El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha resucitado el controvertido proyecto Ecoparque Tlalli Malinche, una iniciativa que busca transformar parte del Parque Nacional La Malinche en un gran complejo turístico y deportivo. El plan, que se considera una versión moderna de la fallida “Suiza poblana” de administraciones anteriores, ha generado preocupaciones entre los ambientalistas por el impacto ambiental y el riesgo hídrico que conlleva.
El proyecto que Armenta propone contempla la construcción de un estadio para 10 mil personas, un hotel de cinco pisos, una alberca olímpica, un lago artificial, tirolesa, restaurantes, un cablebús y muchas otras instalaciones turísticas y recreativas. Este megaproyecto se desarrollaría dentro de 51 hectáreas de un Área Natural Protegida (ANP), algo que ha levantado serias alertas sobre la protección de la biodiversidad de la zona.
El proyecto no es nuevo para los habitantes de las comunidades cercanas, como Canoa y La Resurrección. A lo largo de los años, varios intentos de desarrollo en la misma área han sido impulsados, principalmente durante el gobierno de Melquíades Morales, pero fueron detenidos por la oposición de los pobladores. Se rumorea que en administraciones previas también existieron intentos de apropiarse de estos terrenos, con acusaciones de despojo de tierras.
Armenta, desde que asumió el cargo, ha manifestado su interés en crear tres grandes Centros Deportivos de Alto Rendimiento en Puebla, siendo La Malinche uno de los principales destinos. Asegura que el proyecto se desarrollará bajo un modelo “bioético” y buscará ser un centro de alto rendimiento único en América Latina.
Sin embargo, el hecho de que el proyecto esté en una zona protegida por su biodiversidad ha desatado críticas. Aunque Armenta ha insistido en que el Ecoparque es una forma de “rescate ambiental” y que contribuirá a frenar la tala ilegal en la zona, no se han ofrecido detalles claros sobre cómo se protegerá realmente el ecosistema.
Por otro lado, el proceso para la construcción del Ecoparque ha estado envuelto en controversia. La empresa Brudeo Solutions, encargada de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, fue registrada poco antes de que Armenta asumiera la gubernatura. Sin embargo, no hay información clara sobre los antecedentes de la empresa, que fue fundada en 2022 y no tiene experiencia en este tipo de obras.
A pesar de la preocupación de los ambientalistas y la falta de detalles, el gobierno estatal continúa respaldando el proyecto, asegurando que será un “polo de desarrollo sustentable” para la región.
