José de Jesús Ortiz
El informe final Fue el Estado 1965-1990, elaborado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), aborda la lucha del navismo en San Luis Potosí como un antecedente de los movimientos democratizadores en el país, que se dan particularmente a partir de la década de 1950, la mayoría de ellos reprimidos brutalmente por el Estado mexicano que “antepuso sus fines políticos y económicos al derecho de las personas”.
El apartado dedicado al navismo aparece en la parte tres del volumen dos, que documenta violaciones a derechos humanos en contra de “diversas disidencias o comunidades de víctimas que fueron objeto de la política de contrainsurgencia operada desde el Estado y sus instituciones”.
Como tesis central, plantea que, durante el periodo examinado (1965-1990), “el Estado mexicano se articuló como un Estado contrainsurgente, autoritario y violento, que castigó no solo a los grupos insurgentes político-militares de carácter socialista, sino también a todo tipo de disidencias sociales y políticas que pudieran poner en riesgo la seguridad política del Estado”.
Presentado en agosto pasado por los comisionados que integraron el MEH, el informe establece además que la consolidación del Estado mexicano —especialmente en la segunda mitad del siglo pasado—, articuló una gran diversidad de prácticas violatorias a los derechos humanos: “cada gobernador, cada corporación policial, cada mando militar, terminó por interpretar qué o quién era un comunista, quién representaba una amenaza, cómo había que reprimir a las disidencias, disciplinar a la población y garantizar una gobernabilidad autocrática para la permanencia del régimen político de partido único”.
En ese sentido, contextualiza al movimiento encabezado por el doctor Salvador Nava Martínez dentro de las disidencias existentes en el PRI a nivel local, por lo cual lo sitúa como un antecedente de las luchas democráticas en México, entre ellas la masacre de sinarquistas en la ciudad de León en 1946, luego de las denuncias de fraude electoral; el henriquismo, movimiento encabezado por el general Miguel Henríquez Guzmán y su candidatura presidencial al margen del aparato oficial, reprimido sin concesiones en la Alameda de la Ciudad de México en 1952; o la lucha en Morelos del líder agrario Rubén Jaramillo, asesinado por el Ejército en 1962 junto con su familia.
El MEH fue uno de los cinco mecanismos que constituyeron la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 6 de octubre de 2021 e instalada oficialmente el 10 de diciembre de ese año, para investigar las atrocidades del pasado y graves violaciones a derechos humanos.
“En el sistema autoritario vigente en el país durante décadas, se dieron luchas por la democracia en sindicatos, organizaciones campesinas y universidades, así como en las coyunturas electorales. En estas últimas, los partidos políticos presentaban públicamente sus plataformas a nivel nacional, estatal y municipal. Las luchas cívicas electorales se desdoblaron a partir de otras luchas, pero pusieron sobre la mesa un derecho básico que es el de decidir, ligado a la libre determinación, y ahora se expresa en formas diversas de democracia de pueblos, comunidades y organizaciones”, señala el informe.
Dice sobre el navismo: “se enmarca dentro de las disidencias existentes en el partido oficial a nivel local. Se trata de un antecedente de las justas democráticas ante los caciquismos locales del partido oficial, que logró aglutinar a sectores sociales diversos. Militante priista, en 1958 Nava intentó contender por su partido para la alcaldía de San Luis Potosí. Sin embargo, enfrentó la oposición del cacique Gonzalo N. Santos, quien dominó el estado por dos décadas, por lo que finalmente contendió por un conglomerado de sectores opositores a Santos —priistas, panistas, comunistas y sinarquistas—, que conformaron la Unión Cívica Potosina (UCP)”.
Agrega: “Nava logró una enorme respuesta popular y obtuvo el triunfo en las elecciones locales del 7 de diciembre de 1958. La UCP realizó amplias movilizaciones exigiendo la desaparición de poderes en el estado hasta lograr la caída del gobernador en enero de 1959, así como el reconocimiento del triunfo de Nava por parte del Congreso local”.
La represión de 1961
Luego de encabezar la Presidencia Municipal de la ciudad de San Luis Potosí (1958-1961), el doctor Nava buscó ser candidato del PRI a la gubernatura en las elecciones que se efectuarían en 1961. Al encontrar los espacios de participación cerrados y al haber ya una línea desde el centro del país sobre quién sería el candidato —el dedazo que favoreció a Manuel López Dávila—, decidió postularse de manera independiente.
Es en ese contexto en que se da la persecución y represión al navismo, acentuada durante la campaña del doctor Nava a la gubernatura con la amplia convocatoria popular que logra en todo el estado. Días antes de la elección, en la Huasteca Potosina es asesinado el abogado Jesús Acosta Montaño, dirigente navista en esa región, con gran ascendencia en comunidades indígenas.
