Por Jesús Aguilar
Detuvieron a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Dicho así, parecería una noticia familiar: la hermana de un exfuncionario acusada de ayudarlo.
No lo es.
Detrás de esa captura está uno de los casos más graves de corrupción política y empresarial de los últimos años: la compra de una planta vieja, deteriorada y carísima, pagada con dinero público.
La planta se llama Agronitrogenados.
Pertenecía a la empresa Altos Hornos de México, dirigida por el empresario Alonso Ancira. Antes de que Emilio Lozoya llegara a Pemex, una empresa vinculada con su familia recibió alrededor de 3.4 millones de dólares provenientes de Altos Hornos.
Gilda Lozoya aparecía como beneficiaria de esa empresa.
Después ocurrió lo importante: Emilio Lozoya fue nombrado director de Pemex y la petrolera compró Agronitrogenados a la empresa de Ancira.
Primero apareció el dinero privado. Después llegó el cargo público. Finalmente vino el contrato millonario.
Ése es el corazón del caso.
Pemex pagó 275 millones de dólares por la planta. Luego tuvo que gastar cientos de millones adicionales para intentar rehabilitarla.
La Auditoría Superior de la Federación encontró fallas, aumentos de costos, decisiones mal justificadas y falta de controles.
Traducido al lenguaje común: México compró caro algo que estaba en malas condiciones y después tuvo que pagar todavía más para tratar de hacerlo funcionar.
No se trató de una equivocación menor.
Fue una operación de cientos de millones de dólares en una empresa que pertenece a todos los mexicanos.
Por eso resulta tan importante recordar quién era Emilio Lozoya.
No era un funcionario desconocido ni un empleado menor. Había trabajado cerca de Enrique Peña Nieto, participó en su campaña presidencial, formó parte del equipo de transición y fue colocado al frente de Pemex.
Eso no demuestra, por sí solo, que Peña Nieto haya ordenado la compra o recibido dinero.
Pero sí destruye una excusa cómoda: la idea de que Lozoya actuó solo, lejos del poder y sin respaldo político.
Lozoya era un hombre del presidente.
Fue presentado como parte de una nueva generación de funcionarios preparados, modernos y capaces de transformar al país.
Terminó convertido en el rostro de una trama de sobornos, cuentas en el extranjero, empresas ocultas, familiares involucrados y negocios hechos desde el poder.
La detención de Gilda Lozoya vuelve a colocar el caso frente al país.
Pero también obliga a hacer una pregunta incómoda: ¿por qué, después de tantos años, México sigue sin conocer toda la verdad?
Emilio Lozoya ha sido acusado, detenido, liberado, convertido en testigo colaborador, nuevamente encarcelado y procesado durante años.
El caso ha pasado por titulares, discursos, fotografías y declaraciones oficiales.
Lo que no ha producido todavía es una explicación completa de quiénes participaron, quiénes autorizaron, quiénes se beneficiaron y quiénes protegieron la operación.
La justicia no consiste en detener a alguien de vez en cuando para refrescar el escándalo.
La justicia exige pruebas, sentencias y recuperación del dinero.
Alonso Ancira aceptó pagar 216 millones de dólares como reparación a Pemex. Sin embargo, quedó pendiente una parte importante de ese dinero.
La cuenta, por tanto, no está cerrada.
El daño tampoco.
Cada peso perdido en una operación corrupta es un peso que no llegó a hospitales, escuelas, carreteras, seguridad o servicios públicos.
Eso es lo que suele desaparecer cuando los casos se explican con términos financieros, nombres de empresas, transferencias internacionales y expedientes interminables.
La corrupción se vuelve complicada hasta que la gente deja de seguirla.
Entonces llega el cansancio.
Después, el silencio.
Finalmente, el olvido.
Y el olvido termina siendo el mejor abogado de los poderosos.
El olvido absuelve sin sentencia. Limpia reputaciones sin demostrar inocencia. Convierte el saqueo en una historia vieja.
Gilda Lozoya tiene derecho a defenderse y debe ser considerada inocente mientras un juez no determine lo contrario.
Eso debe quedar claro.
Pero respetar su derecho a un juicio justo no obliga a minimizar la gravedad de Agronitrogenados.
Tampoco obliga a presentar el caso como un problema entre hermanos.
Lo que está en juego es mucho más grande: una empresa del Estado, cientos de millones de dólares, empresarios beneficiados, funcionarios cercanos al presidente y una cadena de decisiones que hasta hoy no ha sido explicada por completo.
México no necesita otro espectáculo judicial.
Necesita saber quién recibió el dinero, quién autorizó la compra, quién conocía la operación y quién permitió que el caso se alargara durante tantos años.
Porque un país que olvida cómo fue saqueado termina condenado a pagar dos veces:
primero, con su dinero;
después, con su conciencia.
La detención de Gilda Lozoya puede abrir una nueva ruta hacia la verdad.
O puede convertirse en otra escena fugaz: una fotografía, una audiencia, un titular y nuevamente el silencio.
No solo se trata de saber qué hizo la hermana de Emilio Lozoya.
El desafío es saber…
¿Quiénes hicieron posible Agronitrogenados y por qué México todavía no ha podido obligarlos a responder?
