La Procuraduría General de la República (PGR) informó al Instituto Federal de Acceso a la Información de datos (IFAI), por solicitud de un particular, que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa un total de 379 narcotraficantes se acogieron al programa de testigos protegidos.
Esta polémica figura permitió al gobierno de Calderón encarcelar a funcionarios públicos e incluso miembros del ejercito, muchos de los cuales, como el General Tomás Ángeles Dahuajare, o Noé Ramírez Mandujano, tuvieron que ser puestos en libertad por falta de pruebas.
La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) dijo que cuenta con el registro de testigos protegidos de manera general, y no detalladamente, como lo solicito la particular.
Los datos de la PGR indican que de 2006 a 2012, se han registrado un total de 379 testigos colaboradores: 43, en 2006; 50, en 2007; 57, en 2008; 61, en 2009; 43, en 2010; 60 en 2011, y 65, en 2012.
El IFAI analizó un recurso de revisión a cargo de la comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, por lo que la Procuraduría dijo que los nombres de dichos testigos están protegidos por 12 años, ya que todavía están sumergidos en averiguaciones previas y de hacerse pública pondrían en riesgo la integridad física de dichas personas y sus familias.
La dependencia manifestó que los testigos, miembros de la delincuencia organizada, prestaron su ayuda para investigaciones, así como el grupo o banda a la que permanecían y la utilidad que se obtuvo con esos datos.
La comisionada realizó una búsqueda de información y localizó dos boletines de prensa, en los cuales la propia PGR publicó los nombres de algunos narcotraficantes que formaban o siguen siendo parte del programa de testigos colaboradores; tal es el caso de Édgar Enrique Bayardo del Villar y Jesús Zambada Reyes.
María Elena Pérez-Jaén realizó la propuesta de de realizar una búsqueda sus comunicados de prensa de la e invitó a entregar aquellos que adviertan los nombres de los testigos protegidos durante el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2012.
Sin embargo, el Pleno determinó reservarlos, ya que darlos a conocer se pondría en riesgo la integridad de las personas y las investigaciones en curso.
Sinembargo.