Sobre ello, dice el informe del MEH: “La represión no se hizo esperar y en mayo de 1961, los seguidores de Nava, conocidos como ‘navistas’, denunciaron a pistoleros al servicio de Gonzalo N. Santos como responsables del asesinato del organizador del movimiento navista en la Huasteca. Durante la campaña hubo varios episodios de agresiones y hostigamiento. Los comicios se realizaron el 2 de julio de 1961. Nava acusó fraude electoral; convocó a un gran paro y a concentraciones. A esto, el gobierno estatal respondió con la disolución del Ayuntamiento (de la administración iniciada en 1958) y la detención de 24 miembros del movimiento. Además, el gobernador recurrió al Ejército, en particular, a elementos de la Doceava Zona Militar, para la disuasión de los mítines y concentraciones navistas”.
Al final, se impuso en el gobierno del estado a Manuel López Dávila, aunque las movilizaciones navistas en reclamo por el fraude electoral se mantuvieron en las semanas y meses siguientes, hasta la represión registrada la noche del 15 de septiembre de 1961 en la Plaza de Armas.
Sobre estos hechos de la noche de Grito de Independencia de 1961, establece el informe: “Dos días después de la primera actividad pública del naciente Partido Democrático Potosino (PDP), ocurrió una masacre durante la noche del Grito de Independencia del mismo año de 1961. Justo después de que el gobernador Francisco Martínez de la Vega —por cierto, primo de Nava— terminó de dar el Grito, y cuando navistas se encontraban detrás del Palacio de Gobierno, ocurrió un apagón seguido de ráfagas de metralla. Hubo “‘bastantes víctimas’”, varias personas heridas, así como un militar y tres policías judiciales muertos. Las autoridades culparon al movimiento navista de los hechos. Esa noche del 15 de septiembre de 1961 fueron detenidas varias personas integrantes del Partido Democrático Potosino (PDM). Los militares tomaron las oficinas y destruyeron el local del periódico Tribuna. Al día siguiente, detuvieron a Nava y a once de sus compañeros. Después, Nava fue trasladado al Campo Militar N. 1, donde permaneció una semana y posteriormente lo llevaron a Lecumberri. Luego de este hecho, las detenciones arbitrarias de navistas continuaron. A los pocos días, los presos fueron liberados, con excepción del propio Nava, a quien acusaron de incitación a la rebelión, acopio de armas y homicidio. El estado quedó bajo ocupación militar. Nava permaneció un mes en Lecumberri”.
Manuel Nava Cavillo, hijo del doctor Nava, tenía 11 años en aquel lejano 1961. Preciso en su memoria, recuerda en entrevista aquellos hechos y el ambiente de represión que se vivía, su familia vigilada de forma permanente, la incursión militar en su casa la mañana del 16 de septiembre de aquel año remoto y la detención de su padre, junto a otros dirigentes y simpatizantes del navismo.
Dice que no es posible determinar la cantidad de personas que fallecieron en aquellos hechos en la Plaza de Armas, registrados después de que los simpatizantes del navismo concluyeran un evento en Tequis para festejar la noche del Grito de Independencia y se dirigieran hacia el centro de la ciudad. Una operación militar, advierte, que será un antecedente de lo sucedido años después en la Plaza de Tlatelolco, con la represión al movimiento estudiantil.
“Nadie sabe cuántos muertos hubo… la gente se va y al llegar a la Plaza de Fundadores tuercen por Vallejo, como si fueran hacia San Miguelito, ahí da la gente la vuelta cuándo de pronto se corta la luz, adentro de la plaza estaban soldados vestidos de civil, muchos, informaciones por diferentes lados hablaban de que estaban vestidos de paisanos y arriba del Palacio Municipal y de Sears estaban las ametralladoras, cuando ellos consideran que ya entró (a la Plaza de Armas) la gente que viene caminando de Tequis para allá empiezan a disparar… nadie sabe quién dio la orden, pero eran los soldados los que estaban disparando y la gente que cae es bastante, personas vestidas de paisanos que estaban abajo, la gente alcanzó a salir para el sur de la Plaza, por Vallejo”.
De esos hechos, puntualiza el informe del MEH: “La persecución contra el navismo continuó, con numerosos casos de detención arbitraria y prisión política. En marzo de 1962, el PDP fue desmantelado. Unos días después, el 14 de abril de 1962, Nava escribió en Tribuna que el acoso y las detenciones contra su movimiento no se detenían:
“Las autoridades han desatado una cruel persecución en contra de ciudadanos pacíficos por el grave delito de pertenecer o ser simpatizantes del Partido Democrático Potosino (en formación). Muchos han sido encarcelados por horas o por días, a otros se les han imputado delitos absurdos para abrirles proceso y, a no pocos, se les ha golpeado brutalmente, con grave peligro de su vida, por miembros de la policía judicial y de los Servicios de Seguridad, en los mismos separos de las oficinas policiacas. Y todo, a juzgar por las apariencias, con la aprobación y la complacencia de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo”.
