Casos como el de David Korenfeld, quien renunció a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tras ser descubierto usando un helicóptero oficial para transportar a su familia, distan de ser poco comunes en el gobierno federal.
Desde el 2000 a la fecha, otros 327 funcionarios federales de 63 dependencias han sido sancionados por utilizar vehículos oficiales con fines personales, según un reporte que la Secretaría de la Función Pública (SFP) entregó a CNNMéxico en respuesta a una solicitud de información vía transparencia.
Lo anterior significa que, en promedio, cada año se han registrado 20.4 casos, que la mayoría de las veces han sido castigados con la suspensión del infractor o con una amonestación —un regaño público o privado— y solo en 6.11% de las ocasiones han terminado en destituciones.
El reporte de la SFP, basado en datos proporcionados por las contralorías de las dependencias, indica que por lo general los vehículos usados son automóviles, camionetas y motocicletas.
Sin embargo, también se reporta la utilización de un autotanque con turbosina por parte de un funcionario de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y de ambulancias por parte de funcionarios del Hospital General Manuel Gea González y del Instituto Nacional de Perinatología. En secretarías como Relaciones Exteriores (SRE) y Gobernación (Segob) solo se reporta que fueron utilizados un “vehículo oficial” y un vehículo “desconocido”, respectivamente.
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Alejandro González Arreola, director de la asociación civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc) —perteneciente al Colectivo por la Transparencia—, consideró probable que la cifra de casos sea más alta, pero que muchos de ellos no se reporten por deficiencias en las contralorías de las dependencias federales.
“Muy probablemente la incidencia de casos sea mayor pero la capacidad para identificarlos la verdad es que es baja. Sin embargo, el hecho de que existan aún en este contexto más de 300 casos habla de que es un fenómeno que sí se presenta”, dijo en entrevista.
Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), señaló que, desde su punto de vista, las cifras reflejan un problema constante derivado de fallas en la legislación federal y de la persistencia de una cultura patrimonialista, en la que los funcionarios consideran como propios los bienes públicos.
“Hay mayores incentivos para que la gente actúe contrario a la legalidad que para que lo haga de una manera responsable. Y lo que tenemos es también una parte cultural: no ven ningún problema en hacer lo que hacen”, dijo.
El ‘top 3’ de las dependencias
Por número de sancionados, las tres dependencias con más casos son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con 20 cada una, así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con 19.
En marzo y abril, la Conagua atrajo la atención pública luego de que su entonces titular, David Korenfeld, fuera fotografiado por un ciudadanousando un helicóptero oficial para llevar a su familia al aeropuerto.
Korenfeld, quien dirigía la Conagua desde el inicio del mandato del presidente Enrique Peña Nieto y era parte de su equipo desde el gobierno del Estado de México, reconoció el error y, ante las críticas, renunció al cargo.
Casi un mes después, en mayo, la SFP multó a Korenfeld con 638,000 pesos, un monto “equivalente a tres veces el daño causado y beneficio obtenido por el uso de ese helicóptero”, según explicó la secretaría entonces.
¿Y las sanciones?
El reporte de la SFP —en el que aún no está consignado el caso de Korenfeld— señala que la sanción más común para los funcionarios que han usado vehículos oficiales con fines personales es la suspensión del cargo, por un periodo que va de los tres días a los seis meses.
Tal es la medida que se ha aplicado en 132 casos, y a esta le siguen las amonestaciones públicas o privadas con 103.
Lo anterior se traduce en que 235 de los servidores públicos que cometieron esta falta, 71.86% del total, solo fueron suspendidos o regañados por sus superiores.
En contraste, los funcionarios destituidos únicamente han sido 20, es decir, 6.11% del total. Y de ellos, solamente cuatro recibieron la máxima sanción posible: destitución, multa e inhabilitación para ejercer un cargo en la administración pública por determinado tiempo.
Así ocurrió con un funcionario de la SCT castigado en 2014, con uno de Liconsa castigado en 2001, con uno de Televisión Metropolitana (Canal 22) castigado en 2003 y con otro de la SRE castigado en 2005.
Para González Arreola, el hecho de que la mayoría de las sanciones hayan sido suspensiones o amonestaciones refleja que se deben revisar las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos, para que las faltas cometidas por funcionarios tengan una sanción proporcional.
Este es uno de los temas que deben discutirse en la legislación secundaria de la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, la cual establece que esas normas deben quedar aprobadas por el Congreso a más tardar en mayo de 2016.
Morales señaló al respecto que la nueva normatividad para combatir la corrupción debe ser la base para formar una “nueva ética” de los servidores públicos, un proceso que también implica la participación y la vigilancia de los ciudadanos.
“La sociedad y los medios de comunicación independientes tenemos que ser más vigilantes y tenemos que cambiar la tolerancia al abuso, no debemos perder la capacidad de asombro ante estos casos”, concluyó la académica.
Fuente: CNN
