Uno de los principales acusados de la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en el sur México fue absuelto y liberado en la primera sentencia del juicio sobre el crimen que conmocionó a México y el mundo.
Según explicó el martes a The Associated Press Santiago Aguirre, director del Centro Prodh y abogado de las familias de las víctimas, el Juez decretó la “absolución por insuficiencia probatoria” de Gilberto López Astudillo, que fue liberado.
Aguirre explicó que la decisión del Juez se debió al “desaseo, las violaciones a los derechos humanos y las irregularidades de la investigación” del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). No obstante, el abogado también denunció que “la nueva Fiscalía no hizo nada para corregir esas deficiencias”.
López Astudillo, apodado “El Gil”, era considerado integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y uno de los principales involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
Según la versión del Gobierno de Peña Nieto, los jóvenes fueron secuestrados en la localidad de Iguala por policías que luego los entregaron a miembros del crimen organizado que los quemaron en un basurero cercano. Sin embargo, expertos independientes aseguran que no hay pruebas que acrediten la tesis de que fueron calcinados.
Diversas instituciones -desde oficinas de la ONU y la Organización de los Estados Americanos a la Comisión Nacional de Derechos humanos- se han pronunciado sobre los errores, inconsistencias, obstrucción a la justicia y violaciones a los derechos humanos de la investigación oficial realizada durante el Gobierno de Peña Nieto y que incluyó reiterados actos de tortura de varios de los detenidos. López Astudillo era uno de ellos.
En septiembre de 2015, la entonces Procuraduría General de la República ejercitó acción penal en contra de Gildardo López Astudillo. Foto: PGR, Cuartoscuro
Además, la justicia mexicana determinó en junio de 2018 que la investigación del caso “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República” y ordenó reponerla.
“Judicialmente el caso ya se cayó”, se lamentó Aguirre. “Es un golpe muy duro, muy malas noticias para las familias”.
La antigua Procuraduría General de la República nunca acusó a nadie por la desaparición forzada -aunque numerosos policías fueron detenidos- ni tampoco por homicidio, aunque su tesis fue siempre que los jóvenes fueron calcinados.
Parte de los más de 120 detenidos fueron arrestados por presunta pertenencia a Guerreros Unidos, el grupo de crimen organizado que operaba en Iguala, y en torno a 70 por participación directa con el secuestro.
Con la liberación de López Astudillo son ya más de 40 las personas las liberadas aunque la investigación continúa.
El Magistrado examinó 107 pruebas de las cuales a 62 las consideró ilícitas -entre otras cosas porque se lograron mediante detenciones arbitrarias o tortura-. A las restantes no las consideró suficientes para condenarlo por secuestro.
De acuerdo con las investigaciones de la entonces PGR, López Astudillo, presunto integrante de Guerreros Unidos, fue quien ordenó el traslado de los normalistas al basurero de Cocula, su homicidio e incineración. Foto: PGR, Cuartoscuro
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