EL IMPUESTO A LAS REMESAS: UNA AMENAZA PARA MILLONES DE FAMILIAS MEXICANAS

Letras Económicas
Por José Claudio Ortiz
En mayo de 2025, un grupo de legisladores republicanos de Estados Unidos propuso aplicar un impuesto del 5% a todas las remesas que salen del país. La iniciativa, impulsada por el congresista Jason Smith, ha generado un fuerte rechazo tanto en México como entre especialistas en economía y migración.
¿Por qué tanto alboroto? Porque esta medida no es menor. México es el principal receptor de remesas del mundo, con más de 63 mil millones de dólares recibidos en 2024, y estas transferencias son el sostén económico de millones de hogares. Para muchas familias, ese dinero enviado desde “el otro lado” no es un extra, es la diferencia entre comer o no comer.
La propuesta plantea cobrar un 5% sobre el total del dinero enviado al extranjero desde Estados Unidos. Es decir, si alguien manda 400 dólares a su familia en México, 20 dólares quedarían retenidos por el gobierno estadounidense. Y aunque hay ciertas excepciones para pagos hechos por ciudadanos americanos, la mayoría de las remesas enviadas por migrantes mexicanos serían afectadas.
Algunos podrían pensar que es un monto pequeño, pero en realidad ese 5% representa un golpe directo al bolsillo de quienes menos tienen. En estados como Oaxaca, Michoacán, Zacatecas o Chiapas, las remesas llegan a representar hasta el 10% del Producto Interno Bruto local. Una reducción en estos ingresos tendría consecuencias devastadoras.
Más allá del dinero: el impacto humano. El dinero que llega de las remesas no se guarda bajo el colchón ni se gasta en lujos. Se utiliza para cubrir necesidades básicas: comida, medicinas, educación y vivienda. Muchas familias dependen totalmente de ese ingreso, ya que en sus comunidades hay pocas oportunidades laborales o los salarios son muy bajos.
Si se aplica el impuesto, algunas familias podrían recibir menos dinero y tener que hacer ajustes drásticos: sacar a un hijo de la escuela, posponer tratamientos médicos o endeudarse para pagar lo básico. Otros migrantes, en un intento por mantener el apoyo habitual a sus seres queridos, tal vez decidan enviar más dinero, absorbiendo ellos mismos el costo del impuesto. Pero eso implicaría trabajar más horas o reducir su propio consumo, en un país donde ya enfrentan condiciones laborales duras y muchas veces sin protección legal.
Otro efecto preocupante de este impuesto sería el posible aumento en el uso de canales informales para enviar dinero. Es decir, que en vez de usar bancos o empresas de envío reconocidas, algunos migrantes recurrirían a personas o mecanismos no regulados para hacer llegar su apoyo. Esto abre la puerta a fraudes, abusos y pérdida de recursos, además de dificultar la trazabilidad del dinero y fomentar actividades ilícitas.
La experiencia del estado de Oklahoma, que desde 2009 cobra un impuesto local del 1% a las remesas, muestra que muchos migrantes buscan maneras de evadir ese cargo, lo que reduce el efecto recaudatorio del impuesto y genera un mercado paralelo.
¿Qué gana Estados Unidos? Los promotores del impuesto argumentan que es una forma de aumentar los ingresos fiscales del país. Pero hay algo que muchos olvidan: el 80% del ingreso de los migrantes se queda en Estados Unidos. Pagan renta, alimentos, transporte, impuestos… en otras palabras, ya están contribuyendo a la economía estadounidense, independientemente de su estatus migratorio. Cobrarles también por enviar dinero a sus familias es una forma de doble tributación que muchos consideran injusta y hasta inmoral.
Además, el impuesto no estaría destinado a programas de apoyo para los migrantes, sino a cubrir otros gastos del gobierno estadounidense. Es decir, el dinero se iría a un fondo general, sin ningún beneficio directo para quienes lo generan.
México alza la voz: el Senado mexicano, en una rara muestra de unidad entre partidos, rechazó rotundamente la iniciativa estadounidense, calificándola de injusta, discriminatoria y contraria a los acuerdos de libre comercio entre ambos países. Desde el punto de vista diplomático, la medida también podría tensar las relaciones bilaterales en un momento donde la cooperación en temas de seguridad, migración y comercio es más importante que nunca.
Por el momento, la propuesta sigue en discusión en el Congreso de Estados Unidos, dentro del Comité de Recursos y Arbitrios. Su aprobación no es segura, pero tampoco puede descartarse. El hecho de que forme parte de un paquete fiscal más amplio podría facilitar su avance.
Lo cierto es que, más allá de tecnicismos legislativos, la sola posibilidad de que se imponga este impuesto ya genera preocupación y desconcierto entre los migrantes y sus familias.
En resumen, gravar las remesas con un impuesto del 5% no solo afectaría el bolsillo de millones de familias mexicanas, también pondría en riesgo la economía de regiones enteras, incentivaría prácticas informales y afectaría el ya de por sí difícil día a día de los migrantes. Más que una medida fiscal, se percibe como una jugada política con costos humanos muy altos.
Mientras tanto, en muchos hogares de México, la pregunta es simple pero urgente: ¿Qué vamos a hacer si el dinero ya no alcanza?
Que tengas excelente miércoles y te espero la por aquí la próxima semana.
@jclaudioortiz.