El Radar
por Jesús Aguilar
La política potosina entró demasiado temprano a la etapa del pantano.
Falta más de un año para la elección… y ya estamos viendo esposas, listas negras, páginas de guerra, campañas de demolición moral y una conversación pública convertida en pleito de vecindad digital con presupuesto, algoritmos y ahora también Inteligencia Artificial.
Qué nivel tan miserable de discusión pública hemos construido.
Porque sí: la solidaridad con compañeros comunicadores, críticos y voces incómodas frente a cualquier posible exceso del poder no solamente es legítima; hoy resulta obligatoria.
Y cualquiera que crea que el uso del derecho penal contra voces críticas no merece preocupación, no ha entendido absolutamente nada de la historia política mexicana.
Pero tampoco nos hagamos pendejos… todos.
San Luis Potosí lleva años permitiendo que el debate público se convierta en una cloaca binaria donde casi todos jugaron el mismo juego: páginas de ataque disfrazadas de información, “porras” digitales financiadas quién sabe por quién, perfiles anónimos operando propaganda emocional, campañas de humillación, memes destructivos, rumores sembrados como “trascendidos” y una lógica miserable donde importarían más los shares que la verdad.
Desde que se presentó esa propuesta de ley con todo y foro, en el que participé buscamos propones que se limpiara y revisara TODO EL SISTEMA, incluso las decenas de “paginitas” que juegan de un lado o del otra que con la llegada generalizada de la IA, se ha convertido en un bidón de gasolina para la fogata.
La discusión entonces no puede quedarse solamente en si hubo o no detenciones correctas.
La discusión verdadera está en otro lado.
¿Quién regula el ecosistema completo?
¿Quién fiscaliza el dinero invertido en propaganda digital?
¿Quién transparenta las operaciones políticas disfrazadas de páginas ciudadanas?
¿Quién pone límites éticos a gobiernos, partidos, operadores y fanáticos digitales que durante años normalizaron el linchamiento como método de comunicación?
Porque si la nueva legislación sobre manipulación digital y daño reputacional se va a aplicar, entonces tendría que aplicarse pareja.
Sin filias.
Sin venganzas.
Sin “estos sí y estos no”.
De lo contrario, el mensaje sería devastador: la ley sirve para disciplinar críticos… pero no para limpiar el ecosistema completo.
Y ahí empieza el riesgo institucional.
La propia ONU y organismos internacionales han insistido durante años en que cualquier acción estatal relacionada con libertad de expresión debe cumplir criterios estrictos de proporcionalidad y evitar efectos inhibitorios sobre periodistas y voces críticas.
Pero también especialistas en ética digital y gobernanza tecnológica advierten que la expansión acelerada de contenidos manipulados con IA está reventando las fronteras tradicionales entre sátira, desinformación y daño reputacional deliberado.
Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo.
Y quizá ahí está la parte incómoda para todos.
Porque hay compañeros que merecen solidaridad absoluta frente a cualquier intento de silenciamiento político.
Y también hay prácticas digitales profundamente tóxicas que jamás debieron normalizarse simplemente porque ayudaban a golpear “al enemigo”.
El problema es que en San Luis Potosí ya nadie quiere discutir el fondo.
Aquí todo mundo quiere escoger bando.
O eres “del régimen”.
O eres “de los otros”. o de los “otros”
O eres “chayotero”.
O eres “sicario digital”.
O eres “prensa vendida”.
O eres “golpista”.
Incluso vale la pena deicr ¿quien tiene los tamaños y condiciones para calificar si eres “periodista” o no?
Qué pobreza tan brutal de conversación pública.
Mientras tanto, los grandes temas reales siguen esperando turno:
el agua,
la seguridad,
la movilidad,
la expansión urbana,
la crisis institucional,
la salud mental colectiva,
la economía que no alcanza,
y una generación completa creciendo entre polarización, cinismo y odio digital normalizado.
Pero claro… eso genera menos clics que una captura editada o un meme venenoso.
El humor negro de todo esto es que muchos de los que hoy se sienten perseguidos participaron durante años —directa o indirectamente— del ecosistema de propaganda salvaje que terminó convirtiendo la política local en un ring de lodo permanente.
Y muchos de los que hoy exigen “orden” también toleraron, financiaron o celebraron estructuras digitales brutales mientras golpeaban al adversario correcto.
Por eso este no puede convertirse en un debate de buenos contra malos.
Sería demasiado cómodo.
La obligación democrática de proteger la libertad de expresión sigue intacta.
Pero igual de urgente resulta limpiar el ecosistema de guerra digital que todos ayudaron a construir.
Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de diferenciar crítica de demolición humana, información de propaganda y libertad de expresión de linchamiento organizado… el problema ya no es electoral.
Es cultural.
Es institucional.
Y empieza a ser peligrosamente moral y… ¿convenientemente electoral?
