Cuatro jóvenes han sido ejecutados en relación con las protestas que estallaron en Irán hace cuatro meses, mientras que otras 18 personas han sido condenadas a muerte. Según grupos de derechos humanos, todos ellos fueron condenados en juicios tremendamente injustos.
Mohammad Mehdi Karami, campeón de kárate de 22 años, fue ahorcado el 7 de enero, solo 65 días después de su detención.
Según ha podido saber el servicio persa de la BBC, tuvo menos de 15 minutos para defenderse en el tribunal.
Su historia muestra cómo las autoridades de Irán utilizan farsas judiciales para infundir miedo en los manifestantes, que exigen la libertad y el fin del régimen clerical.
“No le digas nada a mamá”
El movimiento de protesta comenzó tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que fue detenida por la policía de la moral el pasado septiembre por supuestamente no llevar “bien” puesto el velo obligatorio.
“Papá, nos dieron el veredicto. El mío es la pena de muerte. No le digas nada a mamá”
Las autoridades calificaron las protestas de “disturbios”, e iniciaron una violenta represión. Al menos 481 manifestantes han sido asesinados por las fuerzas de seguridad, según Iran Human Rights, una organización no gubernamental con sede en Noruega.
Karami fue arrestado en relación con el asesinato de un miembro de la fuerza paramilitar Basij durante las protestas en la ciudad de Karaj, al oeste de Teherán, el pasado 3 de noviembre.
Más tarde fue acusado del delito de “corrupción en la Tierra” y fue juzgado ante un Tribunal Revolucionario en Karaj el 30 de noviembre junto con otras 16 personas, entre ellos tres niños, también acusados de participar en el asesinato.
Los acusados tienen derecho a representación legal en Irán pero, en casos delicados como este, o en casos de espionaje, no se les permite elegir a sus propios abogados. El tribunal designa, en cambio, a uno de una lista aprobada por el poder judicial.
Los periodistas y los miembros de la familia del acusado también tienen prohibido estar presentes en el juicio, por lo que la única ventana a lo que sucede detrás de las puertas cerradas son imágenes muy editadas que comparte el poder judicial.
En uno de esos videos, se ve a Karami visiblemente angustiado mientras “confiesa” haber golpeado al miembro del Basij en la cabeza con una piedra. Su abogado de oficio no cuestiona ni discute esto y, en cambio, pide perdón al juez. Karami luego dice que fue “engañado” y se sienta.
El 5 de diciembre, Karami fue declarado culpable y condenado a muerte. Cuatro de sus coacusados también fueron condenados a muerte, mientras que los niños y otras ocho personas fueron condenados a largas penas de cárcel, según el poder judicial.
Es habitual que las autoridades presionen a los familiares de los acusados para que guarden silencio.
Pero el padre de Mohammad, Mashaalah Karami, que trabaja como vendedor ambulante de paquetes de pañuelos, concedió una entrevista al periódico “Etemad”, en la que aseguró que su hijo lo había llamado llorando el día que fue sentenciado a muerte.
“Papá, nos dieron el veredicto. El mío es la pena de muerte. No le digas nada a mamá”, recordó su padre, reiterando la inocencia de su hijo.
Relatos escalofriantes
Más tarde, el grupo activista opositor “1500 Tasvir” publicó un relato en las redes sociales en el que se afirmaba que Karami había sido torturado.
Según este, Karami contó a su familia durante un encuentro en la prisión que los guardias lo habían apaleado hasta dejarlo inconsciente. Los agentes asumieron que estaba muerto y arrojaron su cuerpo en una zona remota, pero cuando se estaban yendo se dieron cuenta de que todavía estaba vivo.
Karami también contó a su familia que los agentes de seguridad le habían “tocado los genitales todos los días y amenazado con violarlo” durante los interrogatorios, según su relato.
De acuerdo con el sistema legal de Irán, cuando un tribunal dicta una sentencia de muerte, se envía al Tribunal Supremo para su aprobación. Pero incluso si el Tribunal Supremo aprueba la pena de muerte, todavía podría apelarse.