“De esta forma, el navismo fue vencido temporalmente por la violencia política del Estado”.
La represión del 1 de enero de 1986
Luego de la represión de 1961, así como el encarcelamiento del doctor Salvador Nava en la cárcel de Lecumberri —llena de presos políticos del régimen como los líderes ferrocarrileros Valentín Campa y Demetrio Vallejo, o el muralista David Alfaro Siqueiros—, el movimiento navista se replegó durante casi dos décadas, hasta la fundación del Frente Cívico Potosino a inicios de la década de los 80’s. En 1982 nuevamente se gana la alcaldía capitalina con Nava Martínez, que derrota al priista Roberto Leyva Torres, ex rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En ese contexto en que se da la lucha contra el gobernador Carlos Jonguitud Barrios, especialmente por la retención de participaciones municipales.
En la sucesión por la alcaldía de 1985 que enfrentó al priista Guillermo Medina de los Santos con el frenteciviquista Guillermo Pizzuto, y tras las denuncias de fraude electoral por parte del navismo, se dio una nueva represión en la Plaza de Armas el primero de enero de 1986, con la incursión de policías judiciales al mando de Julio Ceballos y porros de la Universidad que agredieron a manifestantes opositores en la Plaza de Armas e incendiaron el Palacio Municipal.
Dice de ello el informe: “Los hechos descritos constituyen el antecedente de la represión desatada contra el navismo en su época de resurgimiento, en la década de 1980, que también implicó varios casos de violaciones graves a derechos humanos. Luego de las elecciones de diciembre de 1985, el Frente Cívico Potosino (FCP), que aglutinaba a distintas organizaciones y era apoyado por el navismo y el PAN protestó para denunciar fraude electoral”.
“En este caso, las protestas incluyeron la toma del Palacio Municipal de San Luis Potosí. A fines de diciembre de 1985, los manifestantes fueron desalojados por la Policía Preventiva, la Policía Judicial del estado y grupos porriles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Después, se provocó un incendio en el Palacio e hizo su aparición el Ejército, al mando del general Jesús Gutiérrez Rebollo, jefe de la 11/a Zona Militar. Hubo personas detenidas y heridas. Los grupos porriles saquearon comercios y apedrearon las oficinas del Frente Cívico”.
Y concluye: “Además de las consecuencias de la represión antes mencionadas, un simpatizante navista-panista, Juan Antonio Rodríguez, murió por múltiples fracturas en el cráneo a consecuencia de la golpiza sufrida a manos de elementos de la Policía Judicial del estado. El titular de dicha dependencia, Antonio Álvarez Armendáriz, declaró a la prensa que los agentes habían actuado por su cuenta, sin órdenes superiores, “por lo que fue detenido el jefe de grupo de Homicidios, Julio Ceballos, quien encabezó la agresión contra los manifestantes. Esto no hizo cesar las protestas del navismo, que se vieron fortalecidas por una amplia coalición pluripartidista (PAN, PSUM, PDM, PRT) para demandar la desaparición de poderes en el estado”.
El MEH fue integrado por los comisionados Carlos Pérez Ricart, Abel Barrera y David Fernández, el informe que presentaron está dividido en seis volúmenes y compuesto por cerca de cinco mil cuartillas, producto de dos años y medio de investigación. En el apartado dedicado al navismo las fuentes de información son esencialmente hemerográficas, entre ellas la revista La Nación (órgano de difusión del PAN); el trabajo de Adriana Borjas Benavente para su tesis de licenciatura en la Universidad Iberoamericana titulado El tratamiento periodístico de la información del movimiento político denominado navismo; el ensayo del historiador Enrique Márquez Jaramillo, El movimiento navista y los procesos políticos de San Luis Potosí, 1958-1985; así como la revista Proceso y el periódico El Universal.
“No podremos desmontar la violencia y la impunidad del presente si no esclarecemos y desarmamos las violencias y complicidades del pasado. La impunidad del pasado habilita y alimenta la impunidad del presente”, señalaron los integrantes del MEH al presentar el informe el 18 de agosto pasado, al tiempo que denunciaron los obstáculos que enfrentaron para poder sacar adelante su trabajo, particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, que desacataron la instrucción de abrir sus archivos, aunado al desconocimiento y rechazo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, a partes esenciales de la investigación excluidas del informe final.
