Todo se encontraba dispuesto ya. El decreto de apagón analógico en Tijuana, proveniente del sexenio de Felipe Calderón, tendría que haberse aplicado de forma definitiva desde hace ya algunos días. Se habían dado los primeros pasos, pero por las conocidas ‘peticiones’ del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California y el Instituto Federal Electoral, la definitividad de la medida se pospone hasta el mes de julio, pasadas las elecciones bajacalifornianas. El argumento: que los mensajes electorales no dejen de llegar a miles de ciudadanos en plena campaña por la Gubernatura y el Congreso local.
¿De qué se trata el ‘apagón analógico? Forma parte de la transición de la TV analógica a la digital, que da mayor calidad en la imagen recibida y posibilita la captación de muchos más canales abiertos. En la parte técnica y de su funcionamiento no me meteré, pero sí que como usuario he conocido esa tecnología y sé que brinda al consumidor más opciones y una mejor calidad –al menos de imagen, no necesariamente de contenidos. No tengo empacho en decir que la TDT (televisión digital terrestre) es un avance tecnológico que nos puede beneficiar ya tan sólo por eso. Además, al parecer, liberaría un espectro usado actualmente por las televisoras bajo el sistema analógico, que pudiera reorientarse hacia otras cosas.
Irónico es, sin duda, que si se trata de un avance tecnológico que nos beneficia a los usuarios (y por lo tanto a casi todos los mexicanos), su implementación tenga que darse por decreto, de forma obligatoria, al generar resistencias en algunos de los propios usuarios. De ahí que para transitar a lo digital se contemple ‘apagar’ lo analógico, y ese apagón tenga que ser definitivo. Evitar, pues, la coexistencia del sistema digital y el analógico, primero en Tijuana y luego de forma escalonada en el resto del país.
Por ello, el trabajo de la Cofetel era que para la fecha anunciada, la semana pasada, la mayor proporción de hogares posibles en Tijuana ya tuvieran el decodificador requerido. Así, la única resistencia posible vendría no de los demandantes, sino de los oferentes del servicio. Sin embargo, no hay acuerdo en cuanto a la cobertura que se ha logrado de los decodificadores. Las cifras estimadas van de setenta y ocho (Milenio, Trascendió del 3 de junio) hasta noventa y tres por ciento (Cofetel, oficialmente).
Sin embargo, aun suponiendo que fueran en efecto cientos de miles de usuarios los que temporalmente se habían quedado sin TV (hasta conseguir un decodificador), el embate de las televisoras hacia la medida fue evidente. Reflejaba con claridad el interés propio que tienen en que dicho apagón no sea aplicado, o se posponga lo más posible. Los reportajes donde pretendían mostrarse interesados en las historias de estas personas destilaban una hipocresía tremenda. Y, lastimosamente, se salieron con la suya.
¿Por qué les interesó tanto echar atrás la medida? Entre otras cosas, porque la TDT implica la posibilidad técnica de transmitir muchos más canales abiertos, potenciándoles más competencia. Además, con mejor calidad visual, presionando también al respecto a los oferentes de TV de paga, en buena medida controlados por Televisa y que hoy por hoy dan un servicio caro y con escasa calidad de imagen a menos de que se paguen aún mayores cantidades. Esto, por otra parte, podría profundizarse si en verdad se llegan a licitar las cadenas abiertas nacionales prometidas y quedan en manos bien ajenas al duopolio actual. Hay entonces una lógica económica.
Pero también hay una lógica política, porque en un contexto de campañas electorales las televisoras ejercen un poder inmenso, incluso bajo nuestra legislación actual. Si bien no pueden cobrar por spots y enfrentan otras restricciones, los medios masivos se las arreglan para hacer campaña e inclinar la balanza en favor de quien les viene en gana. ¿Cómo, entonces, van a permitir que se siente el precedente de una elección en la que cientos de miles de electores no puedan ser ‘teledirigidos’?
Quizás lo más triste de toda esta historia es que el IEPCBC y el IFE, que supuestamente tendrían que ser garantes institucionales de la democracia, fueron garantes institucionales de los intereses de Azcárraga y Salinas Pliego. Hasta ahí llega la potencia de los poderes fácticos en este país: si son capaces de imponer presidentes, ¿por qué no también de imponer atraso? Y encima, sin dar ellos la cara.
Carlos Leonhardt.
Twitter: @leonhardtalv
