El Radar
Por Jesús Aguilar
La reciente aprobación en el Congreso de la Unión de la elección abierta de jueces en México, cuya primera jornada se llevará a cabo en junio de 2025, ha suscitado un intenso debate sobre las implicaciones que este proceso podría tener en la independencia y seguridad de los juzgadores.
Pero la posibilidad de que los jueces sean objeto de campañas de desprestigio basadas en la orientación de sus sentencias previas, especialmente por parte de aquellos que no resultaron favorecidos en juicios anteriores, plantea serias preocupaciones sobre la integridad de su imagen y carrera judicial.
En San Luis Potosí se han presentado casos verdaderamente relevantes como el intento de linchamiento injustificado de uno de los personajes que han demostrado con una trayectoria impecable en la carrera judicial como lo es el juez Juan Fernando Salazar, quien tuvo la convicción de buscar conservar su puesto en la intrincada futura elección del poder judicial local.
La elección popular de jueces representa un cambio significativo en el sistema judicial mexicano. Aunque busca democratizar y transparentar la designación de autoridades judiciales, expertos advierten sobre los riesgos inherentes a este modelo. Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), ha señalado que esta reforma podría abrir la puerta a la corrupción y a la ineficacia en la impartición de justicia. Según Sánchez, al eliminar los requisitos de carrera judicial y permitir campañas sin financiamiento público regulado, se corre el riesgo de que los candidatos busquen apoyo económico de fuentes ilícitas, incluyendo al crimen organizado, lo que comprometería su independencia y objetividad en el desempeño de sus funciones.
¿Cómo es que una carrera limpia de 26 años en el poder judicial estatal puede intentar mancharse por la verborrea oportunista de quienes no han sido favorecidos por un proceso justo en la triste coyuntura de la tan cuestionada elección que viene?
La preocupación no se limita al ámbito local. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su relatora especial para la Independencia de los Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, ha expresado su inquietud por los ataques públicos que han recibido jueces en México.
Satterthwaite ha destacado que las acusaciones públicas por parte de funcionarios gubernamentales, que califican a jueces como “corruptos” o “delincuentes” por sus decisiones, amenazan con influir indebidamente en el personal judicial y socavan la percepción pública del Poder Judicial.
La posibilidad de que los jueces sean blanco de campañas de infundios debido a sus decisiones anteriores es real y preocupante. En un contexto donde la violencia y la influencia del crimen organizado son palpables, la exposición pública de los juzgadores podría convertirlos en objetivos de amenazas, coacciones o incluso agresiones físicas. El reciente asesinato de Edmundo Román Pinzón, exjuez de alto rango en Acapulco, ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los candidatos a puestos judiciales en el marco de la reforma
Además, la falta de mecanismos efectivos para proteger la integridad de los jueces durante las campañas electorales podría derivar en una justicia parcial y temerosa. Si los juzgadores sienten que sus decisiones pueden ser utilizadas en su contra en futuros procesos electorales, podrían verse tentados a emitir fallos que busquen complacer a la mayoría o evitar controversias, en lugar de basarse estrictamente en la ley y la justicia.
La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia. Permitir que los jueces sean elegidos por voto popular sin las salvaguardas adecuadas podría comprometer este principio, ya que los juzgadores estarían sujetos a las presiones y vaivenes de la opinión pública y de grupos de interés.
Es esencial que se implementen medidas que garanticen la protección de los jueces contra campañas de desprestigio infundadas y que se preserve su autonomía en la toma de decisiones.
