaria en 40 pesos el metro cuadrado.
La diferencia presupuestal —multiplicada por millones de metros cuadrados— terminó alimentando la sospecha de una red de complicidades donde despachos contables y grupos inmobiliarios vinculados al entorno del mandatario, incluyendo a su hijo Marcelo de los Santos Anaya, operaron la compraventa de terrenos con márgenes de ganancia desproporcionados a costa de las arcas públicas.
El costo penal de la maniobra recayó de forma calculada en los mandos medios. González Hernández fue capturado por la Policía Ministerial en las inmediaciones del penal de La Pila e ingresado bajo cargos de peculado, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa en su modalidad de pandillerismo. Aunque enfrentó resoluciones de formal prisión e inhabilitaciones administrativas hasta 2034, la cúpula del sexenio y los despachos favorecidos por la intermediación mercantil eludieron los banquillos judiciales mediante la acostumbrada cadena de amparos federales y sobreseimientos procesales.
En las colonias de la capital potosina, el resultado del experimento fue devastador: promesas de vivienda popular convertidas en inmuebles sin agua ni transporte, una zona industrial alternativa que jamás despegó y una reserva territorial empantanada en litigios que dejó al descubierto cómo se utilizó el poder público para inflar el valor del suelo en beneficio de un puñado de firmas privadas.
Hoy, la incursión abierta de Marcelo de los Santos Anaya en la contienda por la alcaldía de la capital dinamita la pax romana de la política local. Su aspiración no solo confronta el desgaste natural del Partido Acción Nacional, sino que obliga a reabrir la memoria de los tribunales. El expediente de Ciudad Satélite, junto con el megacrédito no aclarado de los 1,500 millones de pesos y las disputas multimillonarias en parques industriales, dejan de ser relatos del pasado para convertirse en cuentas pendientes que la ciudadanía y la clase política tendrán que volver a discutir en voz alta.
