El Radar por Jesús Aguilar
Riesgo de la desaparición de los órganos autónomos en México: El caso del INAI y la CEGAIP
En los últimos meses, ha surgido una creciente preocupación por la posible desaparición de los órganos autónomos en México, especialmente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este organismo, clave en la promoción de la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y la protección de los derechos ciudadanos, enfrenta serios desafíos que podrían amenazar su existencia y operatividad.
El rol fundamental del INAI
El INAI ha sido un baluarte en la lucha por la transparencia y el combate a la corrupción. Desde su creación, ha permitido a los ciudadanos acceder a información pública que antes estaba reservada para las esferas del poder. Esto ha propiciado una mayor participación cívica y ha impulsado una cultura de rendición de cuentas dentro del gobierno. A través de sus resoluciones, el INAI ha obligado a las instituciones públicas a liberar información sensible sobre contratos, gasto público, nombramientos y muchas otras áreas de interés público, lo que ha contribuido a la detección de irregularidades y actos de corrupción.
Sin embargo, este papel proactivo ha sido visto por algunos sectores del gobierno actual como un obstáculo. Desde el Ejecutivo, se han planteado críticas hacia los órganos autónomos, enmarcándolos como entes costosos, ineficaces y que no representan una verdadera utilidad para el país. Esto ha alimentado la posibilidad de su desmantelamiento o absorción por otras instituciones gubernamentales, lo que podría minar su independencia y, con ello, su efectividad.
La CEGAIP y la lucha local por la transparencia
A nivel estatal, los organismos de transparencia también se enfrentan a amenazas similares. En San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) juega un papel crucial en la supervisión de la transparencia y el acceso a la información. Al igual que el INAI, la CEGAIP ha servido como un medio para que los ciudadanos puedan solicitar datos importantes del gobierno estatal y municipal, desde presupuestos hasta políticas públicas.
En un contexto donde la corrupción y la opacidad a nivel local son preocupaciones constantes, organismos como la CEGAIP resultan esenciales para que la ciudadanía potosina ejerza su derecho a estar informada y a exigir cuentas a sus autoridades. La eliminación o debilitamiento de este organismo podría dejar un vacío en la fiscalización local, facilitando así la perpetuación de prácticas corruptas.
Consecuencias de su desaparición
El principal riesgo de desaparecer o debilitar estos órganos autónomos es la afectación directa a la transparencia gubernamental. Sin el INAI y sus pares estatales, como la CEGAIP, los ciudadanos perderían herramientas fundamentales para exigir información clara sobre cómo se manejan los recursos públicos. Además, sin estos contrapesos, el poder se concentraría aún más en las manos del gobierno en turno, sin la posibilidad de ser auditado de manera independiente.
Asimismo, la desaparición de estos órganos no solo afectaría a la transparencia, sino también al acceso a la justicia. Muchas de las resoluciones del INAI han servido para corregir irregularidades en las acciones del gobierno, y su capacidad de dictar medidas obligatorias ha sido vital para garantizar que las instituciones públicas cumplan con la ley.
La resistencia y el futuro incierto
Frente a este panorama, han surgido voces que defienden la permanencia del INAI y de los organismos locales como la CEGAIP. Organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos han alzado la voz para advertir sobre los riesgos que conlleva la eliminación de estos contrapesos democráticos. Las tensiones continúan, y el futuro de estos organismos es incierto. Mientras tanto, la presión pública se mantiene como una de las pocas defensas frente a una posible consolidación del poder sin transparencia.
La desaparición del INAI y de organismos estatales como la CEGAIP no solo comprometería el acceso a la información, sino que debilitaría la democracia mexicana, dejando a la ciudadanía con menos herramientas para exigir rendición de cuentas. La lucha por preservar estos espacios autónomos es, por tanto, una batalla crucial para el futuro de la transparencia y la justicia en México.
