El Radar
Por Jesús Aguilar
En política, la fortuna suele generar admiración.
En un país dominado por los “nuevos ricos”, una fortuna súbita genera preguntas.
Y cuando esa fortuna aparece conectada a contratos públicos, relaciones de poder y expedientes judiciales, las preguntas dejan de ser una curiosidad para convertirse en un asunto de interés público.
Eso es lo que vuelve relevante el caso de Gerardo Sánchez Zumaya.
No el amparo que le fue concedido en las últimas horas.
No la orden de aprehensión que lo motivó a promoverlo.
Ni siquiera la disputa política local.
Lo verdaderamente relevante es que, desde hace varios años, alrededor de su figura se acumula una larga lista de interrogantes que nadie ha respondido satisfactoriamente.
Y mientras más crece la lista, más difícil resulta reducir todo a una simple persecución política.
Porque antes de convertirse en aspirante político, Sánchez Zumaya ya era objeto de reportajes nacionales.
El ascenso que nadie ha explicado
La pregunta original sigue intacta:
¿Cómo pasó un empresario prácticamente desconocido en la esfera nacional a convertirse en beneficiario de contratos multimillonarios vinculados al sector energético?
Diversas investigaciones periodísticas documentaron que su empresa Petrogesa obtuvo contratos relevantes con Pemex durante los años de expansión de la llamada Cuarta Transformación.
El crecimiento empresarial fue tan acelerado que llamó la atención de medios nacionales, organismos financieros y posteriormente de autoridades investigadoras.
Nadie está obligado a justificar el éxito.
Pero cuando el crecimiento ocurre en sectores altamente regulados, dependientes de decisiones gubernamentales y vinculados a recursos públicos, la transparencia deja de ser opcional.
Se vuelve indispensable.
Porque la pregunta no es cuánto ganó.
La pregunta es cómo llegó ahí.
Los apellidos que aparecen una y otra vez
Las investigaciones periodísticas publicadas durante los últimos dos años han colocado reiteradamente a Sánchez Zumaya dentro de un ecosistema político ligado a personajes cercanos al poder nacional.
Su nombre ha aparecido asociado mediáticamente a operadores del grupo político de Tabasco, particularmente alrededor del círculo de influencia de Adán Augusto López Hernández y de Andrés Manuel López Beltrán, aunque hasta ahora no existe resolución judicial que acredite responsabilidad penal de ninguno de ellos en relación con los señalamientos.
Y aquí aparece un dato fundamental.
Una cosa es la prueba judicial.
Otra muy distinta es la influencia política.
Las investigaciones pueden no haber acreditado delitos.
Pero sí han descrito relaciones, cercanías, recomendaciones, respaldos políticos y coincidencias que explican por qué el nombre de Zumaya dejó de ser un asunto local para convertirse en tema nacional.
El expediente incómodo
Los reportes publicados por distintos medios señalan investigaciones por presuntas operaciones financieras irregulares, movimientos vinculados a empresas facturadoras y esquemas que habrían sido observados por autoridades financieras.
Es importante subrayarlo:
Una investigación no equivale a una condena.
Una denuncia no equivale a culpabilidad.
Pero tampoco pueden ignorarse cuando se acumulan durante años y provienen de distintos frentes institucionales.
El problema para Sánchez Zumaya no es únicamente jurídico.
Es narrativo.
Porque cada nuevo episodio termina conectándose con una historia previa.
Los contratos.
Las empresas.
Los presuntos vínculos políticos.
Las denuncias.
Los amparos.
Las investigaciones.
Las empresas fantasma que generaron sendos interrogantes en el SAT.
Todo comienza a formar una misma línea argumental.
El amparo conseguido esta semana puede detener temporalmente una acción judicial.
Lo que no puede detener es la pregunta central:
¿De dónde salió realmente el poder económico y político que hoy pretende convertirse en poder electoral?
Porque en una democracia madura los aspirantes no sólo deben explicar sus propuestas.
También deben explicar sus trayectorias.
Y cuando existen zonas grises, la exigencia de rendición de cuentas es todavía mayor.
Más aún cuando se aspira a gobernar.
La historia de Gerardo Sánchez Zumaya probablemente ya dejó de ser un asunto penal.
Y se convirtió en un examen de credibilidad.
Si las autoridades tienen pruebas, deberán mostrarlas.
Si no las tienen, deberán asumir el costo de haber construido un expediente débil.
Pero Sánchez Zumaya también enfrenta una obligación.
Explicar.
Documentar.
Transparentar.
Porque el silencio puede ser una estrategia jurídica.
O una evasión mediática pagada.
Pero nunca ha sido una buena estrategia política.
Las preguntas que siguen abiertas
¿Qué explica el crecimiento empresarial extraordinario de Sánchez Zumaya en los años de mayor influencia del grupo político tabasqueño?
¿Las investigaciones nacionales describen una red real de influencias o simplemente una acumulación de coincidencias imposibles de probar?
Si aspira a encabezar un proyecto político en San Luis Potosí, ¿no tendría que aclarar primero las dudas sobre el origen y expansión de su fortuna?
El problema de Gerardo Sánchez Zumaya no es la orden de aprehensión.
El problema es que cada vez que intenta explicar el presente, reaparecen demasiadas preguntas sobre el pasado.
Y en política, las preguntas que sobreviven a los años suelen ser las más peligrosas.
Y que eso suceda justo cuando se ha definido el camino de las candidaturas-coordinaciones de la defensa de la transformación, resulta todavía más relevante.