El padre de Karami explicó a “Etemad” que había intentado comunicarse con el abogado designado por el Estado varias veces, pero que no había obtenido respuesta.
Entonces, la familia intentó contratar a uno de los abogados de derechos humanos más destacados de Irán, Mohammad Hossein Aghasi.
“Mohammad me llamó tres veces desde la prisión y me pidió que lo representara. Sus padres también me instaron a que representara a su hijo”, confirmó Aghasi.
Aghasi escribió al tribunal local y luego al Tribunal Supremo. En cada etapa, sus cartas fueron ignoradas o rechazadas. El recurso que interpuso contra la decisión del Tribunal Supremo también fue descartada por un juez.
Las autoridades han dicho en repetidas ocasiones que los juicios rápidos a los manifestantes y las duras sentencias dictadas contra ellos pretenden tener un efecto disuasorio.
Vulnerable y aislado
Seyed Mohammad Hosseini, de 39 años, entrenador voluntario de niños, también fue ahorcado el 7 de enero, tras ser juzgado junto con Karami por el mismo delito.
Sus padres han fallecido, por lo que no hubo una campaña familiar en las redes sociales para salvar su vida después de que fuera sentenciado. Sin embargo, muchos iraníes compartieron una publicación que decía: “Todos somos la familia de Mohammad”.
Hosseini, que sufría un trastorno bipolar, logró obtener representación legal independiente después de que el Tribunal Supremo confirmara su sentencia de muerte.
El abogado Ali Sharifzadeh Ardakani pudo visitarlo en prisión en diciembre y escribió en Twitter sobre el encuentro.
“Lloró durante toda la visita. Habló de la tortura, de cómo fue golpeado mientras estaba esposado y con los ojos vendados, de que recibió patadas en la cabeza y perdió el conocimiento”, escribió Ardakani.
“[Él es] un hombre cuyas confesiones han sido todas obtenidas bajo tortura y no tienen validez legal”.
Ardakani presentó los documentos para apelar la decisión del Tribunal Supremo y le dijeron que regresara al tribunal el 7 de enero. Pero cuando se dirigía hacia allí, escuchó que Hosseini había sido ahorcado.
El abogado fue detenido posteriormente por las autoridades, y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza. El servicio persa de la BBC ha podido saber que se enfrenta a una denuncia del fiscal de Karaj por el tuit en el que alegaba que Hosseini fue torturado.
Sin salida
Grupos de derechos humanos han denunciado al sistema judicial de Irán por basarse en “confesiones forzadas”.
Tal y como explicó una fuente al servicio persa de la BBC, los abogados designados por el Estado actúan en realidad como “interrogadores” durante los juicios, aumentando la presión sobre los acusados, en lugar de defenderlos.
Según Iran Human Rights, al menos 109 manifestantes están ahora mismo en peligro de ejecución, ya que han sido condenados a muerte o acusados de delitos capitales. El promedio de edad es de 27 años, con tres menores de 18.
Después de que Seyed Mohammad Hosseini y Mohammad Mehdi Karami fueran ahorcados, países occidentales y grupos de derechos humanos exigieron a Irán que detuviera inmediatamente las ejecuciones.
Pero una semana después, el poder judicial anunció que había ahorcado a Alireza Akbari, con doble nacionalidad británico-iraní, un exalto funcionario del Ministerio de Defensa iraní que fue condenado por espiar para el Reino Unido.
En una grabación de audio obtenida por el servicio persa de la BBC la semana pasada, Akbari alegó que había sido torturado y obligado a “confesar” crímenes que no había cometido.
Mientras tanto, otro símbolo desgarrador del movimiento de protesta fue compartido en las redes sociales, un video de Maashalah Karami arrodillado en la tumba de su hijo, vistiendo lo que parece ser el suéter amarillo de Mohammed.
Se le ve sosteniendo una foto de su hijo en una mano y agarrando su propia garganta con la otra mano, imitando una soga.
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